Madero, Tamaulipas.–A dos años del derrumbe de la iglesia de la Santa Cruz, hecho que dejó víctimas mortales y lesionados, las familias afectadas continúan sin recibir justicia ni apoyos económicos, pues la Fiscalía determinó el hecho como un “accidente” derivado de la salinidad de la zona y la vibración causada por el tránsito pesado.
El abogado Roberto Alejandro Ramírez Padilla, asesor jurídico de 12 víctimas, señaló que pese a haber solicitado audiencia de garantías, un juez de control ratificó la versión de la Fiscalía, eximiendo de responsabilidad a la Iglesia católica.
“Lo cierto es que los accidentes no existen, las negligencias sí. Ninguna autoridad exigió a la Iglesia cumplir con los protocolos de protección civil ni supervisiones estructurales”.
Resaltó que entre las víctimas se encuentran dos personas fallecidas y 10 lesionados, varios de ellos con secuelas permanentes.
Mencionó que uno de los afectados, de 33 años, no ha podido volver a trabajar tras múltiples cirugías en la pierna, con gastos médicos que superan los 100 mil pesos.
“Las familias pedían una indemnización justa y el pago de tratamientos médicos, además de apoyo para un menor que quedó en la orfandad, pero no hubo respuesta”.
De acuerdo con el abogado, el único apoyo recibido fue el pago de gastos funerarios por parte del entonces presidente municipal de Altamira, pues ni la diócesis de Tampico, ni autoridades estatales ofrecieron respaldo real, obteniendo solo promesas incumplidas.
“Varios políticos acudieron solo para tomarse la foto; después no regresaron”, denunció.
Indicó que tal parece que en el mismo terreno ya se construye una nueva parroquia con modernas instalaciones, mientras las víctimas siguen esperando justicia, dejando en evidencia que el clero sigue teniendo poder, ya que si esto hubiera ocurrido en un centro comercial, seguramente ya habría responsables en la cárcel.
Finalizó diciendo que el caso, que en su momento generó conmoción social, se mantiene cerrado legalmente, dejando a las víctimas con secuelas físicas, emocionales y económicas, sin reparación del daño ni garantías de que no se vuelva a repetir algo igual.
