Congreso del Estado analiza cambiar la Procuradurí­a en Fiscalí­a de Justicia

Cd. Victoria, Tamaulipas.-El Congreso del Estado analiza la posibilidad de hacer reformas a la Constitución Polí­tica de Tamaulipas, para transformar a la Procuradurí­a General de Justicia en una Fiscalí­a General de Justicia del Estado.

La propuesta, presentada por el diputado José Hilario González Garcí­a fue turnada para su estudio y dictamen en Comisiones.

González Garcí­a propone reformar la Constitución del Estado, a fin de transformar la Procuradurí­a en una Fiscalí­a, que estará a cargo de un Fiscal General, que durará en su cargo siete años, mismo que será designado por el Congreso, de una terna propuesta por el Poder Ejecutivo, resultado de una lista de siete candidatos, que previamente enviará el Legislativo.

Destacó que la Fiscalí­a General, en caso de aprobarse estas modificaciones, contará, al menos, con tres fiscalí­as especializadas en materia de delitos electorales, asuntos internos y combate a la corrupción, a cargo de Fiscales especializados, el nombramiento de los primeros dos, será a propuesta del Gobernador, que deberá recibir el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes del Congreso, con excepción del tercero, que será designado por convocatoria píºblica.

Entre otras reformas, para la evaluación, supervisión del funcionamiento y desempeño de la Fiscalí­a General, se crea un Consejo de Participación Ciudadana, integrado por cinco Consejeros Independientes, que deberán contar con probada experiencia en materias de ciencias forenses y penales, procuración de justicia, seguridad píºblica y cualquier otra que resulte afí­n a su objeto, cuyo cargo será honorario y designados por las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

En su intervención y al detallar la propuesta, el legislador González Garcí­a, expresó que buscan mayor eficiencia en materia de procuración de justicia y combate a la criminalidad, lo cual trae consigo el fortalecimiento del Ministerio Píºblico, asunto relacionado con la persecución de los delitos y elemento fundamental para el ejercicio de las libertades píºblicas, el establecimiento de lí­mites al poder y la vigencia de los derechos humanos.