Reynosa, Tamaulipas.-Jesús María “Chuma” Moreno Ibarra, diputado local por Reynosa encendió a través de las redes sociales un acalorado debate en torno a la iniciativa de “armar” a los ciudadanos en su derecho establecido en la Constitución de la “legítima defensa” frente agresiones que pudieran comprometer la integridad de los ciudadanos.
Desde hace varios días el legislador del PAN ha mantenido una animada expresión e intercambio de opiniones con sus seguidores, a partir de su aval a la posesión de armas entre los ciudadanos, por lo cual a través de sus cuentas de redes sociales efectuó “una consulta” para conocer y pulsar el ánimo y opinión en torno a su iniciativa de promover la legitima defensa y elaborar un exhorto al Congreso de la Unión.
Moreno Ibarra simpatiza y demuestra con su animado respaldo una adhesión similar a la propuesta de “armar” a los ciudadanos con la Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, en donde establece el legítimo derecho a sus ciudadanos de poseer y portar armas. La Corte Suprema de Justicia ha reconocido como constitucional ese derecho y prohíbe a los estados y al gobierno federal infringir la prohibición a ese derecho.
Aunque en México. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos otorga a los ciudadanos el mismo derecho de poseer un arma, se plantea desde una perspectiva diferente y restringida. La Secretaría de Gobernación autoriza un permiso, pero es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quien expide la licencia de porte de arma al interesado, quien deberá cumplir una serie de requisitos estrictos. En suma en México, también se permite la adquisición legal de armas, pero a través de una serie de controles oficiales y está avalado en la Ley.
Moreno Ibarra incluso ha revelado que la Ley de Legítima Defensa está vigente en Tamaulipas desde 2014, empero, juzgó el hecho de que no se haya otorgado difusión en el pasado, pero ahora bajo su tutela ha ofrecido y comprometido compartir pormenores de la misma e informarlo a los ciudadanos.
Agregando su interés de continuar adelante con la iniciativa de lograr que los ciudadanos puedan “armarse” ante situaciones de riesgos que comprometan su integridad y sus familias o patrimonio. Tal como lo prevee la Ley.