Dr. Américo Villarreal Anaya
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas
PRESENTE
Distinguido gobernador de Tamaulipas: Me dirijo a usted con respeto para presentar por este medio una formal queja y denuncia pública en contra de algunas autoridades que laboran en las agencias del Ministerio Público y de la Unidad de Atención a Víctimas en esta ciudad de Nuevo Laredo.
El caso al que me refiero es por cometer presuntos actos de corrupción e irregularidades en la integración y manejo del RAC 726/2022 y de las carpetas procesales 156/2023 y 37/24, lo que ha obstruido y dilatado durante dos y medio años la aplicación de la justicia en un caso de violencia física, golpes, allanamiento de morada y amenazas en contra mía y de mi esposa, quienes somos personas vulnerables de la tercera edad.
Desde que ocurrió esta agresión dentro de mi domicilio el 25 de octubre del año 2022, en las agencias del Ministerio Público se notó la posible complicidad que existe entre algunos funcionarios de la fiscalía local con quienes cometieron la agresión que nos envió al hospital ese día y nos hace acudir de manera constante a solicitar atención médica por las secuelas que nos ha dejado.
Dicha agresión fue cometida dentro de mi propio domicilio por los señores Anselmo Pedroza Vázquez y Tony Castillo Acuña, quienes nos golpearon en forma cobarde y ventajosa dejando lesiones visibles en nuestros cuerpos y con serias complicaciones a nuestra salud, lo que ya limita el modo de vida de mi esposa y el mío, porque de manera constante debemos acudir a terapias físicas y psicológicas al Centro de Rehabilitación Integral (CRI), del Sistema DIF local.
Pero aun así las autoridades judiciales y nuestra asesora de atención a víctimas del Estado, Rosalba Hernández Roux, han tomado nuestro caso con mucha irresponsabilidad, insensibilidad y deslealtad, al negarse a la incorporación de más pruebas de daños posteriores a los hechos que menciono, lo que evidentemente hace más lento el desarrollo del proceso judicial en contra de nuestros agresores.
En este tiempo varios agentes del Ministerio Público han llevado este caso por ser los responsables de realizar las investigaciones y la persecución de los delitos a los que hago mención, pero no se ha avanzado pese a existir suficientes pruebas y elementos para castigar a nuestros agresores.
El agente del MP Edgar Chaires Sánchez manipuló desde el inicio el RAC 726/2022, mientras que las MP Elizabeth Juan Avendaño y otra de nombre María, también han obstaculizado y dilatado la aplicación de la justicia.
Por su parte, los indiciados César Anselmo Pedroza Vázquez y Tony Castillo Acuña, responsables de los delitos que menciono, se encuentran vinculados a proceso pero se han visto beneficiados con las sucias maniobras de su abogada defensora, Gisela Palomares Colmenero, quien a base de amenazas e intimidaciones ha pretendido que desistamos de nuestras demandas, o de lo contrario nos va a pesar.
Al no acceder a sus pretensiones de desistir de las demandas en contra de nuestros agresores, la abogada Gisela manda a familiares de César Anselmo y Tony Castillo a intimidarnos frente a nuestro domicilio con claras provocaciones, lo que resultó en una denuncia en contra de mi esposa mediante falsas acusaciones y mentiras, con el objetivo de que retiremos bajo presión las demandas que hemos interpuesto.
Esta abogada cuenta con el posible apoyo de autoridades ministeriales y judiciales, y el objetivo es retirar las demandas en contra de Tony Castillo, con la amenaza de que de no hacerlo ordenará judicializarla, lo que viola el estado de derecho que debe existir para la construcción de un ambiente libre de violencia para las mujeres y las personas de la tercera edad.
Tony es empleado del Poder Judicial del Estado y ha sido favorecido por ese motivo, y aun así sigue amenazándonos, por lo que existe otra demanda en su contra presentada el 26 de enero del año pasado por el delito de amenazas de muerte, la que no ha prosperado porque la MP Elizabeth Juan Avendaño la ha detenido, y porque Tony trabaja en la Cuarta Región Judicial.
La abogada de nuestros agresores, Gisela Palomares, conduce un programa de música en la radio, desde donde favorece a los agentes del MP al mencionar sus nombres tras el micrófono y amenizar sus fiestas con un grupito musical suyo, aunque después presuntamente cobra esos favores solicitando a los agentes a que manipulen las carpetas de investigación, como es mi caso, para obtener posibles beneficios.
En lo que respecta a quien fuera nuestra asesora jurídica de Atención a Víctimas, Rosalba Hernández Roux, al igual que la agente del MP que nos asignaron, Claudia Carballo Hernández, su evidente incompetencia, deslealtad y desinterés por ayudarnos como víctimas ha sido clara durante todo este tiempo.
Peor aún es el hecho de que el juez de control que lleva a cabo las audiencias correspondientes en la Cuarta Región Judicial (juzgados), les ha indicado a la MP Claudia Carballo y a nuestra defensora pública, que utilicen sus facultades y soliciten el uso de la fuerza pública para detener a los probables responsables de nuestra agresión, pero hasta el momento no lo han hecho, lo que representa un claro desacato al estado de derecho y a la propia autoridad, lo que genera burlas constantes de los indiciados y de su abogada aun dentro de la sala de audiencias.
Son varias las veces que el juez de control le ha sugerido a la MP Claudia Carballo que solicite la orden de presentación o de aprehensión, pero ha sido omisa, lo que ha motivado que las amenazas, el acoso y las agresiones verbales en nuestra contra afuera de nuestro domicilio, se incrementen de manera peligrosa para nosotros.
Debido a que no se avanza en este proceso judicial que ya debe terminar en un juicio con sentencia en contra de nuestros agresores, durante estos dos años y medio hemos sido objeto de constante acoso, intimidaciones y amenazas por parte de sus familias, en especial de Magda Nelly Alejandro Ibarra, pareja del señor Anselmo.
Esta mujer y otras personas de manera constante se presentan en nuestro domicilio para acosarnos y difamarnos, y con mentiras y amenazas nos dicen que retiremos las demandas o de lo contrario nos va a pesar, de lo que existe constancia en la Fiscalía de Distrito de esta ciudad
Debo decir que desde hace casi 40 años me dedico al periodismo, que tengo una trayectoria profesional que cuido de manera honesta y sin mezclar mi vida personal con la laboral, y aun así considero injusto que se me niegue el acceso a la justicia de manera tan infame por funcionarios carentes de toda sensibilidad social y humana.
Cuento con reconocimientos nacionales e internacionales en mi trayectoria profesional, y nunca pondría en riesgo todos esos años de trabajo y de esfuerzo con una mala conducta, por lo que hago responsables a quienes menciono en esta denuncia pública de lo que me pueda ocurrir a mí, a mi esposa, a mi familia y a mis pertenencias.
¿Acaso abogados como Gisela Palomares son más poderosos que las autoridades judiciales?
¿Si esto le ocurre a un periodista, que le podrá suceder a una persona que no cuente con respaldos de nadie?
¿En manos de quien está la justicia?
Por estos motivos señor gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, y doctor Irving Barrios Mojica, fiscal general de justicia en Tamaulipas, solicito su inmediata intervención para que este tipo de acciones en nuestra contra y en contra de quienes han sido y son víctimas de un sistema judicial injusto y corrompido, cesen de inmediato.
Con respeto y en apego a la legalidad, señor gobernador, hago un llamado a su política humanista y de buena voluntad para que en Tamaulipas reinen la paz y la tranquilidad para todos sus habitantes, y solicito gire instrucciones para dar cumplimiento a nuestras demandas y cese el hostigamiento y el acoso del que somos objeto.
ATENTAMENTE
Gastón Eligio Monge Estrada
