Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, juez y parte
- Multas y sanciones, el camino a la autocensura
- Lineamientos a modo para unas lecciones cómodas
- ¿Camino hacia la dictadura?
Difícil encrucijada para los medios de comunicación, en especial para la radio y la televisión, es la que enfrentarán en caso de que el gobierno federal aplique la normativa de intervenir en sus procedimientos internos para calificar o descalificar las noticias emitidas bajo el argumento de proteger a los radioescuchas y televidentes.
Y aunque el gobierno descarta que se trate de una medida de control y censura hacia medios y periodistas críticos a su gobierno, los nuevos lineamientos buscan regular la información y los derechos de los concesionarios, es decir, buscan censurar de manera velada cuando se afecten los intereses del gobierno o de sus integrantes.
Sin duda que se trata de medidas no solo delicadas sino peligrosas para quienes ejercemos el periodismo, ya que de aplicarse mediante una de esas llamadas ‘consultas públicas’ por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano administrativo del gobierno federal, el derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa se verían vulnerados por la posibilidad de que el gobierno federal a través de dicha instancia obtenga la facultad de decidir en qué momento una noticia es falsa o verdadera.
La preocupación y el temor entre periodistas y medios de comunicación existen, es real por la enorme ambigüedad del planteamiento oficial que en primera instancia otorgaría al gobierno federal la facultad de quitarle al comunicador o al medio la garantía de su derecho de informar a la sociedad.
Se trata de una situación extremadamente delicada porque son obligaciones que deberán ser cumplidas por las concesionarias, sometiéndolas a capricho del gobierno a diferenciar lo que es noticia de lo que es una opinión editorial, pero hace a un lado el hecho de que en una opinión o una editorial puede haber también información, por lo que diferenciarlas sería muy complicado para la audiencia.
Bajo esta premisa gubernamental, si una radiodifusora o una televisora difunden noticias ‘falsas’, a criterio del propio gobierno y bajo recomendación de la Comisión Reguladora podrá imponer sanciones o multas millonarias, posibilidad que podría llevar a la quiebra y al cierre a varios medios de comunicación críticos al gobierno.
Para evitas estas multas o sanciones, el camino a seguir de algunos medios será el alienarse a la política informativa del gobierno o cerrar sus puertas, por lo que estas medidas regulatorias y de supuesta defensa de los derechos de las audiencias, no es otra cosa más que el primer paso hacia la censura gubernamental, un paso que desde que Morena está en el gobierno ha ido avanzando hasta que ya es una realidad porque tiene fecha de inicio.
Pero si el gobierno miente u ofrece datos falsos a través de conferencias de prensa o en la misma mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿quién va a regular o a sancionar esa información? Porque la medida va solo contra el periodismo y los periodistas críticos que todavía se atreven a señalar actos de corrupción, de nepotismo, ligas con la delincuencia organizada, tráfico de influencias y otras acciones que con evidencias y pruebas presentadas no son sancionadas por las autoridades.
Curiosamente estas medidas del gobierno se aplicarán justo cuando está por iniciar el proceso político previo a las elecciones del 2027, un evento que se le está complicando mucho a Morena por tantos señalamientos de corrupción tanto desde dentro como desde fuera del país, por lo que un blindaje de este tipo le caería como ‘anillo al dedo’ a la presidenta Sheinbaum y a Morena.
Participar en las elecciones del próximo año sin la incomodidad de ser criticados o señalados por periodistas o medios de comunicación so pena de ser sancionados es el objetivo de la presidenta y de Morena, porque al aprobarse los lineamientos de esta medida regulatoria contra la radio y la televisión, el paso a seguir será la prensa escrita y las redes sociales, es decir, censura total.
Con una oposición política sometida, una prensa sometida y una sociedad engañada, Morena y el gobierno quieren paso libre en las elecciones del 2027, porque de cómo libren este escollo serán las elecciones del 2030.
Por lo que es muy posible que en lo que resta de este año y los primeros meses del próximo, las agresiones y atentados a periodistas y las amenazas a medios de comunicación serán la tónica a seguir porque medidas como las que pretende el gobierno para silenciar y someter a la prensa crítica son muy similares a las que impuso el dictador preso de Venezuela, Nicolás Maduro.
En Cuba estas medidas ya existen desde hace tiempo, pero en Nicaragua se recrudecieron hace unos días con la dictadura de Daniel Ortega al eliminar la posibilidad de que haya elecciones y prensa libre en ese país.
Está visto que atentar contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión y contra el derecho de informar y ser informados, a través de la aplicación de medidas regulatorias a los medios de comunicación, no solo preocupa sino que es un riesgo real ante el temor de que la presión gubernamental aumente contra las transmisiones en radio o televisión.
Atentar contra estas libertades es un claro atentado contra la democracia, porque un país sin prensa libre será siempre un país sin libertad.
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