España necesita mantener el esfuerzo en formar su capital humano para ser competitiva, pero debe hacerlo mejor
AMANDA MARS / J. A. AUNIÓN
EL PAIS
El nivel de gasto público de España en educación es inferior a la media de la OCDE, pero las estrecheces presupuestarias como consecuencia de la crisis dificultan la mejora. En un momento de economía de guerra, el sistema debe mejorar la eficiencia de sus recursos y atajar lacras como el abandono escolar. Las administraciones y el mundo universitario también exploran nuevas vías de financiación
Las personas, en el idioma del hombre económico, se llaman capital humano. Y que este capital sepa leer, escribir, sumar, e incluso tenga una titulación superior que le haya enseñado a hacer cosas complejas resulta imprescindible para mejorar la competitividad de la economía y rentable para las arcas públicas, que en el futuro tendrán que gastar menos prestaciones para el individuo formado -tendrá mejor salud y mejores ingresos- y recibirá más pastel de sus impuestos.
Si invertir en educación puede ser costoso, no hacerlo sale mucho más caro, también económicamente, suele decir el ministro Ángel Gabilondo. Y no es una frase vacía, porque el hombre económico que habla de capital humano también se pone a echar cuentas y descubre, por ejemplo, que no sólo individualmente es rentable seguir estudiando (cuanta más formación, más sueldo y menos paro), sino que para el conjunto de un país también lo es. Según el estudio anual que hace la OCDE sobre la educación, los beneficios de la enseñanza son mayores que la inversión que se hace, también en el nivel posobligatorio (ver cuadro).
A la luz de estos datos, la pregunta que debería hacerse un país es: ¿estamos invirtiendo lo suficiente en Educación? La respuesta suele venir en forma de comparación, y el hecho es que la crisis y las estrecheces de los presupuestos públicos han cogido a España aún por debajo del nivel de gasto público de los países desarrollados. Los de la OCDE gastaron en educación, de media, el equivalente al 5,3% de su producto interior bruto (PIB), los de la UE de los 27, el 5,05%, y España, el 4,3%, según los últimos datos comparables del Ministerio de Educación, de 2006.
Es posible que la diferencia se haya acortado, ya que el gasto en España ha ido creciendo en los últimos años (en 2009 fue 4,95% del PIB). Sin embargo, para Andreu Mas-Colell, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en España, en realidad, no hay que obcecarse en el dilema entre destinar o no más recursos a la educación, ya que cree que no habrá mucho más margen para gasto: “Ha habido cierta tendencia a imponer obligaciones que implicaban un gasto sin tener en cuenta los recursos públicos que requerían. Esa lógica algo imprudente ha funcionado a veces, pero ahora los ingresos públicos están en tensión. No hablo sólo de la crisis, sino a 15 años vista”, reflexiona Mas-Colell, que fue consejero de Universidades del Gobierno catalán en la etapa de CiU.
El escenario ha cambiado en poco tiempo. Si el conjunto de las administraciones públicas españolas cerró 2007 con un superávit de dos puntos del PIB, 2009 batió el récord de déficit público al superar el 11%. El Gobierno español ha prometido a Bruselas y los mercados internacionales que dejará este equilibrio en el 3% en 2013 y para eso hace falta revisar las cuentas. El grueso del gasto público educativo, con las competencias transferidas, depende de las comunidades autónomas: el 88% en 2007. La Administración central, que cifró en 3.088 millones el presupuesto de este año en Educación, asume el resto.
Con todo, el pacto educativo que el Gobierno ha ofrecido a las comunidades y las fuerzas políticas y sociales se compromete a “incrementar la inversión en Educación. Ese incremento debe ir acompañado también de la rendición de cuentas y de mejoras en la eficiencia del gasto educativo”. Y esto último, precisamente, es para algunos expertos lo primero y fundamental. “En estos momentos los resultados comparables internacionalmente son deficientes por la relación entre lo que se gasta y los resultados que se logran. ¿Es esto sostenible? Es la sociedad la que tiene que decidir cuánto quiere gastar en educación y qué parte quiere sustentar con sus impuestos”, opina José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la UPF.
En el informe Pisa de 2006, los estudiantes españoles de 15 años ocuparon la posición 35 en lectura, en una lista de 56 países, la 32 en matemáticas y la 31 en ciencias. Además, España es el tercer país europeo con más abandono escolar temprano (casi el 32% de los jóvenes entre 18 y 24 años dejó de estudiar después de la enseñanza obligatoria, muchos sin el título de ESO), sólo superada por Portugal y Malta.
Es necesario señalar las atenuantes sociales y laborales (durante años ha sido muy fácil para los jóvenes encontrar un trabajo sin cualificación) para esta última cifra, pero el hecho cierto es que ya no puede haber excusas. “El porcentaje de empleos que requieren cualificaciones de alto nivel pasará del 29% en 2010 al 35% en 2020”, y otro 50%, cualificaciones medias, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el organismo de la UE ha encargado las proyecciones de empleo con las que organizar las necesidades educativas, dice la comisaria europea de Educación, Androulla Vassiliou.
Pero no sólo se trata de repartir titulaciones, sino de saber más. “Polonia elevó el rendimiento de sus alumnos de 15 años en la lectura de Pisa el equivalente de casi un año escolar en menos de una década, a la vez que redujo a la mitad las diferencias de rendimiento entre escuelas. El valor económico a largo plazo de una mejora similar en los resultados de los estudiantes españoles podría equivaler a más de 40.000 millones de dólares [unos 30.000 millones de euros] adicionales en los ingresos nacionales”, asegura Andreas Schleicher, director del Informe Pisa de la OCDE.
España, desde una posición muy alejada de los países desarrollados, ha logrado extender enormemente la educación en las últimas décadas y se ha enfrentado a la vez a la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años y a la llegada masiva de inmigrantes. Ahora, pues, se trata de dar más calidad. ¿Cómo?
La ex ministra de Educación María Jesús San Segundo decía en un artículo del año pasado en Papeles de Economía Española que, a pesar de los estudios que dicen que un aumento del gasto educativo no conlleva directamnet mejores resultados, iniciativas concretas “en la extensión en la escolarización infantil, o en tutores y grupos de refuerzo en primaria y secundaria, ofrecen buenos resultados académicos, así como tasas apreciables de rendimiento económico de la inversión (entre el 6% y el 9%, en general)”.
El problema, una vez más, es que todo eso es caro, y justo ahora, las cuentas no salen. “Cuando se habla de financiación en educación, siempre hay que distinguir entre enseñanza universitaria y no universitaria”, dice Carmen Pérez Esparrells, profesora de Economía y Hacienda Pública de la Autónoma de Madrid. “En una sociedad desarrollada hay que garantizar una igualdad de acceso a todos los niveles educativos, incluidos los posobligatorios (especialmente el tramo de 16 a 18 años que es el que más nos diferencia con Europa y la OCDE). Por eso, no parece oportuno recortar la inversión en los niveles no universitarios porque en determinadas zonas urbanas (barrios o áreas con mayor presencia de población inmigrante) y en algunas rurales (con poca densidad de población) se necesitan mayores recursos y nuevas políticas que introduzcan una mejor gestión”.
“La inversión de dinero público es más justificado en la enseñanza obligatoria y la inversión de dinero privado es más justificado en la terciaria”, opina Schleicher. Mientras la mayor parte de la rentabilidad de los estudios obligatorios es social, el retorno económico de los estudios superiores es más individual.Lo cual no quiere decir que, aunque menor que en otras etapas, no haya beneficio público en la universidad: “A través de los impuestos recaudados, los titulados de las universidades devuelven a las arcas públicas 1,35 euros por cada euro que el sector público gastó”, dice un informe del año pasado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre los campus de esa comunidad.
En cualquier caso, desde hace años hay señaladas ineficiencias que, sin recorte alguno, supondrían recuperar un dinero que acaba en la basura, pero que, a pesar de estar sistemáticamente encima de la mesa, no se llegan a resolver. Pero, en época de crisis y cambios como la actual, las soluciones son ya inaplazables. Cuando una economía entra en la etapa de vacas flacas “la organización debe ser óptima y, en eso, debemos mejorar”, apunta Mas-Colell, refiriéndose, sobre todo, a la universidad.
Por ejemplo, además del fracaso escolar en secundaria, el abandono universitario también supone un “despilfarro” de recursos, en palabras de Juan José Dolado, profesor de la Universidad Carlos III. Un 30% de los alumnos abandonan después de dos años sin obtener titulación alguna y sólo un 30% acaba la licenciatura de cuatro años en el periodo previsto (la duración media asciende a seis años). Según los cálculos de Dolado, con un flujo de entrada anual de 220.000 alumnos en la universidad pública y un stock de 1,22 millones en el curso 2008/09, el “despilfarro anual” asciende a 2.960 millones de euros. No obstante, esta cifra debe reducirse en cierta medida, ya que parte de estos alumnos puede reengancharse a los estudios en el futuro y, durante sus años de universidad, adquirió destrezas que le servirán en su vida profesional.
Algunos expertos creen que, con matriculas más altas y mejores becas y ayudas (préstamos) se mejorarían las cifras de abandono y repetición. Pero también se trata, una vez más, de calidad, cuyo principal punto de mejora son los profesores. Así, el catedrático de Sociología de la Universidad Salamanca Mariano Fernández Enguita asegura que sería muy importante mejorar el hoy deficiente sistema de incentivos al buen trabajo de los docentes, lo cual también serviría para la educación no universitaria.
Otro gran chorreo de recursos públicos es la dispersión territorial de las universidades que, si bien ha conseguido extender la educación superior, ya no sirve. Resulta inviable un mapa de 47 universidades públicas presenciales con 117 campus, a las que hay que sumar 23 universidades privadas, con una oferta muy similar, tantas veces repetida, que muchas carreras de muchas facultades se han ido quedando vacías al descender los alumnos con la curva demográfica. Políticamente, es muy difícil que nadie tome la decisión de cerrar facultades, así que la opción más viable era que dentro de las comunidades, o entre autonomías vecinas, se pongan de acuerdo para repartir sólo en algunos sitios titulaciones con poca demanda. Pero de esto se lleva hablando años y, a pesar de esfuerzos como el de Cataluña o Valencia, en general, aún con la reforma de las carreras que está exigiendo el proceso de Bolonia, ha sido un fracaso.
