Cd. Victoria, Tamaulipas.-Considerando necesaria la implementación de mecanismos que permitan la conservación de los bienes históricos de la entidad; la Diputada Laura Teresa Zárate Quezada Presidenta de la Comisión de Cultura, plantea regular por ley la situación.
Puntualiza que se busca contar con un mecanismo que regule la salida de bienes culturales del territorio tamaulipeco previa autorización del Gobernador y que a la vez se informe de la autoridad encargada del cuidado y conservación de los bienes históricos de Tamaulipas.
Teresa Zárate Quezada expone:
“Organismos internacionales como la UNESCO, señalan que México es uno de los 10 países con mayor índice de robo, saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales. Incluso, se ha documentado que verdaderas organizaciones criminales locales e internacionales operan impunemente gracias a la complicidad de autoridades, a las lagunas legales y falta de registros y controles adecuados de los bienes culturales del Estado, por lo que a fin de atender eficaz y eficientemente tal problema, es necesario actualizar nuestras leyes en la materia”, refirió.
Dijo que en México existen aproximadamente 100 mil sitios arqueológicos, de los cuales se encuentran registrados poco más de 35 mil, y 120 mil inmuebles considerados monumentos históricos, de los cuales 17 mil, son de carácter religioso. El patrimonio de bienes muebles se estima en más de 4 millones.
“Es evidente que todo este patrimonio debe estar en custodia de los organismos públicos creados por el Estado para tal efecto, pero también deben realizarse acciones fundamentales encaminadas a generar la vinculación y coordinación con otras dependencias federales, estatales y municipales, pues si bien es cierto ya ocurre en cierto sentido; sin embargo, en algunos casos, aun debemos considerar limitadas las acciones y programas de resguardo, investigación y custodia del patrimonio cultural”, dijo.
Demandó mayor interés nacional y local por la protección del patrimonio cultural, por su importancia en la configuración de la identidad nacional y estatal, por el impacto que tiene en el tejido social de las comunidades y por la participación del capital cultural en la economía.