-¿Quién es el culpable?
-Desesperación, inconformidad y desconfianza
-Se politizó la nacionalización
-¿Medición de fuerzas?
AL MARGEN de qué instancia de gobierno es la directa o indirectamente responsable, lo único cierto es que los miles de ciudadanos que confiaron en el programa de nacionalización de vehículos, además de inconformes, ahora dudan de la honorabilidad de sus gobernantes.
Como es el dominio público, hasta el momento, ninguna de las poco más de cuatro mil unidades motrices que se registraron para regularizar su situación mediante la importación definitiva, han legalizado su estancia en el territorio nacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Aduana Fronteriza de Matamoros, argumenta que una falla en el sistema de cómputo es lo que ha paralizado la importación de vehículos de procedencia extranjera.
A más de diez días que la presidencia municipal y comercializadores aduanales iniciaron el proceso de importación masiva, los propietarios de autos y camionetas comienzan a entrar en desesperación, inconformidad y desconfianza.
Desesperación, porque avanzan los días y el trámite de modulación no se abre en la aduana fronteriza; inconformidad, debido al tiempo de espera y gastos no previstos de quienes se desplazaron desde el interior de la república a esta ciudad fronteriza, para aprovechar la nacionalización a bajo costo; y, desconfianza, porque muchos de los interesados creen que solo los utilizaron como carne de cañón en un programa politizado.
Lo real de todo este embrollo es que tal parece que se trata de una medición de fuerzas entre los gobiernos federal, estatal y municipal.
Los estrategas mediáticos de la alcaldesa LETICIA SALAZAR VAZQUEZ decidieron llevar a cabo el programa masivo de nacionalización sin el visto bueno de la autoridad hacendaria, que es la única instancia que tiene esa facultad.
Tomando en cuenta que el que pega primero pega dos veces, la Jefa de la Comuna se jugó el todo por el todo anunciando el programa de nacionalización sin dar crédito a los gobiernos estatal y federal. Es decir, pretendió llevar toda el agua a su molino.
La perspectiva incluía que el gobierno federal, al ver la magnitud del problema en base a la petición masiva de nacionalización, finalmente doblaría las manos y abriría las puertas aduanales. Sin embargo, hasta el momento, eso no ha ocurrido.
Justo es mencionar que en otros puertos fronterizos, como el de Reynosa, por ejemplo, la importación definitiva de vehículos es una actividad normal, aunque, eso sí, sin la ventaja del bajo costo por parte de las empresas comercializadoras. En consecuencia, una interpretación podría ser que el gobierno federal no quiere ceder al chantaje de la autoridad municipal matamorense.
En ese contexto, bien vale la pena analizar la postura de la Secretaría de Hacienda. La dependencia a cargo del LUIS VIDEGARAY puede tener razón al argumentar que su personal y sistema de cómputo no están preparados para atender un programa masivo de nacionalización. Si las cifras oficiales hablan de 800 importaciones al mes, se requerirían más de cinco meses para atender a las más de cuatro mil solicitudes de modulación en el recinto fiscal.
Si bien es cierto que ese es un problema que debe resolver el gobierno federal, también es muy cierto que el bajo costo por el trámite pactado entre comercializadores aduanales y la alcaldesa, obviamente, disparó la demanda.
Cuando la primera autoridad en la tierra de Rigo Tovar se reunió con los importadores de autos, el resultado del pacto fue ampliamente difundido. Del mismo modo se dio a conocer el resultado del apoyo que la Marina Armada de México brindaría para garantizar la seguridad de los comercializadores y de los interesados.
Sin embargo, no ocurrió lo mismo cuando abordaron el tema la alcaldesa y la administradora de la Aduana Fronteriza. Al respecto, la titular de esa dependencia federal, nunca se comprometió a dar seguimiento al programa municipal.
Sea como fuere y tenga la culpa quien la tenga, lo cierto es que el tema de la nacionalización masiva en Matamoros, quiérase o no, es un asunto que ha sido contaminado por la política y el proceso electoral federal del año próximo.
Y hasta la próxima.
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