Siete diputados argentinos presentaron una denuncia penal contra el presidente, Javier Milei, por su intención de emitir un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y presentarlo al Congreso para poder tomar un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, según explicó uno de los denunciantes a la Agencia Sputnik.
“Para nosotros se trata del cumplimiento de un deber, que es el que delegó la Constitución en todos los que formamos parte del Congreso, por lo tanto, lo asumimos como tal para presentar esta denuncia”, informó el diputado Hugo Yasky.
La denuncia presentada por los siete diputados denunciantes, que pertenecen a la alianza opositora Unión por la Patria (peronista), apunta contra Milei por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y por abuso de poder.
En su presentación, los legisladores alegan que la decisión del mandatario argentino de emitir un DNU para lograr un nuevo crédito del FMI vulnera dos artículos de la Constitución nacional.
“La Constitución nacional, de manera taxativa, establece que una de las cuestiones que es atribución exclusiva del Congreso es definir sobre tratados internacionales y sobre el tema de la toma de créditos o empréstitos en nombre de la nación”, refirió Yasky, secretario general de una de las centrales obreras del país, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).
Disponer medidas que signifiquen ampliar la deuda externa del país sudamericano, y en simultáneo, aprobar o desechar tratados concluidos con otras naciones atenta contra el art. 75 de la Constitución, detalló el legislador.
El artículo 76 de la Carta Magna, en tanto, “prohíbe expresamente la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, por lo que firmar un DNU para contraer deuda con el FMI es un acto que viola la Constitución y un acto que además va contra una figura legal, que es el incumplimiento de deberes de funcionario público”, remitió Yasky.
El diputado afirmó que la pretensión de Milei de aprobar con un DNU a libro cerrado un acuerdo con la entidad multilateral entra en contradicción con la legislación argentina, por lo que la denuncia se extiende también a quienes hayan participado en la redacción o firma del decreto.
Experiencia pasada
El expresidente Mauricio Macri (2015-2019) anunció en 2018 un acuerdo con el FMI por el que aceptó un préstamo de 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44 mil millones de dólares, en lo que fue el mayor préstamo otorgado por la entidad multilateral en toda su historia.
La concreción de este crédito tampoco pasó por el Congreso, pero Macri no tuvo que rendir cuentas ante la justicia por el crédito que convirtió a Argentina en el país con la mayor deuda del FMI.
El expresidente llegó a estar imputado por no haber buscado la autorización del Congreso antes de endeudar al país sudamericano a partir de una denuncia que presentaron el titular del partido Unidad Popular, Claudio Lozano, y el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo.
Pese a la opinión contraria del entonces fiscal interviniente, Jorge di Lello, el juez federal a cargo del caso, Julián Ercolini, desestimó la denuncia por considerar que no había delito.
En 2021, el Parlamento sancionó la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una normativa impulsada durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, que requiere de una ley del Congreso para aceptar todo programa de financiamiento del FMI.
“En el caso de Macri, no existía la Ley Guzmán, que fue aprobada por unanimidad y que establece la obligación de debatir en el Congreso todo tema concerniente a la deuda y a refinanciamientos con compromisos contraídos que puedan significar una erogación del Estado argentino”, detalló Yasky.
El diputado y titular de la CTA aseguró que la primera denuncia contra Milei en la justicia penal por un tema de deuda externa “sienta un precedente y de alguna manera, más allá del resultado que se pueda lograr, empieza a horadar la gruesa malla de impunidad que rodea este tipo de actos”.
El legislador consideró que al igual que los 44 mil millones de dólares concedidos al Ejecutivo de Macri, la operación de deuda con el FMI se esfumará en la denominada “bicicleta financiera”, como se conoce al hecho de cambiar dólares por pesos argentinos, invertirlos en un plazo fijo y cobrar los intereses con réditos mayores a los de cualquier inversión internacional.
“Sabemos que este nuevo préstamo también lo vuelve a pagar el pueblo argentino: por eso sentamos un precedente, por el cual podremos sentarnos ante el FMI y reclamar la ilegalidad de la deuda”, remarcó el diputado.
A su juicio, sería “consecuente” que Unión por la Patria abogara por reconocer como “ilegal” el nuevo préstamo para así evitar su pago.
La denuncia de los siete diputados recayó en el juzgado Federal Criminal y Correccional 2, cuyo titular es el juez federal Sebastián Ramos, con Carlos Rívolo como el fiscal federal a cargo del caso.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/
