ISAíN MANDUJANO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 13 de agosto (apro).- Ninguno de los 20 indígenas excarcelados por el caso Acteal regresará a Chdenalhó, su lugar de origen.

Después de más de seis horas de negociaciones con el gobierno del estado, los indígenas exonerados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptaron no volver a sus comunidades, a fin de mantener la paz y la tranquilidad en la región.

La administración estatal, a través del secretario de Gobierno, Noé Castañón, propuso a los indígenas un acuerdo de Conciliación y Abono a la Cultura de la Paz, que implica su reubicación en un lugar diferente al municipio de Chenalhó.

El gobierno se comprometió a otorgar a los 20 indígenas liberados facilidades para que puedan reubicarse “y reiniciar su vida en libertad, con absoluta dedicación al trabajo para el bienestar de la familia”, de tal manera que les proporcionara bonos de vivienda y otros apoyos para su reubicación, así como facilidades administrativas y económicas para reincorporarse al cultivo de la tierra.

Mientras el gobierno de Juan Sabines cumple con lo ofrecido, los indígenas aceptaron permanecer en dos albergues temporales.

Sinuoso camino hacia la libertad

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a 26 quejosos relacionados con los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó. De ellos, 20 quedaron inmediatamente en libertad. En el caso de los seis restantes, deberá reponerse el procedimiento, a fin de que se dicte nueva sentencia con las pruebas que no se consideraron ilícitas.

Según el fallo, a los liberados se les violentaron sus garantías individuales durante la averiguación previa, toda vez que en la mayoría de los casos, tanto la integración del cuerpo del delito y la de la responsabilidad penal probada, se basaron en la valoración de pruebas obtenidas en forma ilícita.

Los 20 eran acusados de homicidio y lesiones calificadas, portación de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea.

La noche del miércoles, los siete abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) –que asumieron la defensa de los 20 indígenas–, como si fueran a un funeral, llegaron al aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez todos vestidos con traje y corbata negros. Ahí, rentaron un automóvil en el que recorrieron 145 kilómetros hasta el penal de El Amate. Poco antes de la medianoche, desesperados, exigían la liberación de los 20 indígenas amparados por la SCJN. El tiempo pasó.

Poco antes de las cuatro de la mañana los 20 indígenas salieron a bordo de un camión que los trasladó hasta la capital del estado.

Como si fueran un “botín” los indígenas eran reclamados por dos grupos, por un lado los abogados del CIDE, encabezados por Javier Angulo, y por el otro, Juana Palomares, una activista que insistía en llevar a los presos a un hotel en el municipio de Berriozabal, ubicado a unos 10 kilómetros de la capital del estado.

Juana Palomares había concertado ya una reunión con el secretario de Gobernación, Noé Castañón León, en la que, supuestamente, en nombre del gobernador les entregaría su boleta de libertad.

Los abogados del CIDE, reclamaban que los indígenas eran libres e inocentes y podían ir a donde les complaciera.

Se vivieron horas de incertidumbre, sobre todos cuando Tomás Sánchez, un funcionario de la Contraloría Social del gobierno del estado, salió para decir que los reos no regresarían a sus comunidades de origen para evitar conflictos con sus antagonistas.

Esta declaración dejó estupefactos a los indígenas liberados. La propuesta del gobierno, dijo el funcionario, es reubicarlos a otros municipios de Chiapas, comprarles tierras o emplearlos en algunas actividades donde puedan convivir con sus familias.

Muchos de los reos se mostraron reacios a aceptar la propuesta. Los abogados del CIDE pedían al funcionario que esta oferta fuera voluntaria, por lo que el indígena que deseara regresar a su comunidad así lo hiciera y el gobierno garantizara la seguridad en la zona.

Toda la mañana y la tarde del jueves los indígenas, los abogados del CIDE y la activista Juana palomares, así como su esposo Manuel Anzaldo Meneses, negociaron con Castañón León, sobre la viabilidad de regresar a Chenalhó o reubicar a los indígenas liberados.

Después de más de seis horas, los 20 hombres que esperaban regresar a su comunidad aceptaron la propuesta contra su voluntad, pues el gobierno les ofreció el apoyo de todos los programas gubernamentales para que salgan adelante con sus esposas e hijos.

Castañón explicó que el gobierno les hizo esta propuesta para evitar situaciones de conflicto en el municipio de Chenalhó, como provocaciones y enfrentamientos.

Trece de los indígenas aceptaron la asesoría de Palomares y Anzaldo, los siete restantes, a los abogados del CIDE. Entre los siete se encuentran Tomás Pérez Méndez, quien era el líder del PRI en el municipio de Chenalhó y quien más enterado estaba de los detalles para masacrar a los 45 indígenas del grupo civil Las Abejas aquella mañana del 22 de diciembre de 1997.

Los indígenas divididos ahora en dos grupos serán hospedados, 13 en un hotel de Berriozabal y siete en un hotel de la capital del estado, en espera, todos, de que se haga efectiva la propuesta del gobierno estatal.

Se dijo que al menos cinco indígenas desesperados, habían pretendido escapar del grupo e irse por su propia cuenta a su comunidad de origen ante la desesperación de ver a sus familiares, pero fueron convencidos de no hacerlo.

MIGUEL CABILDO S.
MÉXICO D.F., 13 de agosto (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) dio parte a la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la orden de aprehensión girada por un juez federal en contra del diputado electo, Julio César Godoy Toscano, para que le impida rendir protesta como legislador federal y le prohíba la entrada al recinto parlamentario.

En un comunicado, la dependencia dirigida por Eduardo Medina Mora indica que dicha notificación fue turnada a la Cámara baja el pasado martes 11, debido a que, recordó, el medio hermano del gobernador de Michoacán es prófugo de la justicia.

Y es que PGR acusa a Godoy Toscano de los presuntos delitos de delincuencia organizada y contra la salud, así como de estar vinculado a La Familia michoacana.

En julio pasado, durante la reunión del Consejo nacional del PRD efectuada en Morelia, el indiciado negó dichas imputaciones, se declaró inocente y prometió entregarse a la justicia, siempre y cuando le garanticen un juicio justo.

Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó como diputado federal electo a Godoy Toscano.

Los magistrados concluyeron que nadie notificó o impugnó la inelegibilidad del medio hermano del actual gobernador de Michoacán.

En respuesta, el Ministerio Público Federal pidió a la Secretaría General de la Cámara de Diputados integre al expediente de la sesión constitutiva de la Cámara el escrito de suspensión de derechos políticos de Godoy Toscano.

Así mismo, solicitó a la próxima Legislatura que el Presidente de la Mesa de Decanos no tome la protesta de ley a Godoy Toscano al encontrarse suspendido en el ejercicio de sus prerrogativas políticas.

Cabe señalar que la PGR integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/206/2009 radicada bajo la causa penal 3/2009, en la cual el 18 de junio de 2009, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tepic, Nayarit, decretó la orden de aprehensión contra Julio César Godoy Toscano y otros por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos antes referidos.