No cabe duda que estar al corriente en todo cuesta y mucho. Clara muestra es el número inusitado de trámites que tienen que ver con dependencias oficiales, tales como el Registro Civil que, aparte de ser la instancia legal para obtener un documento que avala la personalidad y origen de cada ciudadano… se ha convertido en buena caja registradora de las autoridades.
No consideramos justo lo que pasa en estas oficinas, donde han dejado de pensar en el ciudadano como primera instancia, y al parecer, como en otros sitios, es más importante recaudar dinero para las autoridades que a veces no tenemos idea en qué lo gastan, o para otro tipo de gastos, de esos que los mexicanos estamos cansados de leer y escuchar todos los días, en aras de un supuesto combate a la corrupción que, por más que nos quieren convencer, los ciudadanos sabemos y sentimos que no es real.
¡Vaya! Todo mundo piensa que los ex gobernadores recientemente apresados en el extranjero saldrán libres en cuanto pasen los comicios del Estado de México, meta principal de quienes hoy gobiernan el país.
Y sucede que cuando fuimos estudiantes de secundaria, el profesor de Civismo nos inculcó el tener siempre en casa un par de ejemplares de las actas de nacimiento de cada uno de los integrantes de la familia. Hoy, las autoridades solicitan actas “actualizadas”, entendiendo como tal, el ir a comprar nuevos documentos, es decir, nos obligan a gastar de más, en una acción totalmente ilegal, porque se supone que el documento del que somos poseedores es oficial, expedido por una autoridad autorizada, y no tiene por qué no ser válido. Es un abuso lo que solicitan, porque nos hacen gastar de nueva cuenta.
El argumento es que son distintas autoridades, pero nosotros hacemos un razonamiento, quizá ilógico, pero… las actas de nacimiento de los héroes de la Revolución o de la Reforma, de la Independencia…¿ya no valen? Porque los oficiales del Registro Civil de ese entonces seguramente han fallecido.
Finalmente, la obligación de constatar la validez del documento no es del ciudadano, sino de la autoridad en turno, y no nos parece leal ni justo que el gobierno nos quiera sacar dinero por una nueva acta, para que solamente se exhiba y se vuelva a guardar, convirtiéndose en unos meses en documento inoperante y caduco.
No, no es por ahí, suponemos, y es tiempo que exijamos a la autoridad que deje de sacarnos dinero, porque vemos que cobran de todo, pero la verdad sea dicha, la cantidad de obras publicas no corresponde a los grandes ingresos que se generan a diario.
Si usted quiere ir a estudiar al extranjero, tiene que solicitar y pagar la legalización del acta, que entendemos, al ser documento oficial expedido por la autoridad debe ser legal; no: hay que volver a pagar la legalización, y además, pagar el apostille de La Haya, lo que supone casi 600 pesos de derechos.
Y el título, otro tanto, con la salvedad que ahora se requiere solicitar en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas un oficio para solicitar la legalización, que, aunque es gratuito, no nos salva de la vuelta hasta la Rectoría. Luego, habrá que pagar la legalización en la Fiscal, así como el Apostille.
Total, una sacadera de dinero y la verdad sea dicha, no corresponde lo que pagamos con lo que se ve de obras. Nos falta mucho pero mucho por tener en un estado con carencias múltiples.
Será interesante que alguno de nuestros diputados proponga un punto de acuerdo para hacer que el Registro Civil y autoridades educativas, principalmente la Secretaría de Educación Pública, no pidan actas recientes, porque los documentos expedidos por cualquier autoridad deben ser válidos, o que no recordemos, ninguno tiene fecha de caducidad, a menos que sea una de las novedades gubernamentales.
Es tiempo de que la autoridad se ponga en los zapatos de los ciudadanos, los causantes, los que les llevaron al cargo que hoy ostentan, y que nos respondan con justas medidas y no con actitudes que tienen como objetivo recaudar, recaudar y finalmente… recaudar.