LA violencia extrema que enfrenta el país ha generado, además de las 40 mil muertes entre bajas directas y ‘daños colaterales’, el hartazgo ciudadano, polarización partidista, movilizaciones masivas y la exigencia de declaratoria de ‘estado fallido’.
La expresión del presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA al referirse a Tamaulipas en el contexto violento motivó la natural reacción del Poder Legislativo, el apoyo de las clase empresarial e, insólito, la intervención del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión ante lo que califican como una ofensa presidencial.
También, la desesperación de los ciudadanos de buen vivir motivó la multitudinaria marcha encabezada por el poeta y escritor JAVIER SICILIA, que inició en Cuernavaca, Morelos y terminó, el pasado domingo, en el zócalo capitalino.
Del mismo modo, la impotencia del Estado mexicano para someter al crimen organizado ha sido acremente criticada por los empresarios afiliados a la Federación de Cámaras de Comercio.
Ante la severa crítica del Jefe del Ejecutivo Federal, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, GUADALUPE FLORES VALDEZ, fiel a su servicio al sistema en el poder, ‘devolvió la copa’ al Jefe de la Nación afirmando que Tamaulipas no es un estado fallido y que sus instituciones son fuertes y trabajan por el progreso, en todos sus ámbitos.
Ante el mutis al respecto mostrado por los diputados federales tamaulipecos, la Subsecretaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, MARA ILIANA CRUZ PASTRANA, se comprometió a solicitar el apoyo de sus legisladores en la Cámara Baja en busca de un punto de acuerdo para respaldar a la entidad y sus órdenes de gobierno y, por el contrario, responsabilizar de la violencia al presidente CALDERON HINOJOSA por su política errática para enfrentar la violencia que aqueja la mayor parte del territorio mexicano.
Mientras la declaración de la diputada plurinominal y pastora congresal fue tomada como una respuesta en automático y no necesariamente del todo objetiva, sí causó extrañeza el silencio de los curulecos federales tamaulipecos, a quienes les pasó de noche la embestida presidencial contra Tamaulipas y su gobernante.
En cambio, JAVIER SICILIA se ha pronunciado por desmilitarizar las calles mexicanas y buscar otra estrategia presidencial para combatir a la delincuencia organizada en virtud del trágico resultado que representan las 40 mil muertes oficialmente contabilizadas hasta el momento.
Como si todo lo anterior resultara insuficiente, la Vicepresidencia de Fronteras de la FECANACO, en voz de su dirigente JULIO ALMANZA ARMAS, ha solicitado que se aplique el estado de ‘excepción’ en San Fernando, Tamaulipas, que se disuelvan los poderes municipales que encabeza el alcalde TOMAS GLORIA REQUENA y que la federación asuma el control de esa comunidad.
En opinión del dirigente empresarial y ex candidato del PRD a la gubernatura “la violencia, afectación económica e ingobernabilidad han llegado a niveles socialmente intolerables para las personas que ahí habitan”.
Como es evidente, el flagelo que azota el país y que se manifiesta en la violencia extrema se recrudece día a día, provocando la desesperación ciudadana ante la impotencia del Estado mexicano para restablecer el orden y la paz social.
Por cierto, en atención a correctos, justos y objetivos cuestionamientos que nos hace llegar una amable ciberlectora, a continuación algunas respuestas solicitadas, en el entendido de que nuestros puntos de vista no se generan necesariamente en un clima de valor sino en la necesidad de aportar opiniones lo más ecuánimes posibles en servicio a la sociedad, obviamente, desde nuestra muy particular perspectiva.
La inquietud surge de anterior colaboración en donde anotamos: “Aunque, a decir verdad, dada la incapacidad del gobierno federal para enfrentar el flagelo y su estrategia indefinida en el combate al crimen organizado, no resulta pesimista observar un horizonte oscuro a largo plazo”.
“¿El Gobierno federal es el responsable?” Sí. La estrategia actual del gobierno calderonista ha costado oficialmente 40 mil muertes y no parece que los cárteles de la droga hayan disminuido su actividad delincuencial.
“¿Y qué pasa con el gobierno del estado?” Para bien o para mal la normatividad constitucional define delitos y autoridad para enfrentarlos, relegando a los gobiernos locales, sin que esto quiera decir que no formen parte del Estado mexicano y, por consiguiente, deban asumir la responsabilidad que les toca.
“¿Cuál sería la estrategia que Usted propone para combatir al crimen organizado?”. Primero, que el Estado mexicano combata la impunidad en los tres órdenes del gobierno. Segundo, que se vulnere la fortaleza económica del crimen organizado. Extremar la vigilancia en las aduanas fronterizas sería un buen comienzo. Tercero, que se aplique la inteligencia y la tecnología de punta y no convertir las calles mexicanas en campos de batalla. Cuestión de analizar cómo el gobierno estadounidense localizó y asesinó a su acérrimo enemigo, OSAMA BIN LADEN.
“¿Cuál es la estrategia del ‘gobernador’ de Tamaulipas?”. La única a la cual tienen que recurrir los mandatarios estatales en zonas de conflicto, sin importar colores partidistas: solicitar el apoyo de la Federación ante su incapacidad para enfrentar el poderío de los cárteles de la droga.
“¿Hay gobernador en Tamaulipas?” Sí, avalado por las elecciones constitucionales en julio del año pasado. Si cumple o no las expectativas de los tamaulipecos es una situación que habrá de calificarse globalmente al término de su mandato.
Finalmente, por supuesto que comparto su opinión en el sentido de que a los tamaulipecos no nos preocupa ni nos interesa si es ‘crimen organizado’ o ‘desorganizado’ o si son delitos federales o del fuero común. Lo único que nos interesa es la seguridad, la cual, desde luego, están obligados a proporcionar, de acuerdo a sus responsabilidades constitucionales, los gobernadores, los alcaldes y el propio presidente de la república.
Y hasta la próxima.
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