Ha habido en la entidad un lío mediático más que organizacional o político propiciado por agitadores profesionales amparados por algunos candidatos independientes a gobernador, alcalde y diputados.
No somos de la idea de coartar el derecho de los ciudadanos a ser elegidos, e inclusive nos pronunciamos porque haya más facilidades para hacerlo, sin embargo, somos de la idea de que cualquier ley que existe, mientras no se derogue, debe cumplirse cabalmente, nos guste o no.
A muchos de nosotros nos incomoda cumplir ciertas leyes y es justo reconocerlo, pero eso no quiere decir que podamos infringirlas a diestra y siniestra, como, por ejemplo, hacen los irresponsables que se paran en una esquina y con luz roja al frente se pasan la calle sin importar que violan los derechos de los demás.
Las leyes, y aplica a todos, están hechas para cumplirse al pie de la letra: así de sencillo.
Y si estos personajes que fueron a armar escándalos sin fundamento, a gritar y ofender sin pruebas contundentes, no tienen las firmas que exige la ley, es muy sencillo: que se les niegue el derecho a registrarse; sin embargo, si han cumplido con todos los requisitos, que se les otorgue el registro como marca la ley.
Pero hay que ser claros: si la autoridad demuestra que hay firmas indebidas, que no cumplen con los requisitos de ley, como ciudadanos debemos exigir una investigación a fondo y, en caso de comprobarse que presentaron firmas falsas, pedir que no únicamente se les niegue el registro, sino que se les castigue con todo el peso de la ley por falsificar identidad de otros.
Claro, contundente, así debe ser el derecho.
El candidato independiente –aspirante apenas- Chavira nos ha acostumbrado con su grupo político, a infringir la ley y, en base a escándalos, plantones ilegales, manifestaciones orquestadas por agitadores profesionales, tomar algo que por derecho no le corresponde. Igual acontece con otros aspirantes que, inclusive nos muestran otras caras, y pretenden que porque les vemos a caballo pensemos que deben ser candidatos.
Nadie que infrinja la ley debe serlo, nadie, y en ese sentido, la autoridad electoral debe ser muy clara e intransigente, porque el derecho debe partir de la legalidad total y absoluta.
Los que ya están amarrados por sus partidos como candidatos, si tienen cuentas pendientes con la justicia, deben de ser eliminados del privilegio de ser votados y enfrentar sus problemas legales como debe de ser; en caso de resultar inocentes, se les debe garantizar, aunque no nos sean agradables, todo el derecho ciudadano a que tienen acceso.
Así pues, si la autoridad electoral ha captado firmas falsas, deben presentar cargos penales contra los que hicieron esa trampa, aunque sea una sola firma, porque el delito no es del tamaño que se presenta, sino la forma de querer engañar a la autoridad electoral y al mismo pueblo de Tamaulipas, argumentando que se violan sus derechos ciudadanos, cuando de todos es sabido que no tienen el menor respeto a la ley, que no pagan los impuestos que deben, que violan cualquier reglamento existente, y además, exigen limpieza.
¿Con qué cara piden legalidad?
Un tramposo no puede representarnos ni ser nuestro gobernante, y aplica a todos los institutos políticos: el órgano electoral tamaulipeco debe demostrar que es confiable, y validar la reputación de los participantes en la contienda: quien no cumpla, que se vaya a otra parte a engañar.
Si todos exigimos al juez electoral este tipo de acciones justas, es menester cumplir cabalmente con los ordenamientos legales.
Sin pretexto alguno, porque si no lo hacemos, somos virtual y realmente, delincuentes ciudadanos.
