En riesgo la legalidad electoral para el 2018

Cd. Victoria, Tamaulipas.-En un panorama viciado como el que se esta viviendo, difícilmente puede haber certeza, legalidad y equidad en el proceso electoral que ya a iniciado, sustenta el dirigente estatal de dicho partido, Alejandro Ceniceros Martínez.

Apunta que el Partido del Trabajo quisiera decirles que existen garantías para la celebración de un proceso electoral limpio, libre, auténtico y transparente, pero les mentiría.

Explica que las autoridades electorales han dado muestra de poca independencia y menos autonomía. Esto se traduce en un riesgo y significa que no habrá ni certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, ni en los comicios federales menos en los municipales concurrentes de 2018.

Es evidente que, como dijera recientemente el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, al analizar el caso de la ampliación del período del encargo de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del TRIFE, que dicha ampliación se puede calificar de una dádiva del sistema dominante, a través de la llamada ‘ley de cuates’ emitida por el Congreso de la Unión, con la complacencia del presidente de la República.

Como favor con favor se paga, ya veremos que las resoluciones de la sala superior tenderán a favorecer, los intereses de los dos partidos políticos que los designaron en el Senado, el PRI y el PAN.

El caso de la FEPADE, cuyo titular fue removido por la supuesta violación al código de conducta de la PGR, pero cuya causa real es impedir la investigación que integraba del caso Odebrecht-Lozoya, referente a la presunta aportación millonaria en dólares, de esa empresa a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012. Casos com éste donde sobra impunidad y corrupción y falta honestidad, incrementa la desconfianza ciudadana al proceso electoral en curso.

En lo que respecta al Consejo General del INE, es clara su antipatía hacia el PT, pues, en el 2015, emitió irregulares acuerdos en los que nos negaba el registro como partido político nacional, acuerdos inconstitucionales que fueron revocados por la anterior Sala Superior del TRIFE, sin embargo, entre el acuerdo del CG INE y la sentencia de la Sala Superior, el multi mencionado CG aprovechó para privar arbitrariamente al Partido del Trabajo de los diputados que, por el principio de representación proporcional, nos correspondían precisamente por haber alcanzado el 3% de la votación nacional válida emitida en la elección de diputados federales de 2015.

Hoy somos el único partido político en la historia de México que teniendo registro legal, no contamos con representación partidaria en el Congreso de la Unión: este es un ejemplo claro que el INE no respeta el principio de autenticidad y efectividad del sufragio popular.

Inclusive, el Consejo General del INE, integrado por cuotas de los partidos que controlan la Cámara de diputados, reproduce ese esquema en la integración de los Consejos Locales, acción que sesga la garantía de apego a los principios rectores del proceso electoral.

Muestra de la guerra sucia y del manejo político que ejercen las autoridades, es el caso de la denuncia presentada por un funcionario de la SHCP en la que falsamente acusa a los dirigentes nacionales del PT del delito de “operaciones de procedencia ilícita, y financiamiento al terrorismo”, siendo que es misma Secretaría de Hacienda la que entregó los recursos para el financiamiento y operación de los Centro de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad de Nuevo León.

Pero detrás de esa acusación en realidad está el intento de Enrique Peña Nieto y su gobierno, de impedir a toda costa la coalición electoral de Morena y el Partido del Trabajo por el temor de que haya un cambio verdadero en México.