Tampico, Tamaulipas.-Tras la aprobación de la Cámara de Diputados de la Reforma de la Guardia Nacional COPARMEX llama a proteger el control civil de la seguridad pública y la constitución, y nuestra su total rechazo a la misma, y advierte sobre los riesgos que trae consigo.
En rueda de prensa Gonzalo Treviño Rodríguez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la zona sur de Tamaulipas, y Pedro Granados, dieron a conocer la postura ante está reforma.
“COPARMEX rechaza la reforma constitucional a la Guardia Nacional en defensa de un México en el que la seguridad pública está a cargo de instituciones civiles para asegurar transparencia y el respeto a los derechos humanos”.
Señaló que la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA crea un régimen opaco y con falta de rendición de cuentas.
“Es necesario implementar un modelo de seguridad que priorice el respeto irrestricto a los derechos humanos y la participación ciudadana laborando con las fuerzas de seguridad.
La Confederación Patronal de la República Mexicana advierte sobre los riesgos que trae consigo el dictamen de reforma aprobado en la Cámara de Diputados el cual adscribe el control formativo, operativo, administrativo, jurisdicción militar, para la Secretaría Pública entre otros factores de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional este cambio representa un riesgo significativo para el orden constitucional de nuestro país y para el Estado de derecho al vulnerar el principio de control civil sobre las fuerzas de seguridad”.
Expuso que desde su creación la Guardia Nacional fue concebida como una institución de carácter civil que respondiera a la creciente demanda de seguridad pública.
No obstante con esta reforma se abre la puerta a la militarización de las funciones de seguridad, un enfoque que podría generar riesgos importantes en materia de posibles violaciones a los derechos humanos y limitar al acceso a la justicia para los ciudadanos.
“La militarización de la seguridad pública contradice disposiciones constitucionales e incluso convencionales que establecen el carácter civil de las fuerzas de seguridad.
Esta medida, además de ser un retroceso democrático, puede tener implicaciones serias sobre la confianza de los inversionistas en el país, afectando el clima de negocios al generar incertidumbre en cuanto al respeto de las instituciones y el estado de derecho.
Expresó que esta reforma contradice varios artículos de la Constitución mexicana, en particular el artículo 129, que limita la participación militar en tiempos de paz, y el artículo 13, que restringe la jurisdicción militar a sus estrictamente en actos de servicios.
“Al aprobarse una medida que desafia estos principios constitucionales se genera incertidumbre jurídica, debilitando la confianza en las instituciones y afectando el entorno necesario para el crecimiento y desarrollo económico del país”.
Asimismo, dijo que les preocupa la redacción del artículo 21 Constitucional; es fundamental que México mantenga una clara separación entre las fuerzas encargadas de la seguridad pública y las instituciones responsables de la investigación y persecución de los delitos.
La independencia del ministerio público y el respeto por los derechos humanos debe ser un pilar central de cualquier política de seguridad en el país.
Con la reciente propuesta de reforma constitucional que permitirá a la Guardia Nacional colaborar con investigaciones con los Ministerios Públicos es una señal preocupante de la creciente militarización de las funciones civiles de México, poniendo en riesgo el equilibrio de poderes y el sistema de justicia.
Afirmó que el Ministerio Público, como institución civil debe garantizar la imparcialidad y la investigación de delitos.
Integrar la Guardia Nacional compromete su independencia y aumente el riesgo de violaciones a los derechos humanos.
Las fuerzas militares, enfocadas en la defensa del país, no deben asumir funciones de justicia, que requieren la profesionalización de las instituciones civiles.
Es crucial que el ministerio público mantenga su autonomía para seguir la aplicación objetiva de la ley.
Por ello, COPARMEX hace un llamado al diálogo, al consenso, y a la responsabilidad de los actores políticos para preservar la integridad de la democracia.
“Es fundamental que cualquier medida en materia de seguridad se mantenga dentro del marco constitucional y se acepte el respeto de los derechos humanos, la legalidad y la transparencia.Reafirmamos nuestro compromiso en la construcción de un México en paz, con instituciones civiles fuertes, y un entorno favorable para el crecimiento económico, y el bienestar social.
Finalmente consideró que las policías no deben estar militarizadas.