Cd. Victoria, Tamaulipas.- Señalando que el problema del agua es real y no se está haciendo lo suficiente para atenderlo; el Diputado federal Mario Ramos Tamez; a presentado ante el pleno legislativo federal; la problemática del agua en la capital de Tamaulipas:
“En Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, mi estado, muchas personas no tienen agua o la tienen en permanente racionamiento porque las administraciones anteriores, han dado prioridad a remozar banquetas, que a mejorar la red de Agua Potable, lo cual transgrede el derecho humano al agua potable y saneamiento, reconocido en el año 2010, por la Asamblea General de las Naciones Unidas”, señaló.
un sexto párrafo al artículo 4 para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, con ello, se estableció la obligación del estado de garantizar a todos los mexicanos su acceso de forma accesible, suficiente, salubre, aceptable y asequible.
“Pero eso no está pasando, no estamos garantizando algo tan básico y tan indispensable como el agua. Mi ciudad es solo un ejemplo, porque la realidad nacional es que tan solo el 68% de la población recibe agua diariamente, el 25% accede a ella cada tercer día, dos veces por semana o de vez en cuando, mientras que el 7% no la recibe o la consigue acarreándola de otra vivienda, de una llave píºblica, de pozos, ríos, arroyos, lagos, lagunas o pipas”, indicó.
En este contexto ante el pleno de la Cámara de Diputados, se dio un dictamen aprobado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, donde se pretende incrementar un 30 por ciento las multas y castigar hasta con 9 años de cárcel a quien contamine los ríos y arroyos con aguas negras.
Ramos Tamez, destacó que el dictamen aprobado en la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Potable, pretende dos cosas:
La primera es garantizar que las personas físicas o morales que efectíºen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores de agua, estén obligadas a adoptar dentro de sus procesos, la utilización de materiales biodegradables.
La segunda, es incrementar en un 30 por ciento las sanciones contempladas en el artículo 120 de la Ley Nacional de Aguas y actualizarlas a la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con la reforma en materia de desindexación del salario mínimo.
Lo anterior con la finalidad de evitar conductas que ocasionen un daño o contaminación a nuestros recursos hídricos.