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En México son brutales las dificultades que enfrentan las personas de sectores económicamente desfavorecidos y socioculturalmente marginados para acceder a la justicia. Dicho acceso está obstaculizado tanto por sus carencias socioeconómicas como por un funcionamiento inadecuado de las instancias que se ocupan de la materia. Para compensar el deterioro o la debilidad de esas instituciones, la ciudadanía recurre cada vez más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la última esperanza. Esto lo muestra elocuentemente el caso de la guardería ABC, y resulta alentadora la votación de los ocho ministros que aceptaron investigarlo.
Pero, más allá del beneplácito que ha provocado la decisión de investigar lo ocurrido en Hermosillo, habría que reflexionar sobre el efecto que puede tener la judicialización de los conflictos sociales. Hay quienes consideran que tiene un efecto vigorizador sobre una lánguida esfera pública, mientras que otras personas piensan que es un error usar las vías judiciales para exigir derechos. Independientemente de lo que se considere al respecto, los reclamos provenientes de los desfavorecidos por la justicia y de la fragilidad de nuestro aparato judicial hacen muy factible que nuestra Corte tenga que tratar asuntos sociales graves. Sí, probablemente la judicialización de problemas sociales se va a convertir en una práctica muy recurrente y, seguramente, distintos grupos sociales acudirán a la SCJN, saltándose las instancias previas del Poder Judicial a las que les correspondería acudir antes. Esto va a hacer que el papel de la Suprema Corte sea cada día más relevante, y también más complicado.
Las personas investidas con el cargo de ministro o ministra de esa instancia tienen una tremenda responsabilidad, y por eso es tan crucial su proceso de selección. Aproximadamente en tres meses dos ministros de la SCJN terminan su período y dos nuevos/as deberán ser elegidos/as. Acabamos de presenciar lo ocurrido en Estados Unidos con Sonia Sotomayor. Poseedora de una espectacular trayectoria jurídica, Sotomayor hubo de presentarse ante el comité judicial del Senado para definir con precisión dudas en torno a su postura. Lo hizo con inteligencia, prudencia y aplomo, y consiguió que nueve senadores republicanos la respaldaran, además de todo el bloque demócrata. Las audiencias de su “examen” fueron transmitidas públicamente y la ciudadanía se formó también una opinión.
¿Cómo se dará en México el proceso de selección de los nuevos ministros o ministras? ¿Habrá comparecencias públicas, como en el caso de Sotomayor? Los dos ministros salientes representan, cada uno, una tendencia distinta. ¿Se buscará un equilibrio entre personas conservadoras y liberales? ¿Hasta dónde serán escuchadas las propuestas y las objeciones de los distintos sectores de la sociedad? ¿Quiénes valorarán los méritos de la formación jurídica de los candidatos, y cómo deben hacerlo? ¿Cómo se toma, finalmente, la decisión?
Si bien es relevante la postura liberal o conservadora de cada candidato o candidata (hoy se acepta que no hay “neutralidad” de los jueces), también la formación teórica resulta un elemento fundamental. Dada la situación en nuestro país, donde muchos conflictos sociales van a seguir buscando su resolución en la Suprema Corte, necesitamos personas no sólo duchas en alguna especialidad jurídica (amparo, fiscal, penal, etcétera) sino también con sensibilidad social y expertise en la tarea de la interpretación judicial.
En los últimos años se ha dado una puesta al día en el manejo de técnicas de interpretación y aplicación del derecho frente a casos socialmente conflictivos. Necesitamos que los próximos ministros o ministras no sólo sean personas ilustradas, sino que estén abiertas a conocer las nuevas facetas de la teoría interpretativa, y que estén interesadas y familiarizadas con los grandes debates jurídicos internacionales del momento.
Y así como la SCJN debe subir sus estándares para desempeñar el papel fundamental que le toca jugar en una sociedad que tiene muchas razones para sentirse agraviada por la pésima impartición de justicia existente, también la ciudadanía necesita hacer un esfuerzo y mejorar su comprensión sobre el papel de la Corte. Sí, en México hay que impulsar un círculo “virtuoso”: mejorar la oferta de justicia por parte del Estado y facilitar una “alfabetización jurídica” de la ciudadanía. Así como resulta imprescindible sanear y perfeccionar la prestación de servicios jurídicos (especialmente eliminar los altos costos requeridos para tener buenos abogados en los procesos judiciales), también es necesario que la ciudadanía esté mejor informada y sepa a quién recurrir.
Por lo pronto, valdría la pena iniciar un debate público sobre la próxima renovación de esos dos cargos en la SCJN. Es inaceptable que decisiones de semejante calibre se cocinen en lo oscurito y resulten inaccesibles para la ciudadanía. ¿Cuál debe ser el criterio de selección, quiénes son los candidatos, cómo se evalúa su trayectoria y su formación? La ausencia de transparencia en procesos con gran impacto público, como la selección de los próximos ministros o ministras, es antidemocrática y no favorece a nadie.
