Pese a la información mediática que los mexicanos hemos obtenido sobre los ilícitos cometidos por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) en Veracruz, la noticia sobre su probable liberación justifica la desconfianza en las instituciones del país.
Los comentarios de gente muy entrada en la política de estos tiempos, como la presidenta de la organización no gubernamental, ˜Causa en Comíºn™, María Elena Morera, consideró que es una ˜burla™ para los ciudadanos, la sentencia y la multa contra Javier Duarte.
El comentario de la Sra. Morera se refiere a que un Juez de Control, condenó al ex gobernador veracruzano a nueve años de prisión, pero también a pagar una multa de solo 58 mil 890 pesos, como consecuencia de haberse declarado culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Hasta hace unos días nadie dudó del cíºmulo de pruebas presentadas por la PGR y su homóloga veracruzana, suponía la demostración de culpabilidad del indiciado, que por cierto, recuerdo al lector que fue aprendido en la ciudad de Guatemala, en Centro América, presumiblemente prófugo.
Solo que la defensa del exgobernador Duarte, hizo que las argucias legales, prácticamente le ˜disculparan™ el mal uso de recursos píºblicos y el lavado de dinero, que cometió en complicidad con algunos colaboradores, por lo que el Juez del caso, a cambio de la aceptación de culpabilidad, lo condenó al pago de 58 mil pesos.
Adicional a la ˜muy alta multa monetaria™, Duarte también recibió una sentencia condenatoria de nueve años de prisión, que al no promediar más de 10, dicen los que saben de estos temas, puede salir libre.
La mayor parte de los mexicanos al conocer el fallo del Poder Judicial, nos sentimos, una vez más, burlados, engañados y hasta minimizados por los delitos señalados, pero también por la cantidad de personas desaparecidas y muertas en el Veracruz de Agustín Lara.
La justicia mexicana pareciera no evolucionar, cuando a un ciudadano comíºn por la comisión de delitos menores, lo sentencian a cumplir condenas exageradas. Sin embargo, cómo explicar la sentencia de Javier Duarte.
El exgobernador, hasta donde se sabe, no ha regresado ni un centavo a las arcas de Veracruz, por lo menos algo de lo que se documentó como robo, lo que hace suponer lo mucho que falta por ver en este entramado.
Los mexicanos y muchas de las organizaciones oficiales y no gubernamentales, estamos esperando, del gobierno federal, las explicaciones del caso sobre las propiedades que le han confiscado a Javier Duarte de Ochoa, porque como van las cosas, no se sabe cuál es su estado legal.
Antes de cerrar este espacio, anoto otro tema sobre una nueva discusión generada en la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la CDMX, cuando los ˜Morenos™ en el poder, sorprendieron con la propuesta para que sea una obligación de los ciudadanos, votar en las consultas para remover al presidente de la Repíºblica.
Desde luego que las discusiones en este sentido despertaron pasiones dormidas, porque esa dualidad (derecho-obligación) despierta muchas perspectivas de no muy gratas consecuencias, segíºn el ángulo que se le mire.
La propuesta que ya está en la mesa de discusiones se refiere particularmente en al proceso de revocación de mandato presidencial, para que se realice a la mitad del sexenio y, en su caso, proceda solo cuando la œmayoría absoluta de los votos así lo determine, considerando que emita su voto, al menos, el 40% de los electores.
Esta idea, López Obrador la planteó en campaña y ha insistido en llevarla a cabo, solo que el partido Guinda de los Morenos, sumaron a la reforma constitucional el que el jefe del Ejecutivo Federal tenga la posibilidad de impugnar el resultado de la consulta popular ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
O sea, no bastará el voto ciudadano. No se aplicará aquel principio revolucionario del ˜sufragio efectivo™, como se hizo creer para revocar el mandato del presidente, porque el Primer mandatario, si se aprueba, puede impugnar los resultados.
En la iniciativa, la consulta sólo procederá si se solicita ante el Senado o la Cámara de Diputados; también a petición del mismo presidente de la Repíºblica o, del 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Otra opción que procede la consulta se refiere al níºmero equivalente, al menos, del 33% de los de los votos válidos, emitidos en la elección en la que el presidente de la Repíºblica hubiera obtenido su triunfo.
¿Confianza institucional? Usted decide. Dicen que nosotros los ciudadanos mandamos. ¿Usted les cree¦?
