Aunque la legislación mexicana no tiene autorizadas las campañas electorales o preelectorales, protagonistas como legisladores, gobernadores, líderes oficiales o naturales de los partidos políticos están ocupando cualquier plataforma para promocionarse.
Para estar en el mismo canal, se entiende por campaña preelectoral a los esfuerzos competitivos de protagonistas, precandidatos o no de los partidos políticos, con la finalidad de hacerse notar ante el electorado, en la próxima elección.
Por lo menos los mexicanos aprendimos ya a que los actores protagónicos de los partidos, recurren a una diversidad de técnicas para atraer la atención de los votantes, desde comparecencias en público y mítines, sin omitir los escenarios como las cámaras legislativas con tal de lograr publicidad gratuita en los medios masivos de comunicación.
También sabemos los mexicanos que el período de campaña preelectoral tiene mayor vigencia que el periodo oficial de la campaña, generalmente especificado en el calendario electoral.
Se puede decir que los mexicanos estamos siendo víctimas, precisamente de esas campañas preelectorales, de esas que la ley prohíbe, pero que nos percatamos del escenario bochornoso en el país, cuando el Encargado del Despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, no cumple con el requisito legal de contar al menos con 10 años de ejercicio en la abogacía.
Pero hay más. El abogado no debió asumir la titularidad de la Subprocuraduría de donde proviene y peor, al ser un funcionario espurio y sin respetar los procedimientos legales destituyó al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, por supuestas faltas al Código Ético de la PGR. El burro hablando de orejas.
Tres irregularidades que suceden en el seno de la dependencia federal que se supone procuradora de justicia y donde se observa todo, menos justicia.
La pregunta interesante será ¿Anuencia presidencial?
Este lamentable escenario legislativo me atrevo a ubicarlo como campaña preelectoral, porque los actores principales son políticos de todos los partidos que buscan protagonismo mediático, transformando un tema legal a un tema político.
Mire usted. Por un lado senadores del PRI y su célula, el PVEM, aceptan irregularidad en el cese del Fiscal de la FEPADE, solo que pretenden llamar primero al “corrido” Nieto Castillo, escuchar sus argumentos y luego al “Látigo” Elías Beltrán que explique los propios.
Pero hay más. Conocidas las declaraciones de víctima-victimario, los verdes y tricolores quieren que la votación del Senado de la República sea secreta, porque “Así se evitaría identificar a los que voten en un sentido… por si alguna vez se ofreciera algún caso…” declaró Emilio Gamboa Patrón, Coordinador PRIÍSTA, acusado de ir a jugar golf en avión oficial.
No se dijo, pero se infiere, que el golfista senador dio a entender de un posible ‘revanchismo’ en el caso de que Santiago Nieto fuera restituido en el cargo de Fiscal de la FEPADE.
El tema de la destitución en la FEPADE no es el único que está atorado en el Senado de la República, porque ese obstaculiza el presupuesto fiscal 2018 y que según la legislación mexicana deberá ser aprobado a más tardar el día 31 de octubre, es decir la próxima semana.
Finalmente otro caso que pareciera de Precampaña es el real o supuesto fraude donde se involucra a María Guadalupe Rodríguez, esposa del líder del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, quien se supone recibió en una cuenta bancaria, 100 millones de pesos, que el Gobierno de Nuevo León le depositó.
En esta incómoda situación, sale a relucir el Gobernador de Nuevo León y aspirante a candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
Por su parte Alberto Anaya, presidente del PT, ha declarado que todo esto es una campaña de descrédito porque su partido en la convención de julio pasado determinó, por unanimidad, darle el apoyo a Manuel Andrés López Obrador y a su MORENA, para la elección presidencial del 2018.
La cuestión interesante es ¿Qué sigue?
