Nuevo Laredo, Tamaulipas.-Por abuso de autoridad, utilización de documentos falsos y otros delitos, la Asociación Cultural de la Sublime Logia Capitular de la Perfección Miguel Hidalgo número 90 AC, a través de su abogado Fernando Miranda Macías, demandará administrativa y penalmente a síndicos, regidores, secretario del ayuntamiento y al presidente municipal de la administración 2013-2016 por el despojo arbitrario de un predio de aproximadamente 6 hectáreas.
En un hecho inédito en esta frontera, el actual cabildo en pleno dejó insubsistente lo mencionado en el acta administrativa elaborada el 20 de febrero del 2014 por la administración municipal ejercida por Carlos Canturosas, y que se relaciona con el despojo ilegal de una propiedad privada que pertenece a dicha Asociación Cultural.
Por tal motivo, el presidente municipal Enrique Rivas Cuellar y su cabildo, avalaron la revocación del acuerdo de cabildo realizada en la fecha mencionada, que fue ejercida por un juez federal, y que se relaciona con el juicio de amparo promovido por dicha asociación.
El abogado Juan Fernando Miranda Macías, defensor jurídico de la Asociación Cultural, mencionó que al reconocer la presente administración el despojo ilegal de un predio de aproximadamente 6 hectáreas, realizado por la anterior administración, reconoció también que para llevarlo a cabo, la administración anterior utilizó para el despojo documentos falsificados, además de falsificar libertades de gravamen que fueron otorgados legalmente por el Registro Público de la Propiedad.
Lo más grave de ello, dijo, fue que se involucró al Congreso de Tamaulipas y al gobernador en turno, “y eso ya está sentenciado por el Tribunal Colegiado, y una vez que se terminó con el proceso, y que el Congreso en pleno derogue el decreto que emitió, y que el gobernador cancele esa publicación, vamos a denunciar penal y administrativamente”, explicó Miranda.
De este asunto, el secretario del ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, el ayuntamiento fue el único órgano que solicitó la revisión del amparo desde el 2016, pero el entonces gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú no interpuso la revisión, como tampoco el Congreso de Tamaulipas encabezado por Ramiro Ramos Salinas.
“Pese a ello de mostramos de manera clara que había documentación falsa, y ellos no solicitaron la revisión, y solo se conformaron con la sentencia de amparo, pero el ayuntamiento 2013-2016 fue el único que solicitó la revisión con los mismos argumentos de que era propiedad del ayuntamiento y otros argumentos falsos”, explicó.
La denuncia serpa aplicada de manera individual en contra de los síndicos, regidores, presidente municipal y diputados que en su momento intervinieron para levar a cabo el despojo.
El abogado sustentó su dicho con documentos que avalan la orden ejecutada por un juez federal, y que la mañana de ayer se dio a conocer en sesión de cabildo, y añadió que los entonces síndicos, Antonio Martínez Santoyo y Jorge González Fisher trataron el asunto en comisiones, “y hay actos que se fabrican y no dan resultados”, reiteró.