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MÉXICO, D.F., 26 de agosto (apro).- Como cada mes, desde 1998, el pasado domingo 22 se celebró una ceremonia religiosa en Acteal.

A diferencia de las anteriores, en ésta había un elemento especial: entre los asistentes se sentía el temor, la indignación y la frustración por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de ordenar, alegando inconsistencias jurídicas o técnicas, la liberación de 22 indígenas del lugar, a quienes se les señala como los responsables del asesinato de 45 miembros de la agrupación civil Las Abejas.

En la celebración estuvieron el padre Ernesto Cavasa, presidente de la Conferencia de Provinciales de los Jesuitas de América Latina; Carlos Morfín, provincial de los jesuitas en México, y Pedro Arriaga, vicario de la diócesis de San Cristóbal para Los Altos de Chiapas.

También, Joel Padrón, párroco de Simojovel, quien por un tiempo estuvo preso, luego de denunciar las injusticias en la zona norte de Chiapas, así como el padre Álvaro Domínguez de España, y el padre indígena de Chenalhó, Marcelo Pérez.

La ceremonia estuvo dedicada a reflexionar sobre la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, por la que la Procuraduría General de la República (PGR) acusó inicialmente a 124 indígenas, de los cuales sólo 83 fueron juzgados penalmente, seis fueron exonerados, uno más murió en prisión y uno está confeso.

De los 75 restantes, 24 fueron condenados a 36 años tres meses de prisión y el resto está en espera de sus sentencias, todos acusados de homicidio, lesiones y portación de armas sin licencia o de uso exclusivo del Ejército.

Durante la celebración se mencionó la decisión de un grupo académico del CIDE, que el 22 de diciembre de 2006, durante una rueda de prensa conjunta con Alternativa Ciudadana 21, anunció que tomaría la defensa de los presos en el penal de Cerro Hueco, acusados de perpetrar la matanza en Acteal, ya que, dijo entonces, “todos son inocentes”.

En Acteal, la decisión de los ministros de la SCJN, el pasado miércoles 12, se tomó de manera muy distinta al resultado de las encuestas que hicieron empresas como Parametría, las cuales señalaron que 70% de la población consideraba “inocentes” a los liberados.

En ese paraje de San Pedro Chenalhó no están de acuerdo en su inocencia.

“Los conocemos, son primos, tíos, son familiares de gente de aquí, ellos participaron directamente o ayudaron a los asesinos, sus familias viven aquí mismo”, dijo en la ceremonia Esteban Pérez Vázquez, presidente de la mesa directiva de la organización Las Abejas, a la que pertenecían los 45 asesinados.

Esteban reveló un dato más en plena ceremonia. Dijo que la mayoría de los detenidos no eran evangélicos, sino que eran católicos y se convirtieron en la cárcel para que los defendieran los abogados del CIDE, quienes tenían el apoyo de Felipe Calderón, pues en campaña se reunieron con el candidato del PAN y le ofrecieron el apoyo de la congregación evangélica el día de la elección, a cambio de que los ayudara a liberar a los detenidos por la masacre de Acteal.

La desesperación de Esteban reflejaba el estado de ánimo de los habitantes de Acteal, que temen represalias de los liberados por la Corte. Pero el jesuita peruano Ernesto Cavasa les dio una luz de esperanza. Les contó el caso de su país, donde se formó una comisión para investigar las desapariciones ocurridas desde 1985 al año 2000, en la guerra entre el gobierno y Sendero Luminoso.

“Pensábamos que eran como 10 mil, pero nuestra sorpresa es que la comisión integrada por miembros de la sociedad civil encontraron que eran muchos más, cerca de 80 mil, que habían descubierto en fosas comunes clandestinas. No nos habíamos dado cuenta del número de muertos porque la mayoría eran campesinos pobres, indígenas indefensos, perdidos en la montaña”, dijo el provincial de los jesuitas para América Latina.

Recordó que ante ese descubrimiento se organizó la sociedad civil y exigió castigo a los responsables intelectuales. Frente a la pregunta: “¿Quién estuvo detrás?”, dijo, se llevó a cabo una investigación que duró años.

Hoy, esos responsables están en la cárcel, añadió el padre Ernesto, y mencionó al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán; el presidente de entonces, Alberto Fujimori, así como Baldomero Montesinos y el general Nicolás Hermoso.

“Se puede llegar hasta el final, con trabajo paciente, se puede llegar hasta los últimos responsables”, dijo esperanzado.

La ceremonia, que se alargó tres horas, terminó con una danza de los indígenas tzotziles a sus muertos, a quienes llaman “mártires”, en el sentido estricto de la palabra, es decir, “testigos” de una causa aún pendiente, como es la justicia para los indios de México, que representan a 15 millones en todo el país.

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La contraproductividad podría definirse como aquello que, creado para obtener fines específicos termina, al rebasar ciertos umbrales, por volverse contra ellos. Cuando la escuela lejos de enseñar embrutece o cuando la energía, lejos de aumentar, por ejemplo, la movilidad, la paraliza, podemos decir que hay contraproductividad.
La guerra contra el narcotráfico, que el gobierno de Felipe Calderón creó como uno de los ejes de su administración, corre en este sentido. Nacida de la necesidad de desmantelar las redes del crimen organizado y hacer posible un México seguro, su presencia entre nosotros se ha vuelto contraproductiva en más de un sentido. Lejos de desmantelar las redes criminales y la circulación de las drogas, su presencia ha generado mayor inseguridad entre los ciudadanos, ha multiplicado no sólo las ejecuciones –los muertos por esta guerra son mayores que en zonas de conflictos armados como Irak–, sino también las redes por las que estas organizaciones distribuyen su producto y cooptan a las autoridades; ha creado también miedo en las organizaciones sociales que, so pretexto de esta guerra, son constantemente hostigadas y amenazadas –las denuncias contra el Ejército en la violación de los derechos humanos han ido en aumento. Ha hecho algo peor: está destinando una buena parte del dinero que podría invertirse en educación y cultura –dos rubros importantes para disminuir el consumo de la droga– en inteligencia militar y policiaca, es decir, en actividades para la violencia. Además, con el desempleo que la crisis económica ha generado, con los bajos salarios que se pagan en una buena parte de los empleos que aún quedan, la oferta del crimen organizado se vuelve un sitio atractivo para quienes, bajo el peso de una sociedad de consumo, carecen de salidas.
La guerra de Calderón que perseguía la paz, se ha vuelto en ese sentido una presencia constante de la guerra o, mejor, una presencia constante de la parálisis y de la contraproductividad que garantizan la impunidad. Bajo el pretexto de la seguridad hay que vivir en el terror de encontrarse en medio de una balacera, de ser detenidos –como si estuviéramos en un estado de excepción– por el Ejército o la policía para demostrar nuestra condición de ciudadanos pacíficos, de ser secuestrados, de ver reducidas las partidas destinadas a la producción de cultura y educación en beneficio de la violencia, de mirar el abismo en el que mucha gente, despojada por el sistema, puede encontrar una salida a su desesperación.
Los únicos que han ganado con ella son, al igual que lo fueron los financieros y especuladores, las instituciones contraproductivas de la violencia: policía, Ejército, narcos, gobernantes y jueces corruptos, ciudadanos que lavan dinero e instituciones carcelarias. Esta guerra, como cualquier guerra, define a la ciudadanía como un recurso que –es la lógica del gobierno– hay que proteger a toda costa, o –es la lógica del crimen– que hay que explotar –por el secuestro, la extorsión, el consumo y el miedo– para, en ambos casos, maximizar ganancias improductivas. Esto es lo que ha significado en los tres años de gobierno de Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico: la exclusión brutal del ciudadano que quiere sobrevivir noblemente.
¿Hay alguna salida? Desde mi punto de vista existen dos. El tráfico de drogas es, en el orden del libre mercado –el orden del cinismo–, una empresa más que busca su nicho en la economía. Satanizada por la misma moral que ha exaltado el consumo y el libre mercado y que otrora satanizó otro tipo de empresas que, como la del alcohol, terminó por legalizar, el tráfico de drogas y la contraproductividad que genera su persecución puede desmantelarse legalizándolo. Con ello se controlaría, como he dicho, su calidad para un consumidor que siempre existirá dentro de sociedades basadas en el consumo, y se captarían impuestos que podrían invertirse en salud, en educación y en cultura como medios para reducirlo. La otra sería la que hace poco propuso el vocero de La Familia: negociar.
Desde que la sociedad de consumo sentó sus reales en México, el crimen organizado ha existido. Por mucho tiempo, el gran capo, que fue el Presidente de la República, lo controló con negociaciones que lo mantenían en la periferia. Hoy, frente a la contraproductividad de la guerra y la complejidad jurídica que implica la legalización de la droga, habría que volver a allí. Negociar, como lo hacen las mafias cuando se fracturan, implicaría acuerdos que, sin legitimar los corredores de la droga, no se tocarían a cambio de que las propias mafias mantuvieran intocada a la población: no secuestros, no narcomenudeo. Las mafias tienen códigos de honor nacionales que, bien negociados, reducirían en buena medida la contraproductividad que su combate genera.
No es el bien –el bien implicaría un severo cuestionamiento de la idea de libre mercado, de desarrollo y del monopolio de lo económico–, pero es, dentro de una economía de mercado, el mal menor, un mal que al menos pondría un coto a la tremenda contraproductividad en la que el gobierno de Calderón, contra toda su lógica, se ha empeñado en los últimos tres años.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.