Nuevo Laredo, Tamaulipas.-De un total aproximado de 250 personas que acuden al bufete jurídico móvil cada mes, al menos 150 de ellas sufren violencia en sus hogares, lo que les motiva que soliciten asesoría jurídica para dar solución a este problema que cada año se incrementa en la ciudad, señaló el presidente de la Barra Colegiada de Abogados, Manuel Galván.
Esta problemática, a juicio del abogado, aumentó en los últimos dos años, debido a que la violencia intrafamiliar que se practica es muy fuerte, pero lo más grave es que las mujeres que sufren esta problemática, refieren que en las agencias del Ministerio Público no se les atiende debidamente, lo que promueve la impunidad entre los golpeadores, bajo la complicidad de las autoridades.
Le ocurre a 9 de cada 10 mujeres que sufren de violencia y que se atreven a denunciar, pero que al llegar a las instancias judiciales, no se les atiende porque los agentes del Ministerio Público quieren ver golpes y huellas físicas en el cuerpo de las quejosas, pese a que en su declaraciones manifiesten que fueron objeto de violencia psicológica.
“Les piden que muestren huellas y marcas de violencia, lo que muchas de ellas no presentan porque la violencia no solo deja vestigios o huellas físicas, ya que hay violencia de carácter emocional y psicológica, pero los ministerios públicos les exigen cuando denuncian, que presenten esa huellas”, refirió.
Consideró que las ‘huellas’ que dejan en la mujer el hostigamiento y la coacción emocional que de manera constante se ejerce sobre ellas dentro del hogar.
“El 90 por ciento de las mujeres que denuncian, nos refieren su gran frustración ante el desencanto que les implica presentarse ante la autoridad y que esta no atienda sus denuncias, porque el maltrato que sufren es psicológico, no físico y no presentan huellas en sus
cuerpos”, explicó.
Sin embargo, dijo el penalista que a ello se suma el que las autoridades responsables de la procuración de la justicia, omiten de manera deliberada atender dichas denuncias bajo la presunción de que no hay golpes ni huellas físicas, lo que promueve la impunidad entre los golpeadores, bajo la complicidad de las autoridades.
Ante ello, dijo Galván que las autoridades tienen la obligación de enviar a las mujeres que se quejan, de enviarlas ante un psicólogo para una examinación y valoración, y con base en ello presentan las ‘huellas’ que solicitan las autoridades judiciales, y que son de carácter psicológico.