Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el proceso electoral que vive Tamaulipas; se hace necesario una guía de buenas prácticas ciudadanas; expone el Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, marca que la promoción de un marco normativo aplicable en el rubro electoral, conllevando con ello, a un mayor conocimiento de los alcances tanto de facultades como obligaciones que tiene las y los ciudadanos, así como los diferentes servidores públicos dentro del proceso electoral.
Recordó que en México hubo importantes reformas político–electorales en el 2007 y 2014, las cuales contienen sendas disposiciones que inciden en el actuar ciudadano y de los servidores públicos en un proceso democrático:
“Hablamos de un régimen de gobierno, autoridades electorales, régimen de partidos, fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña, comunicación política, instrumentos de participación ciudadana.
Señala que en virtud de estas reformas es necesario llevar a cabo la promoción de las mismas, para que la contienda electoral esté apegada a derecho y se lleve a cabo de forma pacífica y en armonía y con paz social.
Sustenta que la democracia es uno de los pilares básicos en la consecución de la paz y de un buen gobierno, junto con el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho y no puede concebirse sin la celebración de elecciones, que es el esqueleto procesal de todo sistema democrático:
“Pero lo importante aquí, es dar la publicidad adecuada para que más personas conozcan en síntesis los alcances de incumplimiento de estas normas y principios electorales”.
Por todo lo anterior, se considera contar con una guía de buenas prácticas ciudadanas, donde se promuevan los principales derechos, prerrogativas y obligaciones de las que son sujeto quienes son partícipes del proceso electoral, como son los servidores públicos y los ciudadanos que asisten a ejercer el sufragio.
Con ello se contribuirá a desarrollar un tejido ciudadano que se apropie y ejerza de manera responsable sus derechos y así incidan a la discusión pública y a los que las autoridades se conduzcan con estricto apego a la ley, favoreciendo la estabilidad del estado de derecho que debe imperar en un proceso electoral.