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Hugo Eric Flores Cervantes me envió un recado a propósito del Interés Público de la semana pasada, que contenía amplia información sobre su activismo político y judicial en torno de decenas de personas aprehendidas en diciembre de 1997 por su presunta participación en el monstruoso crimen de Acteal, ocurrido el 22 de ese mes y año. No refuta mis afirmaciones, pero lamenta que tome como fuente periodística a Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión de La Jornada. Me envía, en consecuencia y como una suerte de desmentido indirecto a mi columna, una extensa carta que no ha aparecido en ese diario y en que niega y refuta las posiciones del responsable editorial de ese periódico. Me pide que nos entrevistemos para comentar lo que escribí en esta revista. Lo buscaré para hablar del tema, y le adelanto algunas de mis interrogantes, dudas y certezas sobre el tema.
No me cabe duda, por ejemplo, que la intervención de la Suprema Corte en la revisión de los juicios de amparo en que los quejosos son los presos por la matanza de Acteal ha tenido una motivación política; es decir que no sólo obró en la decisión del máximo tribunal el mérito jurídico de los casos, sino que su participación fue resuelta por algún impulso exterior. Ignoro cuál sea, pero en las varias modalidades imaginables bien puede estar presente Flores Cervantes. Él ha construido el caso judicial y políticamente, y movió algunos de los resortes que lo condujeron al punto en que hoy está (y en el cual vemos el trato deferente que el gobierno estatal ha dispensado a los veinte liberados del jueves 13. Han pasado unos muy activos días de vacaciones, en fuerte contraste con su cautiverio, que se aproximó a los doce años de duración. Ignoro si el gobierno de Juan Sabines practica esa forma de festejar la excarcelación con todos los presos que salen de los penales del estado. Supongo que no. Y me pregunto si son los intereses priistas del gobernador Juan Sabines (que se conduce como si ese partido, que lo hizo diputado local y alcalde de Tuxtla Gutiérrez, no hubiera dejado de ser el suyo) los que permiten o fuerzan esa liberal actitud del gobierno del estado, que sostiene económicamente a los liberados mientras les procura un lugar para vivir y otro para trabajar.
Pero volvamos a Flores Cervantes. Cuando lo vea le preguntaré por las razones que lo llevaron al CIDE. Hasta donde puedo saber, no ha hecho una carrera académica y sin embargo es profesor invitado de la División de Ciencias Jurídicas, dirigida por Alejandro Posadas, que como Flores Cervantes fue funcionario de la Semarnat. Quiero saber qué causó qué: si la decisión de esa institución académica de encargarse del caso de Acteal la movió a contratar a Flores Cervantes; o si trabajando ya en el seno de la división aprovechó esa circunstancia para activar un tema que le preocupa insistentemente, que es la libertad de los procesados por el homicidio multirrepetido.
Flores Cervantes niega que la Presidencia de la República haya intervenido en la última fase de este proceso, como se desprendería del compromiso político explícito establecido entre Encuentro Social, la agrupación política nacional que fundó, y el ahora titular del Ejecutivo y su partido. Pactaron que el asunto se revisaría y no es exagerado suponer que esa fue la causa de tal efecto. Pero el profesor visitante del CIDE lo niega. Ese compromiso “nunca se cumplió”. Pero otros derivados de aquel acuerdo sí tuvieron efecto. Él fue nombrado oficial mayor de la Secretaría del Medio Ambiente (¿desde donde promovió la misión de Posadas en Washington, previa a su designación al frente del área de estudios jurídicos del CIDE, donde trabajan para una misma institución una vez más?), cargo del cual causó baja. Él asegura no haber sido destituido sino “obligado a dejar el cargo por oponerme a un secretario mentiroso y corrupto”. (Será interesante conocer la reacción del así señalado, Rafael Elvira Quezada, ante tales cargos). Añade que en su contra “se inventaron diversos procedimientos administrativos, los cuales han sido ganados ante las instancias correspondientes, quedando todavía un asunto pendiente de resolución”. Supongo que se trata de la inhabilitación hasta por veintidós años dictada por la Secretaría de la Función Pública, y cuyo expediente no se puede conocer por estar reservado durante tres años, mientras concluye la impugnación del afectado.
No obstante su rompimiento con Calderón y el PAN, al que ha seguido la firma de otro pacto electoral, ahora con el PRI, Flores Cervantes sigue figurando como suplente de la senadora María Teresa Ortuño, lo que acaso revela el aprovechamiento de diversas circunstancias políticas en torno a su propósito central de liberar a los injustamente presos. Después de los primeros veinte iba la primera sala de la Corte a abordar otros casos, lo que no ocurrió tan desde luego como dejó creer ese tribunal. ¿La ruptura plena con el PAN esperaría a que todos los quejosos sean atendidos?
Escucharé lo que Flores Cervantes tenga que decir y por mi parte hará precisiones, que no caerán en la categoría de explicaciones no pedidas. He procurado no poner el acento en la convicción religiosa de mi futuro interlocutor. Me parece que, aunque su actividad política sea movida por intereses concernientes a su fe, ella pertenece a su fuero interno. Increpar a alguien por su credo es abrir la ventana a los demonios de la intolerancia. Y algo semejante digo respecto de no confundir a personas con instituciones. De ningún modo atribuyo al CIDE los propósitos que creo encontrar en Flores Cervantes. Cuando más supondría que los funcionarios que adoptaron como suyo este caso no percibieron sus dimensiones y/o se dejaron ganar por el carácter ejemplar del asunto, que en efecto ilustra la torpeza, venalidad o dolo que tan a menudo están presentes en procesos penales donde las víctimas son indígenas.
