Madero, Tamaulipas.- La falta de personal en la Dirección de Ecología de Ciudad Madero ha dificultado la atención de denuncias relacionadas con el maltrato animal, particularmente en el caso de caballos utilizados para jalar carretas con basura, actividad prohibida por la legislación local.

Jesús Alberto Olvera Vargas, titular de la dependencia, señaló que el área opera con solo 10 empleados, una cifra insuficiente para atender los más de 100 casos registrados en el municipio.

Mencionó que a pesar de estas limitaciones, se han realizado acciones como el decomiso de caballos y la imposición de multas económicas a los responsables.

“El uso de caballos para estas actividades está prohibido por la ley, y nuestra obligación es proteger a los animales. Sin embargo, necesitamos más personal para ampliar nuestra capacidad de acción”.

Indicó que hasta el momento, 10 equinos han sido rescatados y trasladados a los patios de Servicios Públicos del Ayuntamiento, donde se les realiza una revisión médica y en caso de detectar lesiones, los animales reciben atención inmediata.

Dicha problemática pone de manifiesto la necesidad de un compromiso mayor por parte de las autoridades y la sociedad para erradicar el uso indebido de animales en actividades que comprometan

su bienestar.

Madero, Tamaulipas.- Gabriela Sepúlveda, madre de familia, denunció ser víctima de violencia vicaria, luego de que su hijo Damián, de 11 años de edad, le fuera arrebatado en una acción que considera injusta.

El caso salió a la luz tras un incidente ocurrido en un colegio privado de la colonia 20 de Noviembre, donde, según la madre, el menor fue sustraído en contra de su voluntad.

Damián habría sido aislado durante cinco horas con su padre y otras personas, quienes presuntamente realizaron una labor de convencimiento para obligarlo a salir del recinto.

La madre asegura que cuenta con la custodia legal de su hijo, pero que su exesposo presentó una orden judicial para llevárselo, además, aseguró haber sido víctima de diversas formas de violencia intrafamiliar, incluyendo agresiones psicológicas, económicas y físicas, que derivaron en el conflicto por la custodia.

“Esto no es solo mi lucha, es la lucha de muchas mujeres que enfrentamos la violencia vicaria. Mi hijo no quiso irse, y aun así lo forzaron. Yo solo quiero que esté conmigo, que esté seguro”.

Al respecto, el secretario del ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, dijo que la administración no tiene injerencia en asuntos judiciales relacionados con la custodia de un menor, tras la manifestación de un grupo de ciudadanos en las puertas de la presidencia municipal.

El secretario del ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, dijo que entienden la preocupación de las personas involucradas, se trata de un asunto de carácter judicial que debe resolverse en las instancias correspondientes.

“Es importante destacar que el Ayuntamiento no imparte justicia ni puede intervenir en decisiones que emanan de un juez, si consideran que sus derechos han sido vulnerados, deben dirigirse al Poder Judicial o, en caso de acusar irregularidades administrativas contra la Procuraduría del DIF, presentar una denuncia formal para que se investigue adecuadamente”.

Resaltó que la situación tuvo origen en un mandamiento judicial que otorgó la custodia del menor al padre, instruyendo a la Secretaría de Seguridad Pública para ejecutar dicha resolución, incluso mediante el uso de fuerza pública si fuese necesario.

Indicó que la Procuraduría del DIF fue requerida por el juez para acudir con una psicóloga al colegio del menor, ya que la institución educativa no contaba con una especialista en ese momento.

Añadió que si existe una queja contra la Procuradora del DIF, se debe denunciar administrativamente ante las autoridades competentes.