Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad visual, auditiva e intelectual, se decreta incorporar el concepto de “Formato de Lectura Fácil” como un mecanismo textual complementario al formato convencional para la presentación y difusión de sentencias judiciales.
Lo anterior lo expone la Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra quien promovió la
iniciativa para garantizar acceso a la justicia a personas con discapacidad, buscando que las sentencias judiciales en que estén involucradas personas con discapacidad sean redactadas en un formato de fácil lectura.
De acuerdo con el proyecto de decreto, el formato de fácil lectura deberá ser diseñado desde una perspectiva de derechos humanos e inclusión social, mediante una redacción en un lenguaje simple, directo, cotidiano y personalizado, con tipografía clara y tamaño accesible, el cual puede utilizar ejemplos para su mejor comprensión y está libre de tecnicismos y conceptos abstractos.
También se establece la obligación de los órganos de administración e impartición de justicia, de incorporar el formato de fácil lectura en la atención de personas con discapacidad, el cual se integra a los servicios de peritaje especializado en discapacidad, interpretación en Lengua de Señas Mexicana y la emisión de documentos en sistema de escritura Braille, ya establecidos en la misma Ley.
La diputada tamaulipeca manifestó que incorporar esta medida en la Ley favorecerá el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades jurisdiccionales en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad:
“Establecer la implementación de ‘formatos de lectura fácil’ en las instituciones de administración e impartición de justicia, asegura que las personas con discapacidad accedan al contenido y comprendan el significado, alcances y consecuencias de las resoluciones y sentencias derivadas de los procesos en los que sean parte”, dijo.
Reiteró que este instrumento permitirá un buen entendimiento de las resoluciones que emitan las autoridades de procuración e impartición de justicia, lo que posibilitará que las personas con discapacidad gocen plenamente de su derecho a la información y, por lo tanto, accedan a la justicia en condiciones de igualdad.