La Unión Campesina Democrática –UCD- solicitará al Congreso del Estado la regularización, mediante el decreto correspondiente, de 10 mil vehículos de fuerza motriz que circulan ilegalmente, amparados en placas apócrifas, en un acontecimiento que ha sido severamente criticado por quienes producen automóviles en el país.
Jaime Gauna Cervantes, quien se identifica como representante de esa agrupación dijo lo anterior en declaraciones a los reporteros, haciendo ver que en el estado de Chihuahua se ha llevado a cabo una acción de esta naturaleza, aunque también dijo que participarán en la marcha nacional que tendrá lugar en breve, allá por el estado de Querétaro.
Qué bueno que alguien se preocupe por los que menos tiene, sin embargo, habrá que hacerlo dentro del marco de la ley correspondiente, ya que en nuestro país es común saber que gente de cualquier agrupación puede pasar por encima lo que se establece para todos los mexicanos.
Habrá que entender qué es lo que buscan los dirigentes de esta central campesina, y que han logrado arrancar cuotas a cada uno de los miembros que tienen vehículos que circulan ilegalmente en nuestro país, ante la complacencia de las autoridades.
El presidente Enrique Peña Nieto ha insistido en que debemos guiarnos dentro de los ordenamientos legales, sin embargo, lo que hacen estos dirigentes no es nada lógico ni apegado a derecho: no es posible permitir que se introduzcan de contrabando automóviles en el país, bajo la bandera de que son para la gente necesitada.
Hemos visto vehículos de lujo, deportivos, camionetas de gran lujo y chatarra también, -por qué no decirlo- que están circulando ilegalmente.
Los que hemos pagado impuestos correspondientes, dentro de una política fiscal que atenta contra los que menos tienen, no consideramos que sea justo el que se permita que autos deportivos circulen con placas de la UCD sin miramiento alguno, que hagan lo que hacen, porque no son identificables, y aparte, que no respeten ni la ley de tránsito del estado ni las que se refieren a la conservación del medio ambiente, ya que muchos de estos “muebles” son viejos y emanan grandes cantidades de humo, ya que sus motores son más viejos que nada.
Justo no es y lo vemos de esa manera. Quien tiene para adquirir un vehículo, del modelo y línea que sea, debería tener al menos para pagar sus impuestos.
El Servicio de Administración Tributaria ha tasado las tenencias de nueva cuenta, luego de que pasó el año de elecciones; en la entidad, muchos hemos tenido que ser objeto de pagos que el año pasado no hicimos, por diversos motivos muy criticables, y es cuando nos preguntamos en dónde están los representantes populares, donde está la promesa de que la tenencia no se iba a cubrir.
En una gran mayoría de estados se tasó el preció máximo de 250 mil pesos para los pagos de tenencia, y en Tamaulipas hubo que pagar a partir de 200 mil pesos, aunque, con los cambios en la miscelánea fiscal, hemos tenido que ser “víctimas” de los pagos que ya Felipe Calderón prometió quitar, y que Enrique Peña Nieto también ofreció derogar.
Se ha dejado la iniciativa a los estados, pero tiene mucha injerencia la Federación, ya que cuando se dejó de pagar en Tamaulipas la tenencia de 2012, se dejaron de percibir unos 400 millones de pesos por ese concepto y que iban a obra estatal, sin que la Federación pudiera hacer frente a esos compromisos, es decir, derogaron el pago el año pasado, pero le quitaron el dinero a los gobiernos estatales, lo que no es nada positivo para una administración federal que supuso que tendríamos que creer en ellos.
El caso es que los afiliados a la UCD probablemente se salgan con la suya en el sentido de no pagar nacionalización como corresponde, ya que sus dirigentes buscan que se les cobre cualquier cosa por la nacionalización.
¿Es eso justo? ¿Dónde quedó la justicia social prometida?
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