Madero, Tamaulipas.- Gabriela Sepúlveda, madre de familia, denunció ser víctima de violencia vicaria, luego de que su hijo Damián, de 11 años de edad, le fuera arrebatado en una acción que considera injusta.
El caso salió a la luz tras un incidente ocurrido en un colegio privado de la colonia 20 de Noviembre, donde, según la madre, el menor fue sustraído en contra de su voluntad.
Damián habría sido aislado durante cinco horas con su padre y otras personas, quienes presuntamente realizaron una labor de convencimiento para obligarlo a salir del recinto.
La madre asegura que cuenta con la custodia legal de su hijo, pero que su exesposo presentó una orden judicial para llevárselo, además, aseguró haber sido víctima de diversas formas de violencia intrafamiliar, incluyendo agresiones psicológicas, económicas y físicas, que derivaron en el conflicto por la custodia.
“Esto no es solo mi lucha, es la lucha de muchas mujeres que enfrentamos la violencia vicaria. Mi hijo no quiso irse, y aun así lo forzaron. Yo solo quiero que esté conmigo, que esté seguro”.
Al respecto, el secretario del ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, dijo que la administración no tiene injerencia en asuntos judiciales relacionados con la custodia de un menor, tras la manifestación de un grupo de ciudadanos en las puertas de la presidencia municipal.
El secretario del ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, dijo que entienden la preocupación de las personas involucradas, se trata de un asunto de carácter judicial que debe resolverse en las instancias correspondientes.
“Es importante destacar que el Ayuntamiento no imparte justicia ni puede intervenir en decisiones que emanan de un juez, si consideran que sus derechos han sido vulnerados, deben dirigirse al Poder Judicial o, en caso de acusar irregularidades administrativas contra la Procuraduría del DIF, presentar una denuncia formal para que se investigue adecuadamente”.
Resaltó que la situación tuvo origen en un mandamiento judicial que otorgó la custodia del menor al padre, instruyendo a la Secretaría de Seguridad Pública para ejecutar dicha resolución, incluso mediante el uso de fuerza pública si fuese necesario.
Indicó que la Procuraduría del DIF fue requerida por el juez para acudir con una psicóloga al colegio del menor, ya que la institución educativa no contaba con una especialista en ese momento.
Añadió que si existe una queja contra la Procuradora del DIF, se debe denunciar administrativamente ante las autoridades competentes.
