Cd. Victoria, Tamaulipas.-El Congreso del Estado analiza la posibilidad de hacer reformas a la Constitución Política de Tamaulipas, para transformar a la Procuraduría General de Justicia en una Fiscalía General de Justicia del Estado.
La propuesta, presentada por el diputado José Hilario González García fue turnada para su estudio y dictamen en Comisiones.
González García propone reformar la Constitución del Estado, a fin de transformar la Procuraduría en una Fiscalía, que estará a cargo de un Fiscal General, que durará en su cargo siete años, mismo que será designado por el Congreso, de una terna propuesta por el Poder Ejecutivo, resultado de una lista de siete candidatos, que previamente enviará el Legislativo.
Destacó que la Fiscalía General, en caso de aprobarse estas modificaciones, contará, al menos, con tres fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, asuntos internos y combate a la corrupción, a cargo de Fiscales especializados, el nombramiento de los primeros dos, será a propuesta del Gobernador, que deberá recibir el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes del Congreso, con excepción del tercero, que será designado por convocatoria píºblica.
Entre otras reformas, para la evaluación, supervisión del funcionamiento y desempeño de la Fiscalía General, se crea un Consejo de Participación Ciudadana, integrado por cinco Consejeros Independientes, que deberán contar con probada experiencia en materias de ciencias forenses y penales, procuración de justicia, seguridad píºblica y cualquier otra que resulte afín a su objeto, cuyo cargo será honorario y designados por las dos terceras partes de los miembros del Congreso.
En su intervención y al detallar la propuesta, el legislador González García, expresó que buscan mayor eficiencia en materia de procuración de justicia y combate a la criminalidad, lo cual trae consigo el fortalecimiento del Ministerio Píºblico, asunto relacionado con la persecución de los delitos y elemento fundamental para el ejercicio de las libertades píºblicas, el establecimiento de límites al poder y la vigencia de los derechos humanos.