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En los tiempos más crudos del autoritarismo presidencial, el Poder Legislativo era una institución borrosa, inerte, sujeta a las decisiones del Ejecutivo que eran aprobadas sin chistar –pues éste participaba activamente en la integración de las cámaras al autorizar las candidaturas que el partido procesaba–, desdeñando las expresiones críticas del puñado de opositores que atenuaban levemente la homogeneidad priista. Tan sumisos eran los diputados y senadores, tan dispuestos a simplemente levantar la mano en las votaciones –no se utilizaba entonces el tablero electrónico– que se les describía de modo ofensivo como si fueran borregos. En consecuencia, su jefe era tenido como un pastor.

Así se llamaba corrientemente al líder de la mayoría, que era al mismo tiempo cabeza de la Gran Comisión, órgano de gobierno de cada cámara. Aunque nunca a nadie le gustó ser tenido como simple integrante de un hato, de una manada, los pastores no experimentaban mayor molestia al ser tenidos como conductores de ella. En la medida en que ellos mismos estaban sujetos a la voluntad presidencial, parecían experimentar satisfacción en cumplir cabalmente su función de control estricto, de mando sin miramientos. Casi se les veía portar el cayado y orientar con ese instrumento a las ovejas al redil.

Las cosas han cambiado en el modo de conducir los trabajos de las cámaras. Aunque rige, como es comprensible, una disciplina partidaria en las fracciones legislativas, no hay ya subordinación mecánica entre los legisladores y quienes los encabezan. Muchas razones explican que así sea, entre ellas que no hay en ningún partido una fuente exclusiva de las candidaturas y por lo tanto la relación de obediencia se ha diversificado. Por ejemplo, muchos diputados de los que ayer instalaron la LXI Legislatura responderán más directamente a los gobernadores que propiciaron su elección, que a los coordinadores, líderes o jefes que los encabezan.

En las bancadas de mayor dimensión el gobierno de las fracciones es conferido por los propios legisladores. Eso ocurre en el PRI y el PRD, cuyos grupos eligen a los coordinadores, que de ese modo resultan primeros entre iguales. Aun en el PAN, donde el nombramiento respectivo es privilegio del jefe nacional del partido, difícilmente puede ser tomada una decisión de este género sin una consulta mínima, y menos se puede adoptar una resolución a contrapelo del sentir mayoritario.

El tono de la legislatura que está comenzando será reflejo de la personalidad y los intereses de los líderes de las fracciones, que integran la Junta de coordinación política, uno de los dos órganos que rigen a la cámara –el otro es la mesa directiva, encargada de dirigir los debates– y del modo en que se relacionen entre sí. Aunque la materia legislativa se amasa con muchos ingredientes, el funcionamiento de la Junta es uno de los principales, y dado el talante de quienes la integran es dable esperar un productivo desempeño de sus responsabilidades colectivas.

Si bien Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador priista, no ha tenido un largo trayecto legislativo, su actividad poliédrica le permitirá hacer realidad su anuncio de no avasallar a la oposición, ahora que su partido, en alianza con el Verde, ha recuperado la mayoría en el pleno y por ende el control de la cámara, incluidas las posiciones de decisión, como la presidencia de las comisiones más relevantes.

Contador público formado en la Universidad Nacional, Rojas Gutiérrez se dedicó largo tiempo al ejercicio privado de su profesión en el despacho Casas Alatriste, que antaño era el predilecto del gobierno para la realización de sus auditorías. Por ese camino ingresó Rojas a la administración pública en que alcanzó sus responsabilidades mayores, vinculado a Miguel de la Madrid. Éste creó la Secretaría de la Contraloría (hoy de la Función pública) y la confió a Rojas Gutiérrez, a quien también designó director de Pemex, cargo en que su compañero de gabinete Carlos Salinas lo ratificó al llegar a Los Pinos. El perfil administrativista de Rojas Gutiérrez se enriqueció con experiencia política, como diputado en la LIX Legislatura. Se le atribuye obediencia al gobernador Enrique Peña Nieto y a través de él a Salinas de Gortari. Pero como director de la Fundación Colosio Rojas Gutiérrez dio señales de independencia al desarrollar foros sobre energéticos que consolidaron la posición formal de su partido, contraria a la privatización petrolera. Otro rasgo singular de su trayectoria es la proximidad que ha mantenido con la UNAM, como dirigente de exalumnos, como presidente del Patronato Universitario (la autoridad que maneja los recursos financieros de esa institución) y como presidente del patronato de la Orquesta Filarmónica de la propia Universidad.

Josefina Vázquez Mota ha tenido una carrera pública mucho más breve, y apenas hay en ella un breve tramo de experiencia legislativa. Entró en la vida pública como diputada federal, a partir de su prestigio como consultora privada en materia económica. Apenas permaneció tres meses en la cámara, pues el presidente Fox la designó secretaria de Desarrollo Social. Con matices respecto de los sexenios anteriores, pero en la misma línea, aprovechó la estructura y los programas de esa dependencia para promover clientela política a favor de su partido. Eso explica que Fox la comisionara para coordinar la campaña de Felipe Calderón, que a su vez la designó secretaria de Educación Pública con la encomienda de sujetarse a los lineamientos que fijara Elba Ester Gordillo, siempre poderosa dirigente sindical y exigente cobradora de facturas políticas, como las que generó su eficaz apoyo al ascenso de Calderón. Despedida de esa secretaría y destinada a un lugar secundario en la bancada, el resultado electoral del 5 de julio transformó el panorama en su provecho y ahora buscará que el gobierno salga bien librado de la coyuntura legislativa adversa que padece, con decenas de diputados menos que en legislaturas anteriores.

Alejandro Encinas tiene experiencia legislativa. Comunista desde su juventud, fue diputado al mismo tiempo que Luis Donaldo Colosio y su entendimiento con el que sería candidato presidencial del PRI, asesinado arteramente, muestra los alcances de sus capacidades de conciliación. Desde entonces acá su patrocinio político ha crecido por su eficaz desempeño como funcionario en diversas tareas de alto nivel en el gobierno capitalino y como acompañante y suplente de Andrés Manuel López Obrador tras su desafuero. Desde entonces ha observador el delicado equilibrio de ejercer sus propias convicciones sin chocar con López Obrador, habilidad que requerirá ejercer en grado sumo, pues no faltarán circunstancias críticas en que no pocos integrantes de su bancada, y él mismo, se aproximen a los diputados del PT y Convergencia más decididamente alineados con López Obrador.

El coordinador del Partido Verde, Juan José Guerra Abud, es un delegado del gobernador Peña Nieto. Su nombramiento revela la diversidad de aspectos de la alianza entre ese partido mercenario, pertinaz infractor de la ley, y el PRI. Uno de esos aspectos vincula directamente al mexiquense con el negocio de los González Torres-Martínez, sin pasar por la mediación de la burocracia priista. Guerra Abud fue funcionario del gobierno mexiquense con el gobernador César Camacho y luego dirigió una agrupación empresarial hasta que el heredero del Grupo Atlacomulco lo comisionó para dirigir, en su nombre, el grupo parlamentario verde, del que, para completar el ensamble, forma parte la telebancada, el núcleo de diputados emparentados o subordinados con los intereses del duopolio.

El Partido del Trabajo resolvió con prudencia un conflicto estructural que de no estallar pronto será un ejemplo de negociación política. La estrategia de López Obrador para fortalecer a partidos que lo apoyan dio un fructífero resultado con el PT. Bajo sus siglas fueron elegidos Porfirio Muñoz Ledo, su antiguo secretario particular y hoy activista irredento Gerardo Fernández Noroña, y el expriista jalisciense Enrique Ibarra, así como Jaime Cárdenas Gracia, antiguo consejero electoral, y Mario di Costanzo, responsable de asuntos financieros en el gabinete de López Obrador. De entre ellos debió surgir el coordinador, dada su fuerza en el seno del grupo. Pero ninguno es militante petista, como sí lo es el abogado Pedro Vázquez González, típico cuadro de ese partido en Monterrey, donde ha sido regidor y diputado local. En el ámbito nacional ha sido representante del PT ante el IFE, todo lo cual deriva de ser persona de todas las confianzas de Alberto Anaya.

Si se considera que ganar y ejercer la rectoría de una universidad (sobre todo una de las dimensiones e importancia de la de Nuevo León) es una actividad política, entonces la experiencia de Reyes Tamez Guerra se extiende ya a más de una década. Y así ha de ser porque el doctor Reyes Tamez Guerra aprendió a hacerla, y en vez de intentar ser la contraparte gubernamental del SNTE eligió subordinarse a él o cuando más hacerse su aliado. Obtuvo de ello el fruto que lo puso a la cabeza de la fracción de Nueva Alianza, donde será mera correa transmisora de las instrucciones de la dirigente magisterial que lo introdujo a la política electoral.

Pedro Jiménez León perseveró como priista tabasqueño hasta hace apenas siete años. Quizá esperaba que la influencia de Roberto Madrazo lo hiciera candidato a gobernador, pero cuando no fue así, en 2002 pasó a Convergencia, donde ha hecho una rápida carrera. A la par con la coordinación parlamentaria del grupo más breve (de apenas seis miembros), seguirá siendo secretario general del partido fundado por el exgobernador de Veracruz Dante Delgado.

Diversos orígenes, diferentes modos de ser, distintos propósitos, tendrán que amalgamarse para que la LXI Legislatura no se agote en los desacuerdos.