Finalmente, España se ha subido al carro de las legislaciones pioneras de Italia y de Francia, en materia de desperdicio alimentario; se trata de regulaciones contra el despilfarro de la comida no solo en los hogares, también en los restaurantes e igualmente, en la producción agrícola para evitar que  los llamados productos feos sean desechados.

Solo en 2022, cada hogar español tiró a la basura, de media 65.5 kilos de alimentos Los productos sin elaborar siguen siendo los más desperdiciados, aunque en 2022 fueron un 9% menos que en 2021  y respecto a los platos cocinados, su desperdicio aumentó un 6% respecto de 2021.

En cuanto al comportamiento fuera del hogar, aunque el consumo alimentario aumentó  6.1% en 2022, se produjo una reducción del desperdicio del 11.3%, lo que supone una reducción en más de 4 millones de kilos  en comparación con 2021.

Pero el gobierno del socialista, Pedro Sánchez, ha dicho basta: precisamente, el pasado 1 de abril, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 1/2025 relacionada con la prevención de la pérdida y desperdicio de alimentos y que tiene por objeto prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos por parte de todos los operadores de la cadena alimentaria.

Esta nueva legislación busca fomentar la producción y consumo responsables relacionados con el sistema alimentario establecido en la Agenda 2030. La meta es  reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita e influir en las cadenas de producción para que tampoco tiren tanto alimento a la basura.

¿De qué va esta legislación? La ley se aplica a las actividades realizadas por los operadores de la cadena alimentaria, definidos como operadores pertenecientes al sector primario incluidas las cooperativas y otras asociaciones; así como entidades o empresas dedicadas a la preparación, producción o distribución de alimentos; otros, comerciantes minoristas, empresas del sector de la hostelería o la restauración y otros proveedores de servicios alimentarios.

La prevención es lo primero, incorporando cualquier producto agrícola o alimento que no se venda pero que pueda comerse deberá, ante todo, no ser objeto de desperdicio: o se vende, se regala o se dona.

España además tiene la intención de reducir los residuos e incentivar el reciclaje: desde formar composta, biogás o bien otros combustibles, hasta exigir a los restaurantes cero desperdicio orgánico y darle, a los clientes, un tóper con sus sobras.

“Todos los operadores de la cadena alimentaria deben aplicar esta jerarquía de prioridades a todas las pérdidas o desperdicios de alimentos en cualquier fase de la cadena alimentaria bajo su control, adoptando las medidas adecuadas para garantizarlo. Las disposiciones contractuales que excluyan expresamente la donación de alimentos son nulas de pleno derecho”, de acuerdo con dicha legislación.

A COLACIÓN

La nueva ley introduce un régimen de sanciones. El incumplimiento de un plan de negocio para prevenir o reducir el despilfarro y el desperdicio de alimentos o la destrucción o alteración intencionada de alimentos aptos para el consumo, se considerarán infracciones graves sujetas a una multa a partir de los 2 mil y máximo,  500 mil euros.

El gobierno español quiere conseguir  a través de esta legislación, una labor de sensibilización y  de educación sobre el control de los productos frescos perecederos y no perecederos, y su aprovechamiento, en especial tras la implementación de las nuevas rutinas tanto de trabajo, como de consumo, fuera del hogar.

España se dota, por primera vez, de un marco legal para prevenir el desperdicio alimentario, con un enfoque centrado en la prevención y en los seres humanos.  La prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos y, cuando no sea posible, se buscarán otros usos como, por ejemplo, mermeladas, piensos o hacer compost.

En todas partes del mundo, el  desperdicio perjudica especialmente a los más necesitados, al encarecer el acceso a bienes de primera necesidad persiste un mal uso de los recursos naturales escasos y aumentan los residuos y el impacto ambiental. Todos los países deberían tener una ley así.