Cuando comenzaron a proliferar las agrupaciones en defensa de los intereses de los ciudadanos, crecieron algunos “tumores” sociales que no tienen mucho beneficio ni fundamento legal en sus acciones. La Unión Campesina Democrática surgió de entre éstos últimos, procurando sacar un beneficio más personal de sus líderes que de la comunidad.
No es concebible que se quiera caminar por una tierra donde se exige legalidad y hacerlo al margen de la ley: el hecho de circular con vehículos no autorizados tributariamente no es precisamente un ejemplo de legalidad y observación ciudadana, pero lo grave es que la autoridad lo permite y además, solapa tales formas de desenvolvimiento ilegal.
Los de la UCD comenzaron entregando, a cambio de determinada suma de dinero, una calcomanía o placa en la que, previo número, engañaron a la gente en el sentido de que podrían circular legalmente en territorio mexicano. Nada hay más falso que lo anterior.
El espíritu que nos quisieron vender fue el hecho de que los hombres del campo tuvieran oportunidad de adquirir vehículos de procedencia extranjera a los precios que nos ofrecen los vecinos del norte, es decir, muy bajos, para que pudieran hacer frente a sus necesidades de producción. Al poco, muy poco tiempo, comenzamos a ver automóviles de lujo, camionetas urbanas y todos esos automóviles que poca gente puede pagar, con placa de la UCD, amparados en un supuesto convenio que no ha alcanzado ni a ser decreto ni a ser ley. Vivir en la ilegalidad se ha convertido en pan de todos los días, cuando se tiene la forma de comprar chatarra de contrabando y “emplacarla” con las siglas de la UCD.
Hemos visto en los últimos días verdaderas “máquinas de lujo” con la placa de esta central presuntamente campesina, que no ha hecho más que violar las leyes; no entendemos, por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda y Aduanas, así como otras dependencias, permitan que nosotros circulemos con vehículos ilegales, con una sola “calca” que nos da “patente de corso” para circular ilegalmente.
No podemos decirlo de otra manera: es ilegal que se circule sin pagar derechos, y además, por donde se le vea, injusto que muchos compremos y paguemos un vehículo en territorio nacional, apoyando indirectamente –aunque es en forma directa- a los productores y distribuidores de automóviles, además, pagando impuestos de toda índole, cuando otros circulan en forma tranquila dentro del cobijo de la ilegalidad de la UCD.
¿Qué les protege? ¿Por qué laboran impunemente? Hasta donde sabemos, el circular sin placas o sin los permisos correspondientes choca con el estado de derecho que nos exige el Servicio de Administración Tributario a muchos mexicanos, cuando a otros, que caminan por las calles con una capa de “pobres” o de “productores”, disfrutan de esos vehículos de lujo.
No entendemos entonces, donde está la ley, porque nadie quiere entrarle a este espinoso asunto, argumentando que se debe resolver de forma política y no con aplicación estricta a las leyes de México.
En ese tenor, podríamos promover la formación de una asociación “Pro condonación del IVA”, o alguna “No al IETU”, porque al fin y al cabo, como mexicanos como todos, tenemos también derecho a los mismos privilegios… y obligaciones.
Si unos no pagan, ¿por qué nos exigen a todos? Es como cuando un padre consiente a uno de sus hijos y a los demás los trata mal.
Así es la UCD, un grupo que se dedica a lucrar con la necesidad de los campesinos, pero más aún, que saca provecho de quienes quieren manejar un carro de lujo sin pagar lo que corresponde, porque no nos dirán que quien circula con un Camaro o una Suburban no puede pagar sus impuestos. Sería ilógico pensar lo anterior, y sí, propicia inconformidad en quienes pagamos o somos exigidos para hacerlo.
La ley, sinceramente, debiera ser aplicada en forma equitativa, para todos por igual, y quitarse de esos pensamientos ridículos de que por ser organización política deben resolverlo de forma negociada. La ley, amigos, para todos, es y seguirá siendo la ley, así de claro.
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