Claudia González, Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos, Teresa Bautista, Felícitas Fernández, Susana Chávez, Marisela Escobedo, Rubí Marisela Frayre, Lydia Cacho… Tal vez ninguno de estos nombres, salvo el de Lydia, le parezca a usted familiar, y quizás se extrañe de porqué inicio mis comentarios con sus nombres.
Todas ellas tienen algo en común, excepto la periodista Cacho: están muertas.
Porque se atrevieron a desafiar un estado de cosas que en estos momentos está vetado para todo ciudadano y periodista en el país, gracias a la excesiva impunidad fomentada por las autoridades que permiten que los delincuentes anden libres en las calles, y a la censura oficial y paraoficial que calla nuestras bocas y mutila nuestra capacidad de organizarnos y de expresarnos libremente, tal vez porque vivimos en un país en donde la simulación sustituye a la capacidad de acción, y en donde el abuso impone su ley.
Tal vez, sí, tal vez porque se vive en un país en donde las leyes son misóginas y la equidad de género es letra muerta ante tanto abuso en contra de mujeres que se atreven a denunciar la inequidad de género, porque les está aún vetado el derecho a desafiar las leyes impuestas por hombres que consideran la relación hombre/mujer similar a la relación trabajo/hogar, debido a una mentalidad que permite la división social del trabajo tanto en la calle como dentro del hogar.
Denunciar la corrupción, la impunidad, el abuso de autoridad, la delincuencia, el nepotismo, la simulación, y defender la libertad de expresión y de libre prensa, así como la equidad de género, son hoy en día temas de extremo riesgo y peligro para quienes se atreven a desafiar el poder oculto y el poder que le confiere la impunidad a la delincuencia.
Las tres primeras mujeres de 20, 15 y 17 años de edad, fueron halladas en noviembre del 2001 en un lugar conocido como ‘campo algodonero’ en ciudad Juárez; Teresa y Felícitas, dos jóvenes indígenas que tenían un noticiero llamado ‘Radio Comunitaria. La Voz que Rompe el Silencio’, en Oaxaca, fueron asesinadas en abril del 2008 por exigir su derecho a la libertad de expresión.
La activista social y poeta Susana Chávez, fue asesinada el 6 de enero de este año en ciudad Juárez. Tenía 36 años.
Marisela fue asesinada en enero por defender su derecho a saber la verdad sobre la desaparición y muerte de su hija; la primera de 52 años y su hija de solo 17.
A Lydia la detuvo la PGR en diciembre del 2005 en Cancún, por presuntos actos de difamación y calumnias contra un empresario amigo del gobernador Mario Marín. Sigue viva gracias a su tenacidad de buscar la verdad y porque el ser tan conocida le ha permitido forjarse un escudo casi indestructible.
¿Cuántas mujeres y mujeres periodistas han muerto o están en grave peligro en estos momentos, sólo por denunciar su derecho a ser libres y a expresarse con libertad?
Retomo los casos porque la violencia contra las mujeres parecen ser temas que en vez de tener solución, se complican cada vez más por la tenacidad de las autoridades por no investigar, y porque el sistema judicial en México y en varios países de América Latina, no funciona porque quienes aplican las leyes no lo permiten.
La relatora de la ONU en temas de violencia contra la mujer, Rashda Manjoo, explica que la violencia contra las mujeres existe simplemente porque algunos hombres pueden hacerlo, a pesar de foros, propuestas, presentaciones, reformas legales, promesas y todo tipo de acciones para promover el derecho a la igualdad de género entre hombres y mujeres, pero hasta el momento todo indica que ha sido inútil, ya que en América Latina, por ejemplo, se tiene una de las tasas más altas en ese sentido.
Existen organismos en México que defienden los derechos de las mujeres. La red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Comunicación e Información de la Mujer, Centro de Periodismo y Ética Pública, y muchas otras dedicadas a la defensa de las mujeres que luchan por la igualdad de derechos ante los hombres, muy a pesar de que en ello vaya su integridad física o sus vidas mismas, porque se ve que la violencia contra ellas va en peligroso aumento.
En Nuevo Laredo existe un organismo, que aunque municipal, ha hecho magnífico trabajo a favor de la mujer. Es el Instituto Municipal de la Mujer, cuya titular, Ana Lidia Treviño Ley, ha demostrado no solo capacidad e interés porque la igualdad de género sea una realidad y ya no una utopía.
Su trabajo me consta porque lo he visto de cerca. Su pasión por la defensa de la mujer es para ella algo que va más allá del trabajo que realiza en dicho organismo, es parte de ella misma porque le nace hacerlo y porque la sensibilidad que le brota del alma, le facilita el diario quehacer a favor de la mujer maltratada.
Solo espero que el alcalde Benjamín Galván Gómez, la ratifique en ese cargo porque ha demostrado trabajo y sensibilidad para hacerlo. No ratificarla sería un retroceso para el valioso trabajo que desempeña, y poner a otra mujer en su lugar, sería retroceder e iniciar el trabajo desde cero.
¿Hasta cuándo la equidad de género permitirá eliminar la violencia contra las mujeres?

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Y para no variar, en ciudad Victoria el alcalde Miguel González Salum fue reprendido severamente por el gobernador Egidio Torre Cantú, por haber hecho unas declaraciones en días pasados relacionados con la inseguridad.
Por tal motivo, Egidio le prohibió hacer más declaraciones, por lo que desde el lunes solo podrá declarar cosas relacionadas con eventos sociales, deportivos y de aspectos que nada tengan que ver con la inseguridad.
La verdad, me parece absurdo que un gobernador le prohíba aun alcalde declarar algo que le compete en exclusivo a un edil.
¿En dónde quedó la autonomía municipal? ¿Qué la Constitución Política de México no defiende la figura del Municipio Libre?
Prohibir la libre manifestación de ideas es similar a promover la censura entre gobernantes de bajo nivel, por lo que considero un acto violatorio a los principios, deberes y derechos de los municipios en el país.
Ahora, de seguir así las cosas, pronto veremos que el veto se extenderá a los 43 municipios de la entidad, con la lamentable repercusión hacia los gobernados, y peor aún, hacia quienes tenemos la delicada misión de informar a la sociedad de lo que hacen o dejan de hacer nuestros gobernantes.
Aún es tiempo de restablecer el estado de cosas y de evitar conflictos más serios con los medios de comunicación, mejor dicho, de los comunicadores con el poder estatal y el municipal, ya que no hay nada peor en un país que se dice democrático, que socavar la libertad de prensa y de expresión.
Pero no, espero que ello no ocurra en Tamaulipas ni en Nuevo Laredo, porque estoy demasiado acostumbrado a decir lo que siento y a escribir lo que veo, porque después de todo, soy periodista y la gente tiene derecho a saber lo que ocurre en esta ciudad, ¿o no?

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Pero lo que de plano me causó nauseas no por mareo sino por las estupideces que dijo el secretario de Hacienda ayer, Ernesto Cordero Arroyo, de que en México las familias que ganan seis mil pesos mensuales están felices porque con ese magnífico salario pueden comprar una casa, un auto y hasta tener crédito en cualquier banco y pagar la colegiatura de sus hijos en una escuela privada, tal vez en el Liceo Español o en el Colegio América de esta ciudad
Solo le faltó decir que además, ese salario alcanza para tener dinero ahorrado en cualquier banco, poder planear unas merecidas vacaciones en cualquier destino turístico del país, y vestirse con ropa Versacce (creo que así se escribe).
Si así fuera, me gustaría que ese funcionario y todos los de su clase, se bajaran el abultado salario de 150 mil y hasta 200 mil pesos mensuales que ganan, y adoptaran el que dicen, ya cuando menos durante un mes, y que nos digan después que es lo que sintieron cuando manejaban un desvencijado vocho por las mejores avenidas de cualquier ciudad del país.
En México, la realidad no es la que nos describen los funcionarios de alto nivel como ese sujeto que dice que es secretario de Hacienda, sino la que viven a diario esos 50 millones tal vez, de mexicanos que subsisten con un salario de hambre, ese de seis mil pesos mensuales.
La realidad indica que en el país hay menos ricos, pero más ricos gracias a esos miserables salarios que pagan, y que en esta ciudad no alcanza ni para mantener a una familia de cinco miembros con tres de los hijos en una escuela pública.
Tampoco alcanza para vivir en una minicasa de 35 o 40 metros cuadrados de Reservas Territoriales o Villas de San Migue de esta ciudad, aunque sí puede alcanzar para comprar un auto chatarra de importación ilegal de Estados Unidos, modelo 1990 y si le va bien, 1995, que echa humo en exceso y que solo dará uso útil por seis meses o menos.
Creo que también puede alcanzar para inscribir a los hijos en un colegio particular, de esos que les llaman ‘patito’.
SI fuera como dice el secretario de Hacienda, estaría feliz con los seis mil pesos que gano al mes.

Hasta mañana
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