Ciudad Victoria, Tamaulipas.-A través de un acuerdo a los 43 Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas ara que, a través de sus Direcciones de Tránsito y Vialidad, revisen sus reglamentos municipales en materia de tránsito, transparenten los tabuladores de tarifas de servicios de grúas y depósitos vehiculares, garanticen procedimientos administrativos claros y fundados para la retención de vehículos, y fortalezcan la supervisión de concesionarios o prestadores de servicios de arrastre vehicular, puntualizó la diputada local de Matamoros, Elvia Eguía Castillo.
Con el objetivo de garantizar legalidad, transparencia y seguridad jurídica en procedimientos de tránsito municipal relacionados con transporte de carga, arrastre vehicular y corralones.
Expresó que uno de los objetivos estratégicos del presente Punto de Acuerdo es construir un expediente técnico que permita evaluar la necesidad de fortalecer el marco normativo estatal. La información que remitan los ayuntamientos permitirá identificar:
Vacíos regulatorios; Diferencias normativas; Necesidades de armonización legislativa, y Areas de mejora institucional.
Cabe señalar, que se podrá analizar la viabilidad de impulsar reformas a la legislación estatal en materia de tránsito, particularmente en lo relativo a la regulación del servicio de grúas, límites a tarifas, protección al usuario y mejora en los procedimientos administrativos.
Dentro del contexto, el sector transportista enfrenta múltiples desafíos operativos, entre ellos costos logísticos crecientes, competencia internacional, regulaciones diversas entre estados y municipios y riesgos operativos en carretera, por mencionar algunos.
«Es responsabilidad del Estado garantizar que las regulaciones administrativas conviertan obstáculos desproporcionados para su funcionamiento.
La defensa institucional del sector transportista implica garantizar reglas claras, evitar prácticas discrecionales, promover transparencia administrativa y establecer mecanismos de supervisión», dijo.
Explicó que la regulación del tránsito no es únicamente un tema de movilidad urbana; también es un componente relevante del entorno económico de una entidad federativa. Cuando existen reglas claras se facilita el comercio, se fortalece la inversión, se mejora la competitividad regional, y se genera confianza institucional.
Y es que en distintos municipios del Estado se han documentado inquietudes legítimas por parte de transportistas, operadores logísticos y ciudadanos respecto de prácticas administrativas que podrían resultar desproporcionadas o discrecionales en materia de: Remolque de unidades de carga; Uso de grúas concesionadas; Cobros por concepto de arrastre y resguardo en depósitos vehiculares, y Procedimientos de retención administrativa de vehículos.
Dejó en claro, que la relevancia de esta dinámica económica obliga a que las autoridades públicas mantengan un sistema de regulación del tránsito predecible, transparente, competitivo y coordinado institucionalmente.
Aclaró que esas situaciones, más allá de analizarse como casos aislados, obligan al Congreso del Estado a ejercer una de sus facultades constitucionales más relevantes: la de llamar respetuosamente a la coordinación institucional y a la revisión de prácticas administrativas cuando éstas pudieran generar afectaciones a la ciudadanía o a sectores productivos.
Señaló la legisladora local que en distintas entidades federativas del país se ha observado que uno de los principales focos de inconformidad ciudadana dentro del sistema de tránsito se encuentra en los procedimientos relacionados con:
Arrastre de vehículos mediante grúas; Custodia en depósitos vehiculares; Cobros asociados a dichos servicios, y Falta de criterios uniformes en su aplicación.
Este fenómeno no es exclusivo de un municipio en particular; por el contrario, constituye un reto institucional presente en diversos Estados del país, donde la falta de regulación clara ha generado conflictos entre autoridades, concesionarios de grúas y usuarios.
«La regulación del tránsito no es únicamente un tema de movilidad urbana; también es un componente relevante del entorno económico de una entidad federativa. Cuando existen reglas claras se facilita el comercio, se fortalece la inversión, se mejora la competitividad regional, y se genera confianza institucional.
Y por el contrario, cuando existen incertidumbres administrativas, se incrementan los costos operativos para el sector productivo. En estados con actividad logística intensa, esto puede tener repercusiones directas en la economía.
En ese entendido, el transporte de carga constituye uno de los sectores estratégicos más importantes para la economía nacional y regional. Miles de familias dependen directa o indirectamente de esta actividad económica», sentenció.
