EN tiempos actuales, donde la contracción de la economía mundial y la caída de bolsas de valores forman parte de la vida cotidiana, con todo y sus efectos dañinos colaterales, en México, la actuación de los tres niveles de gobierno debería ser con mayor apego a los sectores productivos.
La necesidad de captación de recursos para sostener el gasto corriente del aparato gubernamental federal ha motivado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración Tributaria, arremeta contra de los ya de por sí hastiados contribuyentes cautivos.
El cobro de multas por parte del SAT, que oscilan entre los 8 y 16 mil pesos, forma parte de esa estrategia del gobierno del presiente FELIPE CALDERON HINOJOSA.
La declaración extemporánea, así sea por algunas horas, y la omisión de un código postal, por ejemplo, son motivo de sanciones administrativas que afectan la deteriorada economía de empresas y comercios.
Como pelear con Lolita es prácticamente ponerse con Sansón a las patadas, a los sufridos contribuyentes del padrón de la Secretaría Federal de Hacienda no les queda más remedio que pagar el requerimiento.
Tal parece que al gobierno federal y su política económica les interesa un bledo afectar aún más a los distintos sectores productivos.
Los asesores calderonistas en la materia olvidan que la campaña emprendida en contra de los cárteles de la droga ha disparado los delitos de extorsión y secuestro.
Lejos de tomar en cuenta ese daño colateral que ha impactado a la economía de los mexicanos y que mantiene en la zozobra a los ciudadanos como consecuencia del clima de inseguridad, la Federación se encarga de vapulear todavía más a los sufridos contribuyentes aztecas.
Lo anterior, sin tomar en cuenta lo caro que representan los servicios de energía eléctrica y los incrementos mensuales a los precios de las gasolinas y carburantes.
En la recta final del sexenio de CALDERON HINOJOSA, además de lo antes expuesto, vale la pena mencionar el fracaso de éste en lo que respecta a la generación de empleos.
Pero no sólo en el nivel federal de gobierno se trata de captar el mayor número de recursos y, en consecuencia, frenar el desarrollo de la economía.
La Comisión Estatal de Prevención Contra Riesgos Sanitarios ha desatado una campaña tendiente a imponer sanciones económicas, argumentando violaciones a diversas normatividades.
El cobro por derechos de interconexión a la red de drenaje sanitario, supervisión exagerada en farmacias y hospitales privados y obstáculos para el desempeño de pasantes de medicina serían tan sólo algunos ejemplos.
En opinión del titular de esa dependencia, doctor GERARDO GARCIA SALINAS, tan sólo se pretende hacer valer lo que señala la ley sanitaria en la entidad.
Con fundamento en una serie de artículos, impuso una multa de 108 mil pesos a la empresa trasnacional Home Depot por derechos de interconexión a la red de drenaje sanitario, a pesar de que ese pago se hizo ante la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros.
La sanción administrativa está en manos del departamento jurídico de la empresa que entrará en funcionamiento en el mes en curso y analiza el argumento de la COEPRIS, pues no descargará productos tóxicos, salvo las aguas residuales de los servicios sanitarios.
Lo peor del caso es que la red de drenaje de la empresa descargará en un colector de la colonia Las Granjas, que se encuentra colapsado.
Otro caso concreto es la sobrevigilancia a pasantes de medicina para que no ejerzan como médicos titulados.
Cierto es que para desempeñar esa profesión se requiere del título profesional y que, de acuerdo a la ley, no pueden ejercer como doctores quienes no tengan su licencia respectiva, a pesar de haber terminado sus estudios en las aulas e, incluso, examen profesional.
Lejos de medidas que afectan de alguna manera esa actividad, la autoridad estatal y federal debería contribuir para hacer más expedita y menos oneroso el gasto para la expedición de los títulos profesionales a quienes dedicaron varios años a su preparación profesional.
Eso de aplicar la normatividad sólo para generar recursos y distribuirlos en el gasto corriente gubernamental, en tiempos como los actuales, no es la mejor manera de aplicar la política social.
Y hasta la próxima
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