Una polémica determinación que pudiera atentar contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, fue aprobada por el cabildo de esta ciudad, al calificar como presunto delito cualquier acto difamatorio, de calumnia o que atente contra la moral de algún funcionario o servidor público, aunque se entienda en algunos casos.
La medida, aunque tuvo dirección y remitente en la sesión de cabildo de ayer por la tarde, no se justifica por ella misma, ya que en lo general puede afectar el libre ejercicio del periodista, cualquiera sea la forma en que lo haga, ya que nuestro quehacer está amparado constitucionalmente.
Sin embargo, da tristeza saber cómo el periodismo, si es que se puede llamar así lo que hacemos en esta ciudad, se ha denigrado tanto, que nos hemos convertido en simples reporteros o mensajeros oficiales que salen a las calles a cubrir la noticia que funcionarios u otros personajes nos dictan, cuando deberíamos ser periodistas no para cubrir, sino para descubrir y dar a conocer públicamente la noticia que se pretende ocultar a la sociedad.
Nuestra labor de periodistas es dar a conocer hechos, acontecimientos y datos, y parte de nuestra responsabilidad se basa en la objetividad, el profesionalismo y la veracidad de la información que ofrecemos a través de nuestras notas, elementos que no siempre acompañan nuestro trabajo cotidiano, pero que nos dan credibilidad…o nos denigran, según sea el caso.
Con esto quiero decir que si bien respeto la forma en que mis colegas realizan su trabajo, ya sea por ser un estilo de vida, por tratarse de un ingreso, por ser solo un trabajo, o por tratarse de una pasión crónica que se nos mete hasta las venas, no estoy de acuerdo en que se utilice como un medio para denigrar el oficio.
Lo que ocurrió ayer en la sesión de cabildo, cuando dos regidores señalaron de manera directa a colegas míos de utilizar este noble oficio como conducto de extorsión y de difamación, no puedo calificarlo porque no me consta, pero sí puedo decir que me ocasionó malestar y encono, tanto por la forma en que se hizo el señalamiento, como por la manera en que fue recibido.
Y en efecto, no me sorprendió porque tenía que ocurrir tarde o temprano, ya que los espacios de libertad que nos ofrece el periodismo no son tan amplios como pensamos en ocasiones, pero tampoco son tan estrechos como para que alguien pretenda limitarnos.
Utilizar el periodismo como un medio para conseguir un fin se entiende aunque sea con algo de ambigüedad, pero no debemos justificarlo cuando se use como pasaporte o como medio de presión, pero insisto, no está a discusión mía la práctica del periodismo como oficio para ganarse la vida.
Si pretender tipificar la difamación, la calumnia y el daño a la moral a una persona por el simple ejercicio de un periodista, y tratarlo como un delito a través de una denuncia penal, tal vez algunos de nosotros ya estaríamos en las cárceles, pero el Código Penal no lo contempla como tal, por lo que debería ser el Código Civil el que lo trate, aunque cuando se justifique el señalamiento, el delito se desvanece porque si no existe la norma, tampoco existe la pena.
Es posible que la calumnia y la difamación nos queden claras por tratarse de actos evidentes que pueden dañar el buen comportamiento de una persona, pero cuando se trate de daños a la moral, es difícil determinar las fronteras entre la moralidad y la amoralidad en personas que viajan en ambos sentidos, y esa es una de las razones por las que no se puede tipificar la acción de un periodista como delito cuando se dice que su trabajo afecta la pulcritud social de un personaje.
Por tal motivo, considero que la determinación tomada la tarde del viernes en la Sala de Cabildo de esta ciudad, de poner bajo la consideración de un funcionario o servidor público, cuando y en qué momento un periodista atenta contra sus buenas costumbre, no solo es anticonstitucional, sino que atenta contra el derecho que tenemos de ejercer a plenitud la libertad de expresión y de prensa.
Ello no puede ser argumento como para que alguien, que no sea un juez o una autoridad judicial, determine cuando se afecta la moral o las buenas costumbres de un funcionario, aunque debo decir que como periodistas debemos estar conscientes de que nuestro trabajo debe estar exento de ser viciado por prácticas desleales que denigren la labor periodística.
Por lo tanto, así como se puede afectar la moral de una persona, también se puede afectar la libertad de prensa al pretender impedir la circulación de un medio dentro de recintos públicos, porque ¿cómo podrá juzgar una autoridad pública la legalidad o ilegalidad de una noticia o impedir la libre circulación de un medio dentro de un recinto público?
Se entiende que un recinto cuando es público pertenece al pueblo porque es éste el que le da el poder a través de instituciones, y legalidad a través de leyes y reglamentos, por lo tanto, tratar de impedir la circulación de un medio cualquiera a un recinto público, no solo es ilegal, sino atentatorio de la libertad de expresión, muy a pesar de que se trate de un medio ofensivo o de nota roja, porque aquí entre en función la libertad de las personas por escoger lo que se desee leer, ver o escuchar.
No es solo cuestión de enfoques o de interpretaciones legales, es un asunto de interés público y social, porque le atañe a la sociedad decidir hasta donde puede ejercer su derecho a ser informado, a los periodistas hasta donde puede llegar su derecho de libertad de expresión, y a los funcionarios hasta donde pueden sentirse afectados en su moral y bunas costumbres.
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Hasta mañana
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