DE ser ciertas las versiones que platican muy en lo privado familiares y amigos muy cercanos al exalcalde tampiqueño OSCAR PEREZ INGUANZO, la verdad es que está pasando por una etapa crítica en su vida.
Primero, porque enfrenta un proceso penal que lo mantiene privado de su libertad y, segundo, porque, además, permanece internado en una institución de salud en donde convalece de una agresión de que fue objeto durante su encierro en las celdas de la Policía Metropolitana, allá en el exsólido sur.
Respecto a esto último, tal parece que PEREZ INGUANZO tenía razón al intuir que su integridad física corría peligro, aunque, claro está, los motivos de sus temores no han salido a la luz pública.
Después de días de bonanzas económica y política, tal parece que su suerte ha dado un giro de 180 grados y ahora enfrenta las penalidades y brutalidades provocadas por malos manejos en la administración pública y rencillas con particulares.
Acusado de disponer de recursos públicos para su peculio personal que le permitieron considerable inversión en la Unión Americana, OSCAR PEREZ INGUANZO enfrenta dos procesos penales: uno de ellos en libertad bajo fianza y, el otro, sin gozar de ese beneficio una vez que el Juez que lleva la causa le decretó el auto de formal prisión.
Como es del dominio público, el exedil del puerto de Tampico es acusado de los delitos de Uso Indebido de Atribuciones y Falsificación de Documentos, como resultado del escrutinio realizado a su cuenta pública por la Auditoría Superior del Estado.
Independientemente de los asuntos que tienen que ver con el Código Penal en Tamaulipas, el procesado convalece de las severas lesiones que sufrió al ser agredido por un grupo de desconocidos cuando se encontraba detenido en las celdas de la Policía Metropolitana luego de que se ejecutara la segunda orden de aprehensión.
De ahí que familiares y amigos critiquen acremente el aparato de procuración de justicia en la entidad, pues a pesar de los temores externados, no se le brindó protección, salvo la colocación de un chaleco anti balas en el momento de la diligencia judicial en donde se le declaró formalmente preso.
La inconformidad provocó que la diputada local GRISELDA CARRILLO REYES, integrante de la Comisión de Justicia del Congreso Local, se apresurara a manifestar que es falso que existan excesos en el juicio penal que enfrenta PEREZ INGUANZO.
No convence cuando asegura que el proceso se está manejando con transparencia y con estricto apego a la ley, y que no se tiene por qué violentar la integridad física de ninguna persona.
Sin embargo, lo que no explica con claridad cómo es que, de acuerdo a lo dicho por sus familiares, fue agredido con brutalidad cuando se encontraba confinado en las celdas de la institución policial preventiva en la zona conurbada del sur tamaulipeco.
Igualmente, la legisladora local priísta no aplica la transparencia cuando es cuestionada acerca del porqué sólo el exjefe de Comuna en Tampico ha sido encontrado presunto culpable de recursos públicos y no otros exmunícipes.
Lo anterior, en base de que existen presunciones más que suficientes como para aplicar la misma acción de la justicia penal a los expresidentes municipales de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y ciudad Victoria.
Las millonarias deudas que heredaron a sus respectivos sucesores RAMON GARZA BARRIOS, OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ, ERICK SILVA SANTOS y ARTURO DIEZ GUTIERREZ obligarían a igual trato por parte de la Auditoría Superior del Estado y la Procuraduría de Justicia en Tamaulipas.
No obstante, será harto interesante conocer el veredicto que mañana miércoles emitirá el órgano fiscalizador estatal ante el pleno legislativo, con relación a los resultados del análisis de otras cuentas públicas.
De no producirse ninguna otra acción penal similar a la que enfrenta en cautiverio OSCAR PEREZ INGUANZO, quedará en la opinión pública la percepción de que el tampiqueño fue víctima de oscuros intereses políticos y no precisamente de un programa estatal para la recuperación de credibilidad a la hora de castigar el desvío del erario.
Por el momento, MARIO RUIZ PACHUCA, excoordinador de Comunicación Social, y el exalcalde tampiqueño OSCAR PEREZ INGUANZO son quienes enfrentan reclamos de la ley privados de su libertad.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
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