VAYA posturas encontradas que se están suscitando en el rubro de inversión privada y la consiguiente generación de empleos en la esquina noreste del país.
Por un lado, el gobierno del estado promoviendo las ventajas de Tamaulipas para la atracción de capitales y oferta de mano de obra calificada, y, por el otro, la recomendación del gobierno estadounidense a sus ciudadanos y empresarios para que no crucen al territorio nacional, concretamente a esta entidad.
El actual sexenio que encabeza el ingeniero EGIDIO TORRE CANTU ha puesto especial interés en el fortalecimiento de la economía estatal, llevando como puntas de lanza a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de Economía y Turismo.
El importante programa de trabajo torrista recae en manos de los hermanos RAUL CESAR y MONICA GONZALEZ GARCIA, quienes gozan de la confianza plena, en ese ámbito, del mandatario tamaulipeco.
Apenas el pasado miércoles, en gira de trabajo, TORRE CANTU inauguró nuevas naves industriales de la iniciativa privada lo que, de acuerdo a lo programado, generarán buen número de empleos.
Lo que con bombo y platillo parecía convertirse en el inicio del rescate de la economía regional cambió radicalmente con el tronante exhorto del gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos y empresarios, en voz del Cónsul General, MICHAEL BARKIN.
El alto funcionario del departamento de Estado del gobierno más poderoso del planeta transmitió la recomendación bajo el argumento del alto índice de inseguridad en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, principalmente.
En menos de 24 horas, el esfuerzo mediático del Ejecutivo Estatal en materia de inversión y generación de empleos sufrió serio revés como consecuencia del exhorto yanqui.
Lo que, a decir verdad, no le falta razón al Tío Sam al advertir a sus ciudadanos e inversionistas las graves condiciones que en materia de seguridad pública padecen actualmente ambas entidades federativas.
Por cierto, el tema relacionado con la recuperación de fuentes de trabajo no es del todo claro, pues mientras las cifras oficiales del gobierno del estado indican un repunte en la estadística, los números del Instituto Mexicano del Seguro Social precisan todo lo contrario.
Lo que trae a colación las críticas, objetivas o no, que enfrenta el Secretario del Trabajo RAUL CESAR GONZALEZ GARCIA con relación a las llamadas “ferias del empleo”.
Algunos empresarios de la localidad consideran innecesarios ese tipo de eventos si se toma en cuenta que los diferentes organismos sindicales enfrentan ociosidad de mano de obra.
En Matamoros, por ejemplo, aseguran, un montaje de esa naturaleza, que además genera un costo al erario estatal, podría sustituirse con la ocupación de varios miles de obreros sindicalizados que actualmente no tienen un empleo.
En el entendido de que, por supuesto, en ambos casos se esgrimen argumentos de peso que avalan la información, aparentemente controversial.
Desde luego que el tema se presta a un mayor desglose. Sin embargo, algo que salta a la vista y es muy poco promocionado es lo relacionado con el pago que reciben los empleados sindicalizados.
Se escucha bastante bien cuando cifras oficiales hablan de la recuperación de empleos con la instalación de nuevas factorías o la ampliación de las ya existentes.
No obstante, tanto la parte gubernamental como la sindical y, obviamente, la empresarial se guardan muy bien el secreto que tiene que ver con el salario muy mínimo que reciben los trabajadores.
Óptica muy distinta sería si a la par de la recuperación de empleos se establecieran remuneraciones económicas decorosas para los obreros.
El término de mano de obra calificada es muy socorrido cuando se trata de promover la entidad para atraer inversionistas. Lo malo del caso es que, contrario a antaño, el pago por jornada va muy a la baja.
Sueldos que apenas rebasan los 600 pesos semanales resultan insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de una familia.
Sería muy justo y equitativo que así como se argumenta en favor de bajas percepciones para proteger a las fuentes de empleo, también la autoridad en la materia debiera exigir cuentas claras a los inversionistas con relación a sus verdaderas utilidades, en un afán de evitar la explotación del hombre por el hombre.
Y hasta la próxima.
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