Impunidad estatal

¿Con qué autoridad pide un gobierno a sus gobernados cumplir la ley?
Debería ser con la que otorga el ser un buen ejecutor de la voluntad ciudadana a través de sus leyes, que garantizan –al menos, en el papel- una forma de justicia y gobierno equitativa, donde no hay más un grupo que otro, y para ello, el término equidad debe aprender a emplearse.
Veamos un ejemplo, cuando piden que haya más mujeres en un ambiente, trabajo o lo que sea, y apelan a la equidad de género, donde algunas féminas se enojan por ser objeto de discriminación, pero tratan a los varones con la punta del pie, por ser ellas el “sexo débil”. Nada funcional ni exacto.
Otro ejemplo: usted ha ido a una agencia, comprado un automóvil, tiene licencia, tarjeta de circulación, seguro, paga placas y tenencia, porque es un ciudadano cumplidor, y aparecen miles de mexicanos que, amparados en un grupo de vividores circulan ilegalmente, diciendo que pueden hacerlo porque el gobierno les dio permiso.
Nada más injusto que lo anterior, y para muestra, la declaración del coordinador de la Organización para la Protección del Patrimonio Familiar, es decir, ONAPPAFA, que advierte a sus afiliados que no pueden salir del estado, y que se traduce en lo siguiente: impunidad en la entidad: fuera de ella, no la hay.
Y lo anterior, porque no puede un ciudadano responsable fincar su patrimonio familiar en una acción ilegal como es el contrabando de automóviles.
Recordemos, que según la ley, un vehículo que no ha ingresado legalmente o que no ha pagado sus impuestos es ilegal, por tanto, fuera de la ley. Más claro, ni el agua.
Pero los acuerdos permiten a los de ONAPPAFA, de la UCD y otras centrales que permiten a unos tres o cuatro líderes vivir como ricos, el que puedan circular todos en vehículos viejos, contaminantes que hacen daño a los demás, con la irresponsabilidad de la circulación fuera de la ley, y que, si chocan, dejan el tiradero de fierros ahí y corren, sin hacerse responsables.
Dentro de esos vientos que la gente espera sería interesante propiciar que haya legalidad en TODOS los vehículos que circulan en la entidad, y así, claro: si no pueden hacerlo en forma legal,. Que no circulen, que no haya miramientos y se recojan, sin el miedo que tuvo el gobierno y gobiernos anteriores de “ocasionar una crisis social”. La ley, amigo, es la ley y debe ser para todos. Así lo entendemos.
No queremos que haya distingos, no sería justo, porque, entonces, pediremos los mismos privilegios los que sí pagamos impuestos y estamos dentro de la ley. ¿O nos orillan a ser también infractores?
Nada más injusto que ser solapadores de ciertos grupos por temores o transacciones de poder y esas cosas ilegales. Nada más injusto que pedir a unos cumplir y a otros no, ser laxo con ellos.
No. Así no se gobierna, y debe haber algo parejo para todos.
Y como estos ejemplos, los mexicanos estamos cansados de ver privilegios en ciertos grupos afiliados o cercanos al poder –el de antes o el de ahora, indistintamente- y que tengan canonjías por ser lo que son. Estamos en contra de ello, y nos pronunciamos porque todos tengamos los mismos derechos y obligaciones.
Si todos pagamos impuestos, todos podremos exigir, si todos cumplimos, todos debemos pedir que la autoridad haga lo suyo de la manera adecuada.
De otra forma: ¿Con qué cara pedimos honorabilidad al Congreso, honestidad a los peritos y funcionarios de obras Publicas, limpieza y decencia a los agentes de Tránsito, claridad en las acciones de inspectores de obras y servicios, si no somos capaces de cumplir?
Un gobierno justo y de la gente es un gobierno que cumple con todo, pero también que hace cumplir las leyes como son, sin privilegios. Somos de la idea de que se aplique en forma equitativa…
O se nos deje infringirlas también a los demás. Todos coludos o todos rabones, pues.