No cabe duda de que el tema de los derechos de los ciudadanos siempre tendrá controversia: hay quien piensa que los derechos son positivos mientras cubran mis necesidades sin importar lo que acontece con las de los demás, es decir, con una actitud meramente egoísta y falta de solidaridad. El ejemplo más claro son los que se escudan en grupos como ONAPPAFA o UCD que no nos ayudan en nada en una convivencia positiva, y se convierten en cómplices de delincuentes, porque quien viola una ley es en automático un delincuente, sin importar el grado de delito: delito es delito y punto.
Y lo presentamos de la siguiente manera: imagine usted que es de ese enorme grupo que ha comprado en forma ilegal un vehículo y lo ha afiliado a este grupo que se dedica, más que a regularizar, a solapar tramposos; ya tiene su carrito y va a comprar sus placas que, por cierto, no siempre son las correctas, porque se ha detectado que va usted por sus placas y usa íºnicamente una, siendo que la otra la pone en otro vehículo -delito doble- y confunde a autoridades y ciudadanía.
Pero tiene el infortunio de participar en un accidente automovilístico en el que la responsabilidad es suya como suele suceder con quienes compran carros sin observar la ley de ningíºn tipo: entonces no tiene compromiso de cubrir los daños que usted ha hecho a un igual, un ciudadano que también, como usted, ha comprado su automóvil con muchos sacrificios -sea nacional o no- y que usted ha afectado en su patrimonio, sabedores que cualquier choque requiere de varios miles de pesos.
Por qué la autoridad solapa que usted no pague los daños a terceros, y en un juicio de daños que emprende en la instancia oficial correspondiente se tarda tanto y difícilmente se junta usted con su dinero, su patrimonio. Y quien llevaba su carrito œchocolate piensa que no es justo cobrarles un seguro de daños a terceros como mínimo.
¿Donde está la protección a quien sí paga impuestos?
No es justo, por donde se vea, que alguien llegue y perjudique tu patrimonio y se vaya tranquilamente porque se le permitió circular en forma irregular.
¿Para qué sirve ONAPPAFA entonces, si cuando choca alguien con placas de esa central o de la UCD o alguna otra no tienen participación ni colaboran para que la justicia sea justa?
Nadie tenemos por qué pagar la inexperiencia de los demás, la ineficacia o la irresponsabilidad, y en ese sentido la autoridad debería ser más estricta y ofrecer a los ciudadanos la certeza, al menos, que se cumplirá la ley.
Pero todos los que chocamos tenemos miedo de que alguien ajeno a la autoridad participe y no se haga justicia.
Todos batallamos para comprar nuestros automóviles: los que pagamos 20 o 25 mil por un carro chocolate o los que gastamos 200, 300 mil o más en un automóvil de modelo reciente y origen legal. Y nadie tiene por qué cuestionar el costo de nuestro vehículo: cada uno gasta lo que tiene o quiere y punto.
Inmoral es que uno choque y no se haga responsable: solo hay que voltear los papeles y verá que nada grato es que llegue alguien, te destroce tu patrimonio y se vaya alegremente sin enfrentar su responsabilidad. El problema es que la autoridad competente no es competente y no hace nada por apoyarnos, y eso, sinceramente, debería ser motivo de discusión en el Congreso y en el gobierno, lejos de ver temas superfluos.
Como que los que pagamos impuestos merecemos una respuesta, y los que circulan amparados en la ilegalidad, al menos, debiera obligárseles al seguro de daños a terceros como insustituible requisito.
Insistimos, ante la ineficacia y falta de pericia al manejar, lo menos que debieran hacer es comprar un seguro, y ahí, la autoridad, garantizarnos que no nos dejarán œchiflando en la loma porque argumentan no tener dinero, ser œpobres, aunque para delinquir no hay estatus ni clase social: el que choca es responsable y se acabó, y debiera hacerse cargo de sus daños, de los causados y tener el valor cívico de enfrentar las consecuencias.
Y la autoridad, de hacer cumplir la ley, que es lo que pedimos