Tampico, Tamaulipas.-Luego del asesinato de la activista social Miriam Rodríguez registrado en San Fernando, Justicia Tamaulipas pide la Protección inmediata a la federación y al estado para 16 de sus principales activistas, de los cuales 6 son de la zona sur de esta entidad.
Giovanni Barrios Moreno, presidente de esta asociación civil, que busca personas desparecidas y ayer llevaron a cabo una marcha para alzar su voz, en rueda de prensa externo su preocupación ante estos hechos y señaló que por ese motivo pide protección.
“Estoy solicitando la protección al gobernador para los integrantes de Justicia Tamaulipas de manera inmediata, y que ellos evalúen si las necesitamos, Guillermo Gutiérrez Riestra, Josefina de León, Lorena Perales, Norma Cedillo, Graciela Pérez, Néstor Troncoso, porque no queremos frenar lo que estamos haciendo”.
Incluso señaló que pidieron seguridad para poder acudir a San Fernando, al cual irán aunque no les quieran brindar esa protección, porque no pueden dejar de lado lo que hizo su compañera, porque la lucha va más allá del miedo.
“Somos 10 de Justicia Tamaulipas y 6 que pertenecen a una lucha como la de nosotros, son 6 de la zona. Pero ahorita me preocupa mucho lo que sucedió anoche porque si es un ataque directo a los que estamos haciendo activismo y que estamos luchando por los derechos de las personas que tienen familiares desaparecidos yo creo que esto no va a parar”.
Enfatizó que tomarán todas las medidas necesarias que les permitan la Constitución, no se van a dejar, incluso se reunirá con los activistas porque desea ir a San Fernando y rendirle un adiós a su compañera.
“Pediremos protección a México porque le debemos un derecho a su lucha, a la mejor no estábamos juntos porque cada quien tiene diferentes luchas, pero el fin es el mismo, creo que debemos unirnos para demostrar que la compañera no estaba sola”.
Por ello, pidió que le contactarán a los familiares y poder acudir a San Fernando, despedirla y agradecerle por lo que hizo en su zona geográfica.
“Que se den las medidas de seguridad hacia uno y la familia cercana, es lo que la ley contempla, el gobierno, en este caso la federación, el estado también tiene la obligación no lo podemos eximir, tiene la obligación de brindar protección a los activistas sociales, a los que estamos luchando por los derechos humanos, la vamos a exigir y si llega a sucedernos algo al meno queda por escrito de que hicimos todo para que el estado escuchara”.
Afirmó que esto debe ser en forma inmediata porque son caso urgente, pues a su compañera la debieron haber atendido de manera urgente al momento que pidió la protección.
“El mecanismo de protección a periodistas y activistas sociales es inmediata, tengo creo yo un peligro de que me dañen en mi persona y ellos deben de venir inmediatamente a brindar esa protección y ver qué tan peligroso esta tu entorno, ellos dicen si hay o no peligro y si toman medidas más estrictas”.
Indicó que pedirán protección para todos los del estado, siendo las autoridades competentes de brindar esta protección el gobierno de la entidad y la federación.
Refirió que la última vez que tuvo una conversación con la activista asesinada fue vía telefónica y ella le dijo que había presentado una queja en la Comisión de Derechos Humanos y que le acababan de informar que le habían dado casi un millón de pesos por medio del Instituto de Atención a Víctimas y ella respondió que nunca recibió ese dinero y quedó de ayudarla a poner una denuncia pero no le mando la documentación y ya no pudo apoyarla.
Manifestó que su vida estaba amenazada desde que dio con los secuestradores de su hija, porque ella platicaba y localizo y llevó a la autoridad para que los metieran a la cárcel, por lo que esto se pudo haber evitado; y hace 3 semanas en Victoria pidieron protección a Gloria Garza.
“Si no entiendes a las víctimas y eres insensible esto puede suceder, por eso esos funcionarios tienen que irse y la autoridad tienen que tener personas preparadas que pueda entender a las víctimas y que pueda aportar lo que por derecho les corresponde. Se viene un ataque directo a los activistas en Tamaulipas”.
Consideró que cuando piensan que van bien suceden hechos de esta naturaleza y se retrocede 20 años, le arrebataron la vida a su compañero y temen por su vida.
Por ello, exigen el cese inmediato de la servidora pública Gloria Elena Garza Jiménez Subsecretaria de
Legalidad y Servicios Gubernamentales y Lorena Garrido Directora de Atención a Víctimas quienes acuso
de ser funcionarias insensibles y con falta de preparación para poder atender a las víctimas.
Asimismo manifestó que a ambas funcionarias les deben ser fincadas responsabilidades legales por la omisión ante la petición de seguridad de la activista y por lo tanto iniciarles una carpeta de investigación.