David García.
Río Bravo, Tamaulipas.-Con un llamado urgente a las instituciones de impartición de justicia del estado, Georgina Cardín, denunció públicamente haber sido víctima de violencia por parte de su expareja y expuso una red de presuntas irregularidades procesales al interior del Juzgado de Instancia Civil y Familiar del municipio, a cargo de la jueza Perla Patricia Hernández Quintero.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, desde su primera comparecencia ante el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), su proceso ha estado marcado por la revictimización y la minimización de los hechos.
A pesar de existir antecedentes documentados de violencia psicológica y económica, las instancias iniciales desestimaron la gravedad del caso bajo el argumento de que la agresión no escaló al plano físico.
Tras visibilizar su situación en el espacio público, al menos otras ocho mujeres se sumaron al reclamo colectivo, documentando presuntas anomalías y dilaciones en sus respectivos litigios familiares radicados en el mismo juzgado y bajo la misma adscripción judicial.
La denunciante advirtió además sobre un escenario de vulnerabilidad jurídica y posible coacción externa, luego de que el equipo legal que la representaba decidiera abandonar su defensa de manera repentina tras hacerse pública la denuncia inicial.
El caso pone nuevamente bajo la lupa la actuación de los operadores judiciales en la región fronteriza, toda vez que la madre de familia acusa a la jueza Hernández Quintero de omitir los protocolos obligatorios de protección a la infancia y de ignorar los estándares internacionales de perspectiva de género, fundamentales en asuntos de guarda, custodia y violencia vicaria.
Ante este panorama, la afectada reiteró la exigencia de medidas cautelares efectivas y garantías de seguridad física y jurídica para ella y su hijo, mientras organizaciones sociales y colectivos feministas exigen una fiscalización exhaustiva por parte del Consejo de la Judicatura del Estado.