Llama la atención el hecho de que el Congreso del Estado ha aprobado una iniciativa que habla del derecho a la información y tecnología para los niños de nuestro estado, como suponemos se hará en todas las entidades federativas.
El derecho a la información es una garantía constitucional que se garantiza a todos los mexicanos en la llamada Carta Magna, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí no hay límites de edad, sexo, clase social o cualquier otra cosa.
El derecho a informarnos es algo que todos debemos defender y mantener: no podemos decir que a los niños se les otorgue, o que haya equidad de género para que la misma llegue a cualquier persona. No tiene límites ni debe supeditarse a otra cosa.
Los niños que nacen en nuestro país son mexicanos, tan mexicanos como cualquiera, y nos parece que este tipo de acciones son reiterativas: si se cumplen los preceptos constitucionales, nada hay que hacer para garantizar en un escrito los derechos de nuestros hijos.
Lo que tenemos que hacer, lejos de hablar de que se respete su derecho a acceder a la información no es decir que pueden hacerlo: recordemos que somos una nación que vive momentos difíciles en materia económica: la recesión mundial nos ha golpeado duramente a los mexicanos, más cuando no tenemos idea de lo que realmente acontece en suelo nacional.
Vemos que se habla de generación de empleos y nuestros hijos no tienen trabajo; se habla de muchas cosas, se legisla y en la prensa vemos las discusiones de bancadas de uno u otro partido que tratan de ser partícipes de un protagonismo que no nos lleva a nada: queremos que se garanticen nuestros derechos, los de los niños y niñas, de las mujeres y varones, de los ancianos y los jóvenes, de los adultos y los que viven en zonas marginadas por alguna situación específica.
Nada debe ser frontera entre poder acceder y no hacerlo. Entendemos, claro, que es difícil que todos nuestros niños tengan acceso a la información, y no porque no se quiera hacerlo, sino porque la infraestructura requerida cuesta dinero, y ni autoridades ni padres tenemos muchas veces lo necesario para que ellos sean actores en esta acción tan importante.
No escuchamos discursos que lleven a una realidad objetiva, que nos diga qué sucede en México, y solo escuchamos que vamos mejorando en muchos aspectos, sin embargo, hay gente que sigue careciendo de educación, de cobertura de salud, de infraestructura urbana y mas: vemos un México distinto al que leemos, y entonces pensamos en qué tan viable es acceder a toda esa información.
Lo que se debe legislar es el derecho que tenemos los mexicanos a informarnos de lo que realmente sucede, y castigar fuertemente a esos mentirosos que nos llenan de frases enmarcadas en la ilusión y la falsa realidad que nos quieren vender en ocasiones.
Queremos que todos puedan acceder a lo que sucede y lo que hay: que la tecnología pudiera estar más cerca de todos, aunque para ello, llana y francamente, se requiere dinero, lana, pasta, marmaja… se necesita billete para que suceda.
Y eso, sinceramente, no se da por decreto, o al menos, no lo hemos visto.
Los niños merecen todo nuestro respeto y reconocimiento: son lo que manejará el México que queremos ya no para el futuro sino para el presente inmediato que, a decir verdad, no se vislumbra tan promisorio como nos gustaría a los padres verlo.
Queremos que no se hagan leyes, sino que se lleven a cabo acciones verdaderas para protegerlos y ayudarlos a que tengan conciencia.
Hay que enseñarlos no a tener derecho a la información, sino aprender a leer, porque nuestro sistema nos entrega seres que memorizan, que reciben indicaciones, pero no tienen idea de lo que es la comprensión lectora.
Así, difícilmente se podrá tener una nación progresista.
Si no aprendemos a leer, no podemos ser nada, aunque se decrete sobre el tema.
