Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los delitos familiares en Tamaulipas que se ubican en los principales índices de incidencia delictiva, siguen a la alza, de acuerdo a la estadística de la Fiscalía General de Justicia en la entidad, de enero a mayo se han generado un total de 4,117 casos tanto de violencia familias, abandono de obligaciones alimenticias y substracción de menores.
En lo que respecta a la violencia familiar, este sigue siendo el principal delito que se comete y se denuncia en el estado; siendo 3, 130 expedientes generados en los últimos cinco meses; de esta totalidad en enero se presentaron 474 denuncias, 473 en febrero, 701 en marzo, 751 en abril y 731 en mayo.
El delito de abandono de obligaciones alimenticias amerito de enero a mayo 679 demandas penales, de estas 120 en enero, 113 en febrero, 163 en marzo, 157 en abril y 126 en mayo.
Asimismo, se reporta por parte de la Fiscalía que se han dado 308 demandas por sustracción de menores, 60 casos se dieron en enero, 53 en febrero, 61 en marzo, 65 en abril y 69 en mayo.
La presente información es en relación a las carpetas de investigación iniciadas, desglosadas por la coordinación en que sucedieron.
La estadística representa los 10 delitos de mayor incidencia en el estado, entre estos destacan los que están relacionados con la familia.
Violencia familiar…el delito más frecuente
Es de mencionar que comete el delito de violencia familiar, el integrante de una familia que ejerza maltrato físico, psico-emocional o económico en contra de cualquier otro miembro de la familia, independientemente de que produzca o no lesiones en la víctima.
Para los efectos de este capítulo, se considera miembro de familia:
a) El cónyuge o concubino;
b) Los parientes consanguíneos en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado;
c) Los parientes colaterales consanguíneos o afines hasta el cuarto grado;
d) Adoptantes o adoptados; y
e) El incapaz sobre el que se es tutor o curador.
A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado y estará obligado al pago de la reparación del daño de las víctimas.
