Victoria, Tamaulipas.- El Gobernador del Estado envío 3 iniciativas al Congreso Local en las que propone se reforme la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado, la Ley de Mediación para el Estado de Tamaulipas, así como la Ley orgánica de la Procuraduría del Estado.
Entre las adecuaciones que el Mandatario propone resalta la de quitar a la Secretaría General de Gobierno el rubro de asuntos jurídicos, que le da la facultad de participación en la propuesta y elaboración de iniciativas de ley o de reglamentos, decretos y acuerdos del Ejecutivo; intervención en la elaboración y revisión de convenios y acuerdos del Ejecutivo con diversos actores de los sectores público, social y privado, entre otras acciones del que hacer legal.
Este apartado se trasladaría a la Secretaría del Trabajo, la cual sería denominada Secretaría del Trabajo, Previsión Social y asuntos Jurídicos, a esta nueva dependencia se le quitaría a su vez el rubro en materia de empleo y productividad, el cual se trasladaría a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, misma que a partir de la aprobación de dicha reforma tendría bajo su tutela la promoción del empleo y fomento a la productividad.
Así mismo y como ya se había anunciado el Instituto Tamaulipecos de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) se incorporaría a la Secretaria de desarrollo Social (SEDESOL).
En lo que corresponde a la atención a victimas del delito y protección de víctimas de los delitos, esta atribución se le quitará a la Procuraduría del estado y será atendida por la Secretaria General de Gobierno. Esto en lo que respecta a la propuesta de reforma a la ley orgánica de administración.
En lo que concierne a la propuesta de reforma de la Ley de Mediación del Estado, Egidio Torre Cantú plantea la extinción del Instituto de Mediación del estado, para crear la Dirección de Mediación del estado, la cual será dependiente de la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Asuntos Jurídicos.
De aprobarse la misiva los bienes inmuebles con que cuenta hasta el día de hoy dicho Instituto pasaría a poder de la nueva secretaria del Trabajo, así mismo esta nueva dirección contaría con un titular el cual sería designado e igualmente removido directamente por el Gobernador.
En esta licitación se establece también que los Notarios Públicos que funjan como mediadores deberán tener una certificación brindada para la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Asuntos Jurídicos.
De igual manera los casos que tiene a su cargo hasta el día de hoy el Poder Judicial del estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia (DIF) y la Procuraduría del estado en materia de mediación, continuaran siendo atendidas por dichas dependencias, hasta que entre en vigor este nuevo decreto, por lo que a partir de la aprobación de la misiva, los casos que recepionen estas dependencias serán turnadas a la nueva dirección.
La Reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas plantea que los Tamaulipecos Gocen de los derechos humanos que están macados en su totalidad en la Constitución Mexicana y de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, en que México Participa.
Con ello se propone insertar en el texto constitucional local, la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y en caso de que alguna autoridad incumpla con ello el Titular de la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas tendrá la facultad de llamar a comparecer ante el pleno legislativo al funcionario que se muestre renuente a acatar las recomendaciones que se le estén emitiendo.
De igual manera se brinda facultades al Poder Ejecutivo y Legislativo del estado para que soliciten a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la investigación de hechos que consideren violaciones graves de derechos humanos cometidos por servidores públicos de la administración pública estatal.
En esta misiva resalta también un cambio en el nombre del Ombudsman estatal, el cual en vez de ser el Presidente de la Comisión Estatal de derechos Humanos en el Estado, será el Titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, ello por considerarse discriminatorio hacia las mujeres, que en determinado momento pudieran ocupar el cargo.
En este tenor también se estipula que dicho organismo cuente con un Consejo Consultivo, el cual estará conformado por 6 consejeros, mismos que al igual que el Titular de la Presidencia serán electos mediante votación al menos por dos terceras partes de los Diputados locales en turno.
A este mismo régimen será sometido el titular del Instituto de Transparencia, es decir, será designado por el Congreso Local, y deberán tomar protesta ante los representantes de dicho poder.
Así mismo se obligará al Estado, Municipios y Autoridades Educativas a fomentar el respeto y validación de los derechos humanos en cada uno de sus ámbitos.