Marinos participaron con el Grupo œHércules

Cd. Victoria, Tamaulipas._ Del 2016 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, ha emitido un total de 42 recomendaciones a los elementos de la Secretarí­a de la Marina Armada de México los cuales, junto con el Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros detuvieron y ejecutaron arbitrariamente a cuatro personas en el 2014.

Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió una recomendación al titular de la Semar, almirante Vidal Francisco Soberón luego de que junto con el Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros también participaron en la desaparición forzada de estas cuatro personas (un mexicano y tres estadunidenses).

La CNDH detalló que el 13 de octubre de 2014 dos hermanos estadunidenses salieron del domicilio de su padre, en el poblado Control, en Matamoros, para reunirse con su hermana, quien estaba con un mexicano en las inmediaciones del Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco.

En ese lugar fueron privados arbitrariamente de su libertad por marinos y personal del Grupo Hércules (formado a instancias de la entonces alcaldesa Leticia Salazar), pues no existió orden de aprehensión en su contra, caso de urgencia o flagrancia que legitimara las aprehensiones.

La CNDH confirmó que todas las corporaciones que operaban en la región negaron su participación en las detenciones y manifestaron desconocer el paradero de las ví­ctimas, con lo cual se configuran los elementos del hecho violatorio de la desaparición forzada.

El 29 de octubre de ese año se hallaron los cuerpos sin vida de las cuatro personas. œEl análisis efectuado a las evidencias recabadas por la CNDH y a los informes periciales de la representación social de Tamaulipas permitió determinar que la causa de muerte fue provocada de manera intencional y de origen violento, ya que fallecieron por traumatismo craneoencefálico con fractura producido por proyectiles de arma de fuego, esto es, que hubo ejecución arbitraria. Además, en los informes médico-legales de peritos de la Procuradurí­a General de Justicia de Tamaulipas, dentro del lapso de cronotanatodiagnóstico, existe correlación de su muerte con la fecha en que fueron privadas de la libertad.

El organismo que preside Luis Raíºl González Pérez determinó que existieron violaciones a los derechos la libertad, la integridad y la seguridad personal, a la legalidad, la seguridad jurí­dica y al derecho a la vida en perjuicio de las cuatro ví­ctimas directas. También se violó el derecho a la verdad de los familiares, como ví­ctimas indirectas, así­ como para establecer la probable responsabilidad de los marinos e integrantes del Grupo Hércules, lo que aíºn es investigado y está pendiente de determinar por el Ministerio Píºblico Federal.

La CNDH también pidió que se investigue la actuación de los agentes de la Policí­a Federal que presenciaron la detención, pero no la registraron en sus bitácoras ni la reportaron a sus superiores; reparar de manera integral el daño; proporcionar a la Procuradurí­a General de la Repíºblica toda la información y documentación necesaria para la investigación, y colaborar con las denuncias y quejas que presentará ante diversas instancias, con la finalidad de que se deslinden las responsabilidades penales y administrativas.

Por este hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió además recomendaciones al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Garcí­a Cabeza de Vaca; al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, al alcalde de Matamoros, Jesíºs de la Garza Dí­az del Guante, a la ex alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, entre otros.