SIN que necesariamente deba interpretarse como una actitud de hostigamiento informativo sino más bien como secuela de los últimos acontecimientos, de nueva cuenta sale a relucir el escabroso tema relacionado con la llamada Torre Bicentenario.
La ocupación y rápida desocupación de algunos pisos superiores por parte de personal asignado a distintas secretarías estatales volvió a colocar en la mira de la opinión pública la obra insignia del pasado sexenio.
Las constantes fallas en los elevadores y puertas de acceso, además del reciente desprendimiento de las hojas de plafón colocadas en cada piso, obligó a suspender la ocupación de la impresionante mole de acero y concreto.
La obra que requirió de millonaria inversión y que fue inaugurada con bombo y platillo al término del año y la administración estatal anterior es fecha que no puede ser ocupada a plenitud y con seguridad como consecuencia de las deficiencias estructurales y otras que tienen que ver con el diseño.
A pesar de los 600 millones de pesos que costó al erario tamaulipeco, la Torre Bicentenario ha requerido de una inyección importante de recursos extras para paliar algunas fallas, aunque, desafortunadamente, sin éxito total hasta el momento.
Ante tal situación, el nuevo gabinete estatal ha dispuesto una ocupación gradual y en horarios distintos de entrada y salida, como una manera de enfrentar el problema que significa la incapacidad de los elevadores.
La semana pasada, de acuerdo a lo previsto, inició el proceso de ocupación de las modernas pero disfuncionales oficinas gubernamentales. No obstante, el desprendimiento del techo falso en algunos de los pisos obligó a la suspensión del movimiento y el regreso a las antiguas instalaciones.
Otro efecto colateral resultante de la mala planeación de diseño e ingeniería civil es el natural temor de los burócratas, quienes, de plano, no confían en la seguridad de su nuevo centro de trabajo.
La versión que circula cada vez más en el sentido de que la imponente obra registra una leve inclinación sobre uno de sus costados es un motivo adicional que preocupa a los empleados estatales llamados a convertirse en los primeros inquilinos.
Como si las fallas estructurales no fueran suficientes en el mal fario que persigue a la Torre Bicentenario, la falta de vigilancia policial en esa zona de la capital cueruda es otro prietito en el arroz.
Como consecuencia de ello se ordenó reforzar la seguridad en las instalaciones del Congreso del Estado, por lo que habrá un registro minucioso de los automóviles que ingresen al área de estacionamiento y las personas que se introduzcan al recinto legislativo.
Las situaciones de riesgo derivadas de “eventos violentos” en ciudad Victoria hacen muy aventurado el circular y desplazarse hacia o desde el complejo en donde se localiza el Congreso del Estado, el Archivo Estatal, el Polyfórum, recinto ferial y las nuevas oficinas gubernamentales.
Sin ánimo pesimista y con base en la realidad, tal parece que quienes proyectaron y diseñaron esa obra de infraestructura urbana sólo pensaron en las utilidades que les generaría la millonaria inversión, dejando en segundo término la logística que tiene que ver con distancias, seguridad, desplazamientos y eventuales bloqueos multitudinarios.
Lo que trae a colación la reciente declaración del Secretario de Obras Públicas, MANUEL RODRIGUEZ MORALES, en el sentido de que ya no se pedirá el tradicional diezmo a los contratistas encargados de la ejecución de obras.
Lo que, tácitamente, es una aseveración que deja al descubierto la práctica de esa malsana acción en el pasado, lo cual, por supuesto, no es ninguna novedad.
Al afirmar que en el actual sexenio la asignación de la obra pública ya no dependerá de ningún ofrecimiento monetario, prácticamente el titular de esa importante área gubernamental estatal pone en el tocadero a quienes se despacharon con la cuchara grande en el sexenio de la corrupción.
Sin descartar que pudiese ser un anuncio con fines mediáticos tendiente a la clásica vacunación del equipo en turno con descrédito para el relevado; de entrada, bien vale la pena conceder el beneficio de la duda al Secretario Estatal de Obras Pública.
Y hasta la próxima.
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