Cd. Victoria, Tamaulipas.-La violencia institucional así como la violencia feminicida afecta mayoritariamente a los grupos en situación de vulnerabilidad como son las niñas y niños, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las mujeres, por lo que se requiere de una atención particular.
El Diputado Francisco Javier Garza de Coss expone que por ley se debe dar mayor visibilidad a la violencia institucional y la violencia feminicida, la primera es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público de los órdenes estatal o municipal que la discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de sus derechos humanos; así como la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de la
mujer al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar,
sancionar y erradicar las manifestaciones y modalidades de violencia conceptualizadas en
En cuanto a la Violencia feminicida, es la forma extrema de violencia de género contra las
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Desde su punto de vista en Tamaulipas se debe reforzar las acciones y medidas para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres tamaulipecas en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del
Estado de Tamaulipas.
Además de asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean
respetados los derechos humanos de las mujeres y capacitar al personal docente y administrativo en el conocimiento, respeto y difusión de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a una vida libre de violencia.
Agrega que la realidad social que se vive, en especial los grupos en situación de
vulnerabilidad, caso concreto las mujeres, exige llevar a cabo las medidas
legislativas necesarias para la garantía, protección y desarrollo de sus derechos
humanos, aunado a la erradicación de cualquier tipo de violencia que se ejerza
contra ellas, por lo cual resulta fundamental contar con disposiciones jurídicas que
coadyuven con dicha finalidad.