Nuevo Laredo, Tamaulipas.-A un mes de la tormenta que inundó 21 colonias de esta ciudad, y que arrojó 12 pulgadas de agua, casi la mitad de lo que llueve todo un año en esta semiárida región del Noreste de México, cientos de familias aún rumian su penosa situación por haber perdido casi todo su patrimonio, que en pocas horas quedó convertido en toneladas de escombros.
Tres horas bastaron para que 10 mil viviendas, la mayoría marginales según cifras oficiales, fueran invadidas por pestilentes aguas desbordadas de canales y arroyos que vomitaron basura, desechos, destrucción y mucha corrupción.
La tormenta también puso al descubierto presuntas irregularidades, desorganización y deficiencias de autoridades al momento de brindar el apoyo a los afectados, cuyas viviendas empantanadas tuvieron que ser limpiadas por ellos, ante la desorganización y abulia de algunos elementos de Protección Civil y funcionarios municipales.
Se trata de al menos 21 colonias y fraccionamientos que en tiempo de fuertes lluvias que las autoridades denominan ‘atípicas’, desbordan su cauce, pero que fueron autorizadas por dependencias municipales pasadas que ‘legalmente’ otorgaron permisos de construcción a empresas que lucraron con la necesidad de esas familias que compraron sus viviendas en zonas de muy alto riesgo.
Las más afectadas fueron los fraccionamientos Fovissste y Benito Juárez, además de las colonias Francisco Villa, Los Fresnos, Voluntad y Trabajo 1, 2 y 4, Valles de Anáhuac, Victoria, Buenavista y otras cercanas a varios arroyos y al río Bravo.
El abogado penalista Manuel Galván Almendariz menciona que pese a que los embates de la naturaleza son impredecibles, el que se hayan autorizado fraccionamientos y centros de población de manera irresponsable en zonas de riesgo, desde los gobiernos priistas de hace 30 años, hasta el panista de Carlos Canturosas, “auspiciaron la infraestructura urbana para favorecer a amigos y familiares, y darle más plusvalía a sus terrenos, y eso no tiene… nombre”, expresa.
Ejemplo de una mala planeación urbana son las más de 20 mil viviendas abandonadas y vandalizadas que actualmente hay en la ciudad, y lo peor es que se siguen autorizando fraccionamientos en áreas de riesgo, sin tomar en cuenta las necesidades reales de la población en materia de vivienda.
Durante décadas los gobiernos municipales, tanto del PRI como del PAN, a través del Departamento de Planeación, han permitido el crecimiento desordenado de la ciudad en áreas por donde cruzan arroyos o cerca de presas, lo que hace susceptibles de inundación a los nuevos fraccionamientos autorizados.
Por tal motivo, dice el abogado que los funcionarios municipales que los autorizaron deben ser sancionados, ya que las familias afectadas no solo perdieron gran parte de su patrimonio, sino que viven ahora con el temor de que con otra lluvia sus casas vuelvan a inundarse, y lejos de ser vendidas y cotizarse bien, con las inundaciones su valor decreció ya que nadie querrá vivir en ellas.
Lo peor es que de acuerdo a la versión del secretario del ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, los responsables de haber autorizado la construcción de dichos fraccionamientos no podrán ser castigados ni sancionados, porque las reformas a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos en Tamaulipas, protegen a quienes autorizaron dichas colonias, porque su responsabilidad prescribe al año siguiente.
“No se puede hacer nada porque la ley es muy clara al respecto”, razona el funcionario.
Sin embargo, el abogado Galván insiste en que es el secretario del ayuntamiento a través de su departamento jurídico, quien debe iniciar las investigaciones y deslindar responsabilidades contra los ex funcionarios que autorizaron la construcción de dichos fraccionamientos y colonias.
De acuerdo a la Ley de Vivienda para el Estado de Tamaulipas, publicada el 13 de septiembre del 2013 en el Periódico Oficial, el Estado y en este caso el municipio, antes de autorizar un nuevo fraccionamiento, deben ofrecer una buena calidad y ubicación en la construcción de las viviendas, además de garantizar la reubicación de las familias damnificadas por algún desastre natural, como el ocurrido el 26 de septiembre de este año, según se cita en el Artículo 4, capítulos 2 al 9 de dicha Ley, lo que no se ha hecho ni respetado por ninguna autoridad.
Sin Plan de Contingencia
José Lauro Villarreal Morales, presidente de El Colegio de Arquitectos y ex titular de Obras Públicas en gobiernos municipales anteriores, dice que ante la ausencia de un Plan de Contingencia, que no existe en la ciudad, se debe crear la Dirección de Riesgos Ambientales, con la finalidad de que sean implementados protocolos ante riesgos de inundación y otros desastres que afecten a la población más vulnerable.
Menciona que las colonias irregulares que están asentadas cerca de arroyos y canales, deben ser atendidas por las autoridades mediante la información y el conocimiento de un Plan de Contingencia que les indique qué es lo que deben hacer en caso de un fenómeno natural, ya que nadie les avisó de lo que podía ocurrir el 26 de septiembre.
Además, dijo que los canales y arroyos deben ser saneados de manera constante para que el agua fluya libremente, y que se cuente con un almacén en donde haya suficientes implementos, necesarios para atender los efectos previos y posteriores a una tormenta, pero que sean administrados por la sociedad civil y no por las autoridades.
Para José Lauro, Nuevo Laredo carece de una política pública eficiente, lo que impide que se cuente con una visión de ciudad a futuro, ya que no cuenta ni con protocolos de emergencia para la población civil, ni con un Plan de Contingencia que sea preventivo, predictivo y reactivo.
De tenerlo, dice, los efectos y las consecuencias de la tormenta del 26 de septiembre hubieran sido menores, porque se habrían aplicado de manera previa procedimientos alternativos que minaran los riesgos, al momento de que la respuesta de las autoridades municipales y de protección civil fueran rebasadas, tal y como ocurrió.
De acuerdo a los especialistas, un Plan de Contingencia debe incluir las etapas de Evaluación, Planificación, Pruebas de Viabilidad y Ejecución, pero en la Dirección de Protección Civil se reaccionó a destiempo, ya que de acuerdo a la versión del director de esa corporación municipal, Omar Enríquez, “fuimos rebasados y no estábamos preparados. Ni siquiera en Laredo (Texas) sabían que caería una tormenta así”, es su justificación.
“No podemos prever este tipo de situaciones, porque esta tormenta no estaba siquiera registrada en el SMN, y no se pudo prever…y eso que ellos son los expertos y se equivocaron por mucho”, refiere.
Ante la falta de capacidad de respuesta, no inmediata sino eficiente, frente un fenómeno como el ocurrido ese día, en la Dirección de Protección Civil se tuvo que improvisar casi en todo, porque solo estaban preparados para atender tres colonias y no 21, según reconoce Enríquez.
Deficiencias e ineficiencias en PC
La Dirección de Bomberos y Protección Civil solo cuenta con 30 elementos por día, y al momento de la tormenta otros 20 ‘doblaron’ turno para atender la contingencia una vez que pasó y dejó sus efectos devastadores, ya que al no haber sido activadas las medidas preventivas y no avisar a la población de lo que podría ocurrir, los daños fueron mayores.
El regidor opositor del PRI, Jesús Valdez Zermeño, presidente de la comisión de Protección Civil y Bomberos, resume lo ocurrido ese día: “No hubo el aviso oportuno a la gente…pero en Laredo, Texas, sí hubo una alerta”.
Aunque reconoce que la tormenta fue atípica, señala que algunos factores incidieron para provocar la inundación en las viviendas, como fue un puente colgante mal diseñado en el parque El Laguito, que la corriente arrastró y bloqueó los puentes vehiculares en las colonias del Issste y Benito Juárez, que se presume deben estar contempladas en el Atlas de Riesgo con que debe contar la corporación.
Pero al consultar en Internet la Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas, en su apartado ‘Documentos Municipales’, aparece pero no se puede abrir el correspondiente Atlas para Nuevo Laredo, lo que indica que o no existe o no está actualizado.
El año pasado, Sergio Jiménez Hernández, director general del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Portuaria (CIDIPORT), reconoció que los Atlas de Riesgo en Tamaulipas no están actualizados, y que es necesario que lo estén para prevenir contingencias, pero no fue escuchado y la contingencia en Nuevo Laredo ocurrió con una inadecuada capacidad de respuesta ante una tormenta como la del 26 de septiembre.
Y a pesar de que los elementos de protección civil llegaron momentos después de la tormenta de ese día, algunos de ellos mostraron además de inexperiencia, falta de capacidad para afrontar la situación, ya que no supieron brindar el apoyo que requerían los afectados, cuando llamaron a la dependencia para solicitar ayuda.
Fidencio Bautista vive en la calle Carbonera 87, de la colonia del Issste, quien se quejó de que ninguna autoridad se presentó para apoyar a los damnificados de esa calle, que sumaron entre 15 y 20 familias cuyas casas se inundaron con hasta un metro con 20 centímetros.
“Todo se mojó y todo lo perdí con la inundación, pedí ayuda a las autoridades pero nadie vino”, lamenta mientras señala con su mano hasta donde llegó el agua que invadió su vivienda.
En la misma calle vive César Vázquez, quien al ver invadida su casa por las aguas negras del arroyo
El Coyote, se disponía a salir de su hogar, cuando divisó una patrulla de Protección Civil, a cuyo conductor le solicito apoyo para que lo sacara de su domicilio y lo trasladara junto con su familia, a un lugar seguro, pero el conductor le dijo: “No soy taxi para llevarlo señor”, y se fue.
Una mujer que pretendía utilizar el bulevar Colosio, tal vez para trasladarse a la vecina ciudad, preguntó por teléfono si estaba en condiciones de transitar por esa ruta, pero la telefonista de protección Civil le mencionó que circulara por dicho bulevar, y que si estaba inundado que le avisara, lo que ocasionó la indignación de la dama.
Pero las quejas abundaron por las colonias inundadas, lo que demostró desorganización y falta de conocimiento en algunas autoridades para afrontar este tipo de eventualidades ocasionadas por la naturaleza.
La Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas es muy clara al respecto en el Artículo 2º del Capítulo 1, cuando dice que esta corporación tiene la obligación de alertar a la población y de comunicarle adecuadamente cuando haya un desastre, lo que no se hizo en los casos mencionados, además de que explica que el municipio debe contar con un fondo económico para desastres naturales, para atender las emergencias y los desastres, como se señala en el Artículo IV de dicha Ley, pero tampoco existe ese fondo porque se menciona que no hay presupuesto.
La ayuda, tardía pero llegó
Ante la magnitud de lo ocasionado por la tormenta, el gobierno estatal a petición del municipal, declararon a Nuevo Laredo como zona de desastre, por lo que el gobierno federal envío los apoyos correspondientes a través del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que si bien deben ser en especie, la Dirección General para la Gestión de Riesgos, de la Secretaría de Gobernación, según datos del 2015, establece que el fondo para ese año en casos de lluvia severa e inundaciones en el país, fue de 525 millones 62 mil 215 pesos, pero no especifica cómo se desglosa dicha cantidad a los municipios afectados, ni de cuanto habría sido para este año.
Asimismo, de acuerdo a la Ley de Protección Civil y tomando en cuenta la declaratoria, los Artículos 69 al 73 establecen como obligatorio que el municipio de Nuevo Laredo debe brindar atención médica gratuita a los ciudadanos afectados por las inundaciones, además de alojamiento, alimentación y recreación, entre otras cosas.
Empero, los responsables del Consejo Médico Municipal, al reunirse una vez tenido conocimiento de que la ciudad es zona de desastre, hicieron ver a la población que gracias a su buena voluntad, los hospitales privados ofrecerían servicio médico gratuito a la población, cuando es una obligación y no un acto de buena fe hacerlo, porque la Ley así lo establece para estos casos.
Ante esta situación, el alcalde Enrique Rivas Cuellar dispuso crear un fondo de apoyo para los damnificados, que consistió en la donación del 25% del salario de cada uno de los 23 síndicos y regidores, así como secretarios y directores de departamentos, lo que ayudó en mucho a algunas familias afectadas.
“No es mucho porque ningún presupuesto puede alcanzar, pero esto ayudará en algo a estas familias”, estableció el alcalde, quien apresuró las gestiones para seguir apoyando con la compra de colchones, electrodomésticos y otros artículos que la lluvia echó a perder.
También gestionó para la compra de algunos enseres que fueron donados por algunos funcionarios, como enseres de limpieza, independientemente de los 50 mil litros de agua y de artículos de limpieza donados por el Fonden.
¿Ante esta experiencia, las autoridades se prepararán para afrontar antes de tiempo una eventualidad similar? Es la pregunta que surgió entre algunos de los damnificados por la tormenta del 26 de septiembre.