La Constitución Mexicanas es muy clara cuando determina que en el país no existeel poder absoluto -como en una monarquía-.
En México el Poder recae en tres áreas; El Legislativo (hace leyes), Ejecutivo (lleva a cabo el mandato del Legislativo) y el Judicial (supervisa y sanciona a quienes incumplan lo mandatado).
Teóricamente el texto constitucional es claro y hasta lo aprendimos desde las primeras letras. La realidad es que -lo han dicho varios personajes- vivimos en México, desde hace décadas, Monarquías Sexenales, cuando cada seis años cambiamos de Monarca (presidente) emanado de un Partido Político.
En otros tiempos fue la “familia revolucionaria” quienes se repartían la “Corona del Poder en México”, pero un día se rebelaron familiares menores, simplemente porquesu estatus fue minimizadoal gradoque salieron a buscar ‘su justicia política’, amparándose en la defensa de intereses populares.
Con la idea de equidad y justicia social en las muy diversas áreas humanas y con promesas de una mejor calidad de vida, la mayoría de una tercera parte de los mexicanos dieron el triunfo electoral del 2018, cuando confían su voto a quien juró “…devolver al pueblo todo lo que la mafia en el poder se había robado… de no robar, no mentir y no traicionar…”
Antes de la elección del 2018 un alto porcentaje de los mexicanos retiraron -y siguen haciéndolo en lo que va del sexenio- su confianza a quien dice presidir una transformación de México, porque la venda de justicia cae de las simpatías populares, aunque los porcentajes de las encuestas lo siguen ubicando dentro de las preferencias.
El comentario central es porque una de las ‘fallas de la 4T’ es confundir eso del Poder en México, pues es clara la participación del Ejecutivo Federal (léase Manuel López), al intervenirdirectamente con los otros dos (Legislativo y Judicial), aunque en este último todavía tiene dignidad con su mayoría al servicio de la Nación.
Lo más reciente es el oficio fechado el martes 27 de junio, por la recién estrenada titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Luisa María Alcalde y dirigido a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde cuestiona las razones por las cuales, los ministros ganan más que el presidente de la República.
Desde luego quienes conocen un poco de estos temas, entendieron la intromisión de un Poder en Otro, además de que la Mtra. en Administración, exhibe tristemente su desconocimiento del mínimo marco legal de México.
La Periodista Diana Lastiri, publicó que el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, que opina sobre el oficio de la SEGOBque cita un artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF),“…no le da poderes de vigilancia a dicha dependencia sobre la SCJN o el Poder Judicial de la Federación”.
Dicho en otras palabras: no existe ninguna obligación jurídica para que el Poder Judicial se someta a la petición de una funcionaria federal, puesto que la SEGOB no le da poderes de vigilancia a la Suprema Corte.
Por si fuera poco, la misma Constitución establece que ninguna Ley puede aplicarse en retroactivo en perjuicio de nadie. Como es el caso de la reducción salarial a la que se sometió el propio presiente, a partir del 2018.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación tiene funciones de vigilancia sobre el cumplimiento o no de la Constitución y las normas que de ella emanen. PEROsolo con y para las autoridades que forman parte del Poder Ejecutivo.
Lamentablemente los asesores legales de la pobre Luisa María Alcalde le mal aconsejaron, aunque queda a la luz el haber recibido la orden superior de enviar el ¿tonto? documento, para que ‘el pueblo’ sancione la actitud de los ministros y contribuyan a la pésima imagen que el Ejecutivo sigue promoviendo.
Supongo que la razón de la pésima estrategia que cito, obedece a la infructuosa petición presidencial de que el Ministro Presidente anterior, Arturo Saldívar, prorrogara su gestión más allá de lo que dice la legislación interna de la SCJN.
Por lo tanto, el tabasqueño Manuel López, en revancha, está promoviendo desde Palacio Nacional que los Ministros sean electos como los diputados y senadores del Poder Legislativo, para expandir el control político de ése, todavía independiente Poder Mexicano.
