ADEMAS de problemas que tienen que ver con financiamiento, estrechez de las casas-habitación, abandono de las mismas, escrituración y atención no adecuada a los solicitantes, otro problema enfrentan los residentes en unidades habitacionales del Infonavit.
La disputa por las áreas verdes se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes viven en los conjuntos poli-familiares.
Si bien es cierto que en ocasiones los interesados logran un acuerdo equitativo de esa superficie propiedad de la comunidad, también es muy cierto que en muchos de los casos la inconformidad hace presa entre quienes viven avecindados bajo esa circunstancia.
El problema surge, generalmente, cuando el habitante de la planta baja de un conjunto habitacional dispone del área destinada por el Instituto de Vivienda para el desplazamiento y acceso común de los inquilinos de los pisos superiores.
Es común que los habitantes que gozan de las ventajas del primer plano pretendan influir en las condiciones de limpieza y ornato de las áreas verdes. Sin embargo, en ocasiones, exageran el cuidado y, prácticamente, se apoderan y posesionan de una superficie que no es de su propiedad.
El fenómeno se presenta con mayor frecuencia en las unidades habitacionales construidas en los inicios de ese programa de apoyo a la vivienda del gobierno federal.
Varios casos que ejemplifican lo anterior se manifiestan claramente en el primer asentamiento poblacional de esa naturaleza conocido como Infonavit-Buenavista.
En esa comunidad ubicada en el actual centro geográfico de la ciudad se observa claramente cómo los vecinos que viven en las plantas bajas aprovechan a su favor las áreas verdes e, incluso, las delimitan con bardas o cercas ciclónicas.
En otros casos en donde la concordia prevalece, los vecinos de determinado conjunto habitacional se ponen de acuerdo para ampliar sus casas en los tres niveles, utilizando para ello la superficie de bienestar común.
De esa manera incrementan su pie de casa con una estructura de tres pisos cuyos gastos son prorrateados de manera equitativa.
En ejemplo como el anterior, la duda prevalece en cuanto a qué autoridad habrá de conciliar intereses en una eventual inconformidad de los avecindados, por ahora en común acuerdo.
El asunto es que mientras la Dirección de Obras Públicas del Municipio es la dependencia encargada de autorizar cualquier tipo de construcción, las ampliaciones se hacen en terrenos cuyos propietarios no pueden demostrar su legítima propiedad.
Algunos dueños de inmuebles ubicados en ese tipo de comunidades multifamiliares argumentan a favor de esa práctica que todo se hace previo acuerdo entre los interesados.
Sin embargo, la duda persiste cuando por algún motivo, causa o razón la cordura desaparezca y se cree un conflicto entre vecinos que obligue la intervención de una autoridad conciliadora.
En cuanto al apoderamiento de superficie de beneficio comunitario por inquilinos abusivos, de plano, son acciones que no tienen justificación alguna y que carecen de regulación.
En la Unidad Habitacional Infonavit-Buenavista se da el caso de un exceso de abuso por parte de un vecino propietario de una de esas casas de interés social pero de construcción individual.
Arbitrariamente cercó parte del área verde destinada para un conjunto habitacional de tres niveles, cuyos dueños, en todo caso, tendrían derecho a decidir el destino de esa superficie de acceso y desplazamiento.
Disputas entre vecinos, por un lado, y complicidad de dirigentes de colonos, por el otro, viene generando ese tipo de conflictos sociales en esas unidades construidas o financiadas por el Infonavit.
Otro problema relevante que enfrenta ese programa federal de apoyo a la vivienda es el abandono repentino de 800 casas-habitación en Tamaulipas.
De acuerdo al informe del delegado estatal LUIS CARLOS CORDOVA RUBIO, ese mismo número de familias a quienes se les adjudicó un inmueble, por diferentes factores decidieron abandonarlo.
La pérdida del empleo o emigración al extranjero son las principales causas de ese fenómeno social.
Y hasta la próxima.
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